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Según el autor de la medida, el senador Ramón Luis Nieves Pérez, el gobierno podrá reforzar su rol de regulador. (Diálogo/Archivo)
Con una votación de 37-5, la Cámara de Representantes aprobó esta semana el Proyecto del Senado (P.S.) 1370, que regula la incursión de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de las telecomunicaciones en Puerto Rico.
El P.S.1370, aprobado en el Senado hace un año con 18 votos a favor y cinco en contra, crearía la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico.
Esta nueva reglamentación, según aprobada en la sesión del martes, 31 de mayo, en la Cámara, permitirá que las entidades públicas continúen brindando servicios a clientes al por mayor, como lo es el arrendamiento de fibra óptica a proveedores privados (“carrier to carrier”), y, en caso de ser al detal, como son los servicios a residencias, deberá ser bajo las mismas condiciones que las compañías privadas.
La nueva Ley surge a partir del interés de PREPA Networks, subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como Zum, subsidiaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y On Net Fiber Powered Networks (On Net), subsidiaria de PREPA Networks, de formar parte del mercado de las telecomunicaciones al detal.
Lejos de ser un detente para PREPA Net, esta Ley fomentaría la competencia en las telecomunicaciones, acto provechoso para el bolsillo del consumidor, según expresó a Diálogo el autor de la medida, el senador Ramón Luis Nieves Pérez.
“Hay un mercado de competencia, pero si le metes a ese mercado un jugador como es PREPA Net y como pretende serlo, causará que el crecimiento al detal sea a costa de empleos ya existentes. También puede tener un efecto en la inversión de infraestructura en Puerto Rico”, afirmó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), quien también es presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado.
Para el senador por San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, la aprobación de esta medida era necesaria para reforzar el rol del gobierno como regulador en la actividad económica y las inversiones privadas.
“O sea, nosotros le estamos diciendo a la gente ‘monta tu propia empresa, queremos inversión privada’, y por otro lado estamos creando compañías como PREPA Net para intervenir y distorsionar un mercado con todas esas ventajas que tienen, empezando por no pagar contribuciones”, aseguró Nieves Pérez.
Precisamente el hecho de que las corporaciones públicas y sus subsidiarias no pagan contribuciones es una de las preocupaciones principales de los proveedores privados. De la misma manera, de acuerdo a la medida, incomoda la posibilidad de que las subsidiarias utilicen la infraestructura de su compañía matriz a un bajísimo costo o gratis. También, a los proveedores les alarma que la corporación principal subvencione de forma directa o indirecta las operaciones del secundario mediante subsidios cruzados.
Bajo esta Ley, las compañías de las telecomunicaciones también tendrán a su disposición “sobre una base justa, razonable y no-discriminatoria el uso de propiedad, derechos de paso, postes, conductos y ductos y servidumbres bajo el control de las entidades gubernamentales”, según explica el proyecto.
Para velar su cumplimiento, la Ley designa a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRT) como fiscal primario y exclusivo. Esto se dará bajo una enmienda a la Ley 213-1996, específicamente en el Artículo 9 del Capítulo III, que incluye la nueva medida.
Este medio intentó comunicarse con los representantes Carlos Bianchi Angleró y Luisa Gándara Menéndez, quienes votaron en contra de la medida en la Cámara, pero sus oficiales de prensa informaron que no estaban disponibles.
Tras su radicación el 5 de enero de 2015, el proyecto fue discutido en la Cámara de Representantes en noviembre de ese mismo año. Luego, en febrero de 2016, se realizaron tres vistas públicas en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones.
Los coautores de la medida son los senadores Ramón Ruiz Nieves (PPD), Larry Seilhamer Rodríguez, Migdalia Padilla Alvelo y Carmelo Ríos Santiago, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Esta situación remite a la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) en la década de 1990, cuando se encontraba en las manos del gobierno, a la vez que se fundó la JRT. En ese tiempo, el gobierno fungía como competidor y fiscalizador en y de las telecomunicaciones. Luego, con la privatización de la PRTC y los avances tecnológicos que exigía el mercado, surgieron varias compañías privadas que proveían estos servicios anclados en la libre competencia.
