La Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazó el proceso establecido por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para seleccionar al presidente o presidenta del centro docente.
La APPU se opone al proceso de nombrar a una persona que desconozca o ignore la cultura administrativa, académica y la idiosincrasia del sistema universitario, indicaron en un comunicado de prensa.
El pasado 5 de abril, el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno de la UPR recomendó de forma unánime a siete candidatos –Alexandra Medina Borja, Keith Terrence Miller, Arturo Avilés González, Jorge Haddock Acevedo, Carlos A. Colón de Armas, José M. Wiley Ramos y Anny Morrobel Sosa– como semifinalistas para el cargo.
“Traer una persona extraña a la universidad es parte del proyecto de desmantelar el sistema de la UPR. Muy contrario a las razones expuestas de conseguir el ‘mejor talento’ para dirigir la institución”, expresó Lidia Orta Anés, miembro de la APPU.
Según Orta Anés, la persona que ocupe la silla presidencial de la UPR debe conocer a fondo y honrar la misión, filosofía y política pública de la institución y su función en el desarrollo económico y social de la sociedad puertorriqueña.
Además, debe profesar valores democráticos que vayan en sintonía con la democracia participativa a la que aspira la comunidad universitaria y el pueblo en general. También debe comprender, defender y contribuir a fortalecer la universidad que por décadas han construido los universitarios.
Para la profesora Orta Anés, se desconoce si los candidatos cumplen con estas cualidades “dado que las razones para reiniciar el proceso de consulta” aparentan tener el objetivo de que sea alguien externo a la comunidad universitaria.
Orta Anés explicó que el proceso de selección y entrevistas de estos candidatos se dio a espaldas de una participación real de la comunidad universitaria. Además, secuestraron los procesos de entrevistas y vistas públicas de los Senados Académicos limitando su participación a la evaluación de los curriculum vitae de estos candidatos.
Asimismo, expuso que la intención de trastocar el sistema de retiro o el cierre de unidades de la UPR se hará más fácil si el candidato que sea presidente es una persona que no sienta suyo el proyecto universitario de mayor importancia para el país. Los candidatos a la presidencia, locales o extranjeros, no presentan preocupación por el futuro de la UPR.
Por otro lado, la junta de la APPU alertó sobre un posible aumento al salario de quien sea seleccionado al puesto de presidente.
Según la APPU, se está discutiendo que el salario de $120,000 anuales no es competitivo para el presidente de la UPR.
Por esto, la asociación de profesores también rechaza cualquier intento de adjudicar un salario similar al que ostentan funcionarios de esta administración gubernamental como la secretaria de Educación, Julia Keleher –$250,000– o Walter M. Higgins III –$450,000–, principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica.
El 26 de enero, la Junta de Gobierno de la UPR enmendó el calendario del proceso de selección de un presidente o presidenta en propiedad para la institución. De este modo, el Comité Especial de Búsqueda y Consulta extendió la fecha para enviar solicitudes hasta el 30 de marzo.
Del 9 al 30 de abril los Senados Académicos de cada unidad de la UPR evaluaron a los candidatos; el 1 de mayo sometieron sus informes a la Junta de Gobierno; y el 30 mayo el comité rendirá un informe ante el ente rector.
La UPR no cuenta con un presidente en propiedad desde que la Junta de Gobierno destituyera a Uroyoán Walker el 7 de julio del 2016 en medio del escándalo por el otorgamiento de becas presidenciales.
