La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), recomendó al Gobierno de Puerto Rico un cierre total de todas las actividades públicas como medida salubrista para atajar el repunte desmedido de contagios por el coronavirus que se ha dado en Puerto Rico en las últimas semanas.
“En Puerto Rico llevamos más de un mes con un incremento constante en el número de contagios de COVID-19, hospitalizaciones y, más triste aún, muertes por causa del COVID- 19. Es momento de poner la salud de todas las personas que residimos en el archipiélago puertorriqueño por delante de cualquier otra consideración económica y política. La situación no aguanta paños tibios. Necesitamos soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias. La situación de esta pandemia cumple con todos los elementos de lo que es una situación extraordinaria”, señaló Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, en comunicado de prensa.
Sostuvo que un cierre total no puede ser uno ausente de análisis sosegado y basado en los adelantos científicos. “Toda la evidencia científica publicada en revistas profesionales, así como las consultas que hemos hecho expertas en este asunto nos dicen que 14 a 21 días son el período vida de contagio y resolución del virus. Un cierre por ese período nos permite, como país, detener los contagios. Pero eso no es suficiente. El cierre solo resuelve una parte del problema. El mismo tiene que estar acompañado de la realización masiva de pruebas, protocolos de rastreo y campañas de educación a la población. Más importante aún, el proceso tiene que estar amarrado a que el Gobierno de Puerto Rico le preste atención y obligue a los patronos a cumplir con los protocolos que se establezcan para salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, añadió Rodríguez.
Explicó que el cierre propuesto por la APPU exige la participación activa y responsable del Gobierno de Puerto Rico en la protección de las condiciones de vida de los sectores empobrecidos de la isla.
“Este cierre tiene que estar enmarcado en un contexto de velar por los mejores intereses de los puertorriqueños y puertorrqiueñas en todos sus niveles. No es solamente el asunto de la inmediatez salubrista. Cerrar el país implica que el Gobierno tiene que tomar acciones afirmativas para que la pobreza no se siga agudizando a causa de la pandemia. Exigimos que el Gobierno de Wanda Vázquez use dinero separado para pagar a los bonitas para asegurar que ningún puertorriqueño tenga que pasar necesidades económicas por culpa de la pandemia y de las medidas necesarias para atajar este problema. El Gobierno tiene que asegurarse de que ningún puertorriqueña tenga que decidir entre pasar hambre o mantenerse saludable. Esa es una decisión imposible de tomar y violenta los más elementales derechos humanos de cualquier población”, destacó Rodríguez.
Finalmente, el líder sindical planteó que un cierre total no se debe confundir con toque de queda.
“La salud pública, ni ningún otro elemento, deben usarse como excusa para la eliminación permanente o temporera de derechos democráticos de cualquier población. Toques de queda implican la ausencia de derechos democráticos. Llevamos ocho meses en esta situación. Debemos dar paso a otras alternativas. Confiemos en los puertorriqueños. La desconfianza, represión y los ejercicios de culpar a la población han sido infructuosos. El Gobierno tiene que hacer algo distinto. Estamos en la disposición de participar en el proceso”, puntualizó Rodríguez.