¿De dónde surgen estas proveedoras gubernamentales?
Como se indicó anteriormente, tres corporaciones gubernamentales interesan, por el momento, ofrecer servicios de Internet a individuos. Pareciera como si estas compañías surgieron de la nada, pero lo cierto es que llevan años en el mercado.
PREPA Net comenzó a proveer servicios al por mayor en el 2004. Cuatro años más tarde, expandieron sus ofrecimientos a nivel internacional tras adquirir Telecomunicaciones Ultramarinas de Puerto Rico (Ultracom) por una suma de dinero desconocida. Ultracom, formada en el 1992 por el gobierno, estaba encargada del manejo de las comunicaciones submarinas y satelitales conectadas a Puerto Rico.
Como subsidiaria de la AEE, PREPA Networks creó otra subsidiaria llamada On Net.
Aunque es una subsidiaria de la AEE, en el 2013 PREPA Net fundó una segunda subsidiaria, la Consolidated Telecom of Puerto Rico, LLC, conocida en el mercado como On Net.
On Net ya ofrece servicios al detal. Uno de ellos es un contrato con el Departamento de Justicia de Puerto Rico por la suma de $277.8 millones, información expuesta en las vistas públicas del P.S.1370. El contrato, que vence próximamente en este mes de junio, consiste de un servicio de comunicaciones y data del Sistema de Información de Justicia Criminal, el Registro de Propiedad y las Fiscalías de Distrito.
Otro contrato de On Net fue otorgado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y es por cinco años a fines de cumplir con las estipulaciones de la Ley 151-2004, conocida como la Ley de Gobierno Electrónico. Sin embargo, la nueva Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico afectaría este acuerdo.
Según la ponencia de la OGP en las vistas públicas realizadas en febrero, “el contrato de On Net nos economiza los gastos de mantenimiento y costos de construcción y configuraciones que se incurrirían si el contrato fuera con las compañías privadas”.
Como ejemplo, indicaron que la contratación de una compañía privada costaría alrededor de $29.7 millones por los circuitos, y poco más de $2 millones por el equipo y las herramientas. En total, gastarían más de $30 millones, en comparación con los $4.6 millones que gastarían con On Net.
Esto levantó varios cuestionamientos por parte del sector privado, pues entienden que la competencia con estas subsidiarias no se da de forma justa. No obstante, en las vistas públicas PREPA Net aseguró que su presencia en el mercado no ha distorsionado el mercado de las telecomunicaciones. Esta industria, afirmó, es una saludable.
“Este proyecto de ley lo que intenta es proteger un mercado que no amerita protección, pues la distorsión no existe ni tiene indicios correctos de existir ni a corto ni mediano plazo”, declaró la OGP en las vistas.
Para fundar su argumento, la compañía presentó un artículo del periódico El Nuevo Día, del domingo 7 de febrero de 2016, titulado “Imparable la Industria de Telecomunicaciones”, en donde el presidente de la JRT, Javier Rúa Jovet, describe un crecimiento en el uso y presencia de banda ancha en la isla.
También, citó un estudio de la firma Pyramid Research en donde se afirma que el control mayoritario de esta industria (un 80%) se encuentra entre tres empresas internacionales. Mientras, un 16% está controlado por operadores de servicio de televisión por satélite y compañías de telefonía móvil, y el restante 4% le corresponde a empresas locales.
La AAA, por su parte, busca incursionar en el mercado de las telecomunicaciones mediante su subsidiaria Zum con un proyecto de despliegue de fibra óptica a través de los conductos de alcantarillado. La inversión inicial, según anunciado en el 2014 por Alberto Lázaro, presidente de la AAA, sería en aquel momento de $17 millones.
De esta manera, según plantearon en las vistas públicas, con Zum cumplen con el Plan Isla Gigabit 2015, creado por el Comité de Banda Ancha de Puerto Rico.
