La decana interina de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU) Vivian Vélez Vera rechazó tajantemente que ella hubiese violentado el reglamento universitario, como denunciaron recientemente dos miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) en un artículo publicado en Diálogo.
“Aquí no se ha violentado ninguna normativa”, aseguró la decana al presentar extensa documentación para rebatir las acusaciones en su contra con relación a las denuncias realizadas en el artículo de Diálogo.
Vélez, quien laboró anteriormente (del 2001 al 2009) como profesora del Departamento de Sistemas de Oficina de la UPRU, se mostró sorprendida con los señalamientos expresados por los profesores Javier Córdova y Marisol Dávila en el sentido de que ella estaba realizando un manejo impropio de secciones de algunos cursos, demostraba favoritismo político en las contrataciones del personal docente y se había opuesto a otorgarle un acomodo razonable a un profesor de esa institución.
Sobre este último caso indicó que no es cierto que ella se haya negado a conferirle un acomodo razonable a dicho docente (cuyo nombre nos reservamos para proteger su identidad por ser un caso en el que hay consideraciones de confidencialidad médica concernientes a la Ley Hippa).
“El profesor no tiene un acomodo certificado escrito y certificado hace más de tres años”, alegó.
La disputa surge porque el profesor alega que la renovación del acomodo es automática y la administración de UPRU indica que las solicitudes se evalúan semestralmente.
La decana presentó la certificación núm. 37-2013-2014, aprobada el 29 de septiembre de 2016 donde dice que los acomodos los evalúa y otorga un comité, quien determina el tiempo por el que dicho acomodo se otorga. Ese periodo no debe exceder de dos años.
Según Vélez y el director interino del Departamento de Ciencias Naturales, el profesor Jorge Torres Bauzá, bajo cuyo programa labora el profesor en disputa, los acomodos allí se otorgan semestralmente. Al cabo de este periodo la persona debe presentar evidencia médica y complementar una solicitud y pasar por el proceso de evaluación correspondiente.
Torres comentó que la reglamentación federal estipula que a menos que la persona certifique que su condición es permanente no tiene que pasar nada más por el proceso.
Según la decana Vélez, el profesor no había sometido la información requerida para la renovación del acomodo y tras varias veces de haberle notificado que debía hacerlo, lo sometió a destiempo cuando ya los estudiantes habían completado la prematrícula.
Señaló que dentro de esas circunstancias el profesor había declinado el acomodo razonable, pero tenía pendiente solucionar un asunto sobre una descarga académica para completar su horario de trabajo. Explicó que el profesor no tenía carga completa debido a la insuficiencia de estudiantes en la UPRU.
El acomodo ha quedado en espera de que el profesor complemente otros requisitos que le ha solicitado la Oficina de Recursos Humanos de la institución, según Vélez.
La decana denunció por otro lado, que ese docente tiene unas situaciones particulares sobre su estilo de enseñanza que ha provocado malestar en el estudiantado que aún están manejando. Mostró varias querellas de estudiantes al respecto.
Tanto Vélez como el profesor Jorge Torres, director interino del Departamento de Tecnología Agrícola alegaron que la cancelación de los cursos del Bachillerato de Agricultura Sustentable respondió a que no seguían una secuencia lógica y tenían muy pocos estudiantes. (Diálogo)
Con respecto a las denuncias del manejo de las secciones del Bachillerato de Agricultura Sustentable Vélez y Torres (quien también dirige interinamente el Departamento de Tecnología Agrícola bajo el cual opera dicho bachillerato), alegaron que los cursos cancelados no seguían una secuencia normal de estudios, no seguían un orden lógico.
Torres anotó que había exceso de cursos para pocos estudiantes y se tomó la decisión de cancelarlos.
“Las secciones tenían uno y dos estudiantes. Responsablemente yo no podía mantener cursos con uno y dos estudiantes”, secundó la decana.
En cuanto a las contrataciones Vélez fue enfática en que ella no interviene en estos casos. “Me parece increíble, me parece un poquito preocupante la situación de cuestiones políticas porque en mi caso yo no selecciono ni intervengo”, manifestó.
“Cuando a mí me llega un contrato es porque hay un comité que lo avala y si no hay un comité hay un director y si no hay un director hay un rector y la certificación provee para eso porque los comités son asesores”, sostuvo.
Aseguró que en estos momentos en la UPR en Utuado no hay personas nuevas trabajando por contrato como tampoco ha ido a laborar allí gente fuera del recinto.
“Uno de los puestos que ellos me critican es el de la decana asociada. Ella está en un puesto permanente no docente. Es exalumna de la UPR en Utuado y está terminando su doctorado en currículo y enseñanza”, dijo en alusión a Yahaira Torres Rivera.
¿No se supone que para ocupar ese puesto ella tenga un puesto de docente?, le preguntamos.
“La reglamentación indica que esos puestos sean docentes administrativos”, respondió Vélez.
Indicó que luego de que el exrector interino José Heredia, sugiriera que Torres Rivera fuera la decana asociada de Asuntos Académicos, el comité departamental de Pedagogía le autorizó a dar un curso en esa área. Vélez explicó que se supone que los docentes administrativos combinen las tareas de docencia y administración.
Aseguró que en dos ocasiones distintas, el 11 de agosto de 2017 y el 26 de febrero de 2018 el Comité de Personal Departamental Pedagogía y Ciencias Socialesla recomendó. Resaltó que en ese comité hay profesores de los que alegan que ella ha actuado en contra de la reglamentación.
