El Senado de Puerto Rico aprobó finalmente el proyecto del gobernador Luis Fortuño para viabilizar las Alianzas Público Privadas (APP), aunque en el mismo hemiciclo senatorial le sometieron más de una treintena de enmiendas. Una de las enmiendas, de última hora, permite que se entren en APP para la operación de sistemas educativos. Originalmente, sólo se contemplaba el modelo para la construcción de instituciones educativas. Según la enmienda, solamente cooperativas de trabajadores, corporaciones especiales propiedad de trabajadores y entidades sin fines de lucro pueden operar instituciones educativas bajo el modelo de las APP. La medida –que fue objeto de un intenso pulseo entre La Fortaleza y el Senado- se aprobó a viva voz con el voto en contra de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD). De hecho, el portavoz popular José Luis Dalmau calificó el proyecto como una medida para privatizar servicios esenciales de salud, seguridad y educación. El gobernador Luis Fortuño estuvo en el Capitolio antes de la sesión senatorial para discutir con el caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresistas (PNP) las enmiendas que le someterían al proyecto. “Lo que hicimos realmente es asegurarnos que el proyecto, si tuviera que ser interpretado en algún momento por el Tribunal, esté claro cuál era la intención legislativa”, dijo Fortuño a la prensa en la Casa de las Leyes. El proyecto permite establecer APP en renglones como la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de relleno sanitario, embalses y represas, plantas para la producción de energía, sistemas de transportación, instalaciones de salud, corrección y rehabilitación, proyectos de vivienda de interés social, instalaciones deportivas, recreativas y turísticas y redes de comunicación. Todo acuerdo de APP tendrá una duración de 50 años, pero pueden extenderse 25 años más, con el visto bueno de la Asamblea Legislativa. Con la medida, se crea la Autoridad para las Alianzas Público Privadas con una Junta de Directores integrada por el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el secretario de Hacienda, el presidente de la Junta de Planificación y dos miembros del interés público escogidos por el Gobernador entre los sugeridos por los presidentes legislativos. La Junta tendrá la potestad de aprobar las APP con una súper mayoría de cuatro votos. Para que se concrete una APP, los dos representantes del interés público siempre tendrán que dar su aval. Una enmienda presentada por el senador popular Antonio Fas Alzamora para que la Legislatura pasara juicio sobre las APP aprobadas fue derrotada por la mayoría legislativa. Bajo el modelo de las APP, los empleados públicos podrían ser transferidos a empresas privadas, y el nuevo patrono no tendría que honrar antigüedad, méritos o servicio acumulados por los empleados. Además, aunque los convenios colectivos quedarían vigentes, éstos pueden quedar sin efecto, si el Banco Gubernamental de Fomento certifica que la agencia contratante estaba en déficit al momento de la transacción o en cualquier año fiscal anterior. Ningún líder del sector sindical estuvo anoche presente en el Capitolio, según reseña la prensa escrita. Las APP pueden establecerse en la Rama Ejecutiva, la Judicial y los municipios. El senador popular Eder Ortiz advirtió que todas las universidades privadas en Puerto Rico son entidades sin fines de lucro, por lo que podrían operar instituciones educativas públicas. La pieza legislativa pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes donde ya se anticipó que habrá proceso de vistas públicas.
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