Este plan fue inspirado en el Plan Nacional de Banda Ancha en el 2010 de los Estados Unidos, ordenado por la Federal Communications Commission (FCC) para garantizar a los ciudadanos el acceso al servicio de banda ancha de Internet y expandir su cobertura.
La gran alianza
Como resultado directo de los intereses de las agencias gubernamentales, varias compañías privadas aunaron esfuerzos para crear la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) y apoyar el PS1370 en el Capitolio.
Entre los integrantes de la APT, se encuentran: Neptuno Networks, Optivon Inc., Claro Puerto Rico, LibertyPR, WorldNet Telecommunications Inc., Open Mobile PR, Columbus, Data Access, CP Net y Aeronet.
En las vistas públicas, la APT aseguró que la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico ha sido la de mayor crecimiento en los últimos diez años. En parte porque generan más de nueve mil empleos directos e inyectan sobre $4 billones en la economía local. Igualmente, según indicaron, sus empleados gozan de casi el doble del salario de los empleados públicos o privados en otros mercados.
Una industria imperfecta
Según la medida, entre el 2006 y el 2013, las empresas que integran la industria invirtieron un promedio anual de $498 millones. No obstante, las quejas de los clientes a través de las redes sociales podrían hacernos pensar que estos servicios están estancados.
Varias compañías que apoyaron el PS1370 han recibido quejas de clientes por las averías y la lentitud del servicio en contraste con las ofertas de altas velocidades, entre otros.
“Aquí lo que tenemos en ‘issue’ es el mantenimiento de la planta externa y estamos viviendo de una planta externa que va en postes de Energía Eléctrica que no están bien mantenidos, en carreteras que no están bien mantenidas y que a cada rato meten palas para arreglar los ductos sin importar lo que haya en el medio. Van a haber averías pero es por la infraestructura de Puerto Rico”, afirmó Carlo Marazzi, presidente de Critical Hub Networks.
En Puerto Rico, los proveedores de Internet generalmente se dividen en dos: “mobile wireless”, visto en telefonía como AT&T y Sprint, y “fixed wireless”, mediante antenas que no se mueven. Según Marazzi, las interferencias en el servicio ocurren principalmente porque las frecuencias públicas, ya sean fijas o móvil, están sobrecargadas.
“Más de un proveedor puede estar utilizando ese canal de transmisión a la misma vez, entonces eso daña el servicio de ambos proveedores y ambos clientes. Están usando el mismo vehículo para transmitir información. Eso también se ve afectado con el clima, la lluvia, etcétera”, añadió Marazzi.
El problema puede mejorarse con más inversión en el mercado, como lo han hecho desde el 1995, cuando solo se contaba con cobre y el cable coaxial de la PRTC. Sin embargo, Marazzi entiende que la situación económica del País parece impedirlo.
“Creo que muchas compañías se están aguantando en su inversión por los problemas económicos que hay en Puerto Rico y por la posibilidad de que el gobierno quiera entrar a competir… pero han llegado a su límite, creo, en sentido de que ya la tecnología no da a más. O sea, ya tu no puedes pasar más bits por cobre. Requeriría de esas compañías una gran inversión en Puerto Rico para poder poner fibra (óptica) hasta la casa”, explicó Marazzi.
Mediante Óptico Fiber, creada bajo Critical Hub, ofrece los servicios de fibra óptica de un gigabit directamente al hogar. Este negocio, que sigue el modelo de Google Fiber en Estados Unidos, es el único en Puerto Rico con estas características. Comenzó en la urbanización Ocean Park, en Carolina, y se ha expandido a San Juan, Bayamón y Guaynabo.
Sin embargo, en Estados Unidos la historia parece ser la misma. Los tres proveedores principales, Comcast, Time Warner Cable y Verizon utilizan los mismos cables coaxiales y de cobre desde hace años, según un artículo de Adam Clark. Reemplazarlos por cables de fibra óptica, como detalla un estudio del Departamento de Transportación de esa nación, saldría en una millonada. Es por eso que la presencia de Google Fiber los ha inclinado a invertir cada vez más en esta tecnología, con el fin de posicionarse por encima de la competencia.
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SOBRE EL AUTOR
Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
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