Vélez mostró dos documentos con estas fechas en el que aparecen firmando cinco miembros del Comité de Personal Departamental de Pedagogía y Ciencias Sociales (los profesores Reinaldo Luis Saliva, Reniel Rodríguez, Wanda Cámara, Mariela Cordero y Virgilio Cuevas) recomendando favorablemente a Torres Rivera para ofrecer cursos allí durante ese semestre.
“La profesora Torres cuenta con las cualificaciones requeridas para ofrecer los cursos asignados”, afirman los firmantes en la misiva dirigida a Heredia por conducto de Vélez, bajo el encabezado: “Recomendación-Contrato de Servicios”.
Aclaró que aunque este semestre Torres prefirió no dar cursos debido a la animosidad que había contra ella en el departamento donde daría clases, “ella en este momento puede pasar como docente”.
Dijo que, además, se había consultado con la Oficina de Recursos Humanos de UPRU y ellos habían dado la autorización.
“Ella tiene todas las cualificaciones para ofrecer cursos como lo tuvo otro profesor que ofrecía cursos a tiempo parcial y lo colocaron en [el Departamento de] Sistemas de Oficina en el 2009 y también era no docente”, argumentó.
“Estoy sorprendida porque aquí no se ha violentado ninguna normativa”, reiteró. “Las personas pueden cubrir los puestos siempre y cuando tengan la preparación académica”, afirmó.
Vélez también mencionó los casos de los profesores Juan Rivera Ortiz, María Rodríguez, Yolanda Molina Serrano y José A. Quiñones Maldonado.
Explicó que Rivera quien es el enfermero de la institución y posee una maestría en enfermería pasó a dar clases de Salud y Educación Física ante la necesidad de docentes en esa área.
Dijo que en su caso vio bien contratarle como docente como una medida cautelar (porque al ser parte del personal de la UPRU no tiene que pagarle adicional), porque ya había dado cursos allí previamente y porque el Comité de Personal de la Facultad lo había recomendado y autorizado por muchos años.
“De hecho la reglamentación dice que se busque como primera alternativa los que están dentro de la comunidad, porque es una cuestión de mérito”, alegó.
Vélez mostró otro documento con fecha del 11 de agosto de 2017, firmado por los integrantes de ese comité recomendando la contratación de los servicios de Rivera como profesor. En este se destaca la preparación académica de Rivera a nivel graduado y su sobresaliente ejecutoria como instructor en UPRU por muchos años conforme a evaluaciones de pares y estudiantes.
Con respecto a la doctora Rodríguez, quien se desempeña actualmente como decana de Estudiantes, Molina y Quiñones (quienes fueron nombrados para dirigir interinamente los departamentos de Pedagogía y Lenguajes y Humanidades, respectivamente) señaló que los querellantes alegan que tuvieron que haber sido seleccionados por el comité departamental.
“El reglamento es claro, el comité departamental es un comité asesor. Puede evaluar y puede recomendar, pero quien determina básicamente es la autoridad nominadora”, sostuvo. Además, en algunos de los casos no estaba constituido el comité departamental al momento de realizarse los nombramientos, según dijo.
Vélez también anotó que estás posiciones son puestos de confianza. “Dentro de los puestos de confianza están los directores”, observó. Aseguró, por otro lado, que se les había hecho acercamientos a profesores de algunos de esos departamentos para dirigirlos y estos habían declinado.
“Ellos dicen que la ilegalidad es por los contratos, pero es que todos estos años hemos tenido profesores por contrato. Yo estuve como directora (del Departamento de Sistemas de Oficina) del 2012 al 2013. En Pedagogía otra profesora también fungió como directora y estaba por contrato. Expresó que ser personal de contrato, “no te inhibe de tener un puesto administrativo.
Cabe señalar, que la UPR en Utuado ha tenido señalamientos de la Oficina del Contralor por el manejo de las contrataciones del personal docente anteriormente. Así lo demuestra un informe de auditoría realizado en el 2013 por esa agencia para los periodos del 1 julio de 2009 al 31 de julio de 2012.
Vélez rechazó que ella esté detrás de todos esos nombramientos. “En todos esos nombramientos yo no tuve injerencia. Yo no los entrevisté, yo no nombro aquí a nadie”, aseguró.
Asimismo, señaló que ella nunca pregunta la afiliación política de los empleados. “Yo nunca pregunto eso. No le pregunto para nada”, sostuvo.
Otro caso que mencionó fue el del doctor Jonathan Tossas, candidato por el Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Utuado en las pasadas elecciones, quien también fuera contratado para ofrecer cursos en la institución.
Dijo que en este caso se había verificado la lista de acervo de profesionales disponibles y surgió el nombre de Tossas. “El comité departamental lo recomendó para ser profesor. Ese es el que ellos indican que es un cuestión política”, observó.
No obstante indicó que si ese comité hubiese tenido alguna objeción porque no cumplía con los requisitos o por algún tipo de afiliación política no lo hubieran recomendado.
“Yo pertenezco al partido y lo menos que deben sacarme a mí es esa afiliación”, manifestó.
Dijo que hasta el momento de la entrevista no tenía ninguna notificación de la Oficina del Contralor ni de la Oficina de Ética Gubernamental.
“Esto ha sido muy duro para mí y para mi familia…Es una situación bien dolorosa para uno como profesional…Ha sido mucho el daño emocional y en reputación. Esto ha sido bien fuerte. Los comentarios son bien hirientes”, lamentó.
“El que yo esté afiliada a un partido es un derecho protegido. Yo no me escondo, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque el rector entendía que podía hacer un trabajo de excelencia”, sostuvo.
Expresó que siempre ha solicitado ser escuchada y que está en la mejor disposición de hablar con quienes se han querellado.
“Creo que ya a nivel de Administración Central hay que buscar la forma para que internamente se pueda resolver esta situación”, concluyó.
