En la tarde de ayer, el Tribunal Federal aprobó un acuerdo de transacción mediante el cual se puso fin al reclamo presentado por los demandantes contra de la Policía de Puerto Rico y el Secretario de Justicia por violación de derechos civiles y derechos fundamentales constitucionales, según informó al país a través de un comuniado de prensa la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El Consejo General de Estudiantes de la UPR y la Federación Central de Trabajadores presentaron su reclamación el 12 de agosto del 2012 representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el bufete legal con base en Nueva York Kirkland & Ellis, exigiendo al gobierno de Puerto Rico entre otras cosas la adopción de políticas adecuadas y claras dirigidas a combatir el abuso policíaco en manifestaciones y otras actividades protegidas por la constitución.
Aprovechando la coyuntura de un acuerdo de reforma policial, los demandantes consintieron a dar por terminada su reclamación a cambio de que el Secretario de Justicia de Puerto Rico realizara una recomendación oficial al consejero técnico de la reforma de la Policía para que se reuniera específicamente con estas organizaciones en el proceso de realizar sus labores. El acuerdo para implantar la reforma policial impone al consejero técnico (TCA) la tarea oficial de monitorear la implantación de la reforma, por lo que este tiene la autoridad para reunirse con miembros y grupos de la comunidad para conocer su sentir sobre el proceso de reforma.
“La reunión que recomendará el Secretario de Justicia entre las organizaciones y el consejero técnico sin duda será uno de los primeros esfuerzos dirigidos a hacer realidad la profunda reforma que tanto necesita la Policía de Puerto Rico. Este acercamiento es importantísimo porque abre las puertas a que miembros de la comunidad participen en el proceso de implantación de la reforma al compartir información con el consejero técnico”, dijo William Ramírez Hernández, director ejecutivo de la ACLU de Puerto Rico. “No solamente nuestros clientes deben tener acceso al consejero técnico, sino además todas las organizaciones que quieran aportar en este proceso”, añadió Ramírez al resaltar que para el éxito de la reforma es necesario que la comunidad en general tenga acceso y sea escuchada por los funcionarios a cargo de la implantación.
La ACLU de Puerto Rico ha anunciado que tal y como ha hecho en el pasado seguirá monitoreando el comportamiento de la Policía de Puerto Rico y seguirá de cerca el proceso de la reforma. De acuerdo con la ACLU la aprobación de la reforma es un paso importante para lograr conseguir una policía respetuosa de los derechos fundamentales del pueblo, pero advierte que no es una solución automática. La reforma va requerir un esfuerzo y recursos enormes y su éxito dependerá en gran medida de la participación y monitoreo de miembros de la comunidad.
