El arquitecto Miguel Schclarek se exilió en Suecia durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), donde hizo un curso de carpintería industrial. Volvió a Argentina en 1996 y comenzó a diseñar y a fabricar juegos infantiles en madera para parques y jardines.
Hoy sigue adelante, explicó a IPS, “porque soy un caprichoso; en la Argentina es imposible acceder a un crédito barato u obtener alguna ayuda; hay mucha gente con ideas buenísimas, pero son demasiados los obstáculos”.
En busca de revertir esa realidad, que es parecida a la de todos los emprendedores en este país del Cono Sur de América, el legislativo Congreso de la Nación acaba de sancionar una ley que facilita los trámites burocráticos para crear, y poner en funcionamiento, una nueva empresa y generar fondos de financiamiento.
Esta responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es revitalizar una economía argentina que está estancada y casi no crea empleos en el sector privado desde 2011, cuando la bonanza y el creciente nivel de actividad sirvieron para que ese año la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), fuera reelegida con un contundente 54% de los votos.
La nueva Ley de Emprendedores, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en el 2016, fue sancionada por el Senado el 29 de marzo.
Al día siguiente, el presidente Mauricio Macri celebró la noticia durante su visita a una fábrica de helados en el municipio de Malvinas Argentinas, a 35 kilómetros de Buenos Aires. Macri dijo que quienes quieren echar a rodar una iniciativa productiva en el país atraviesan “un vía crucis” en la actualidad.
El mandatario consideró que “encima que alguien arriesga capital, tiempo y esfuerzo”, tiene que lidiar con “un Estado que lo único que hace es ponerle trabas”. Agregó que el objetivo es “democratizar las oportunidades” y “desterrar esa capacidad que tuvimos los argentinos de boicotearnos durante tantos años”.
En Argentina, las pequeñas y medianas empresas generan 70% de los empleos registrados, de acuerdo con datos oficiales.
De todas maneras, lanzar un emprendimiento propio parece ser un camino casi obligado, y no una opción para muchos. Durante los últimos cinco años ha crecido la precariedad laboral y hoy afecta a más de 30% de los asalariados y a más de 70% de los patronos, cuentapropistas y microemprendedores, dice el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Según números oficiales, durante 2016 se perdió dos por ciento de los empleos formalmente registrados y se cerró casi uno por ciento de las empresas.
Esta nueva Ley de Emprendedores beneficia a “cualquier actividad con o sin fines de lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o cuya fecha de constitución no exceda los siete años”, según se lee en su artículo segundo.
Con el objeto de simplificar la burocracia, se crea un nuevo tipo de persona jurídica, llamada Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que puede inscribirse en los registros públicos en 24 horas, ser de una sola persona, definir de manera amplia su actividad y llevar libros contables digitalmente.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, se prevé la creación de diez fondos mixtos de inversión para el desarrollo de proyectos, con aportes públicos de 40% y privados de 60%, con un capital mínimo conjunto de $30 millones.
“Consideramos que esta ley no es la línea de llegada, sino la de largada. A partir de ahora vienen muchas batallas”, explicó Ezequiel Calcamari, vicepresidente de la Asociación Argentina de Emprendedores (ASEA) y creador de Simplicar, una plataforma de Internet que asesora y ayuda a buscar el mejor precio a empresas y personas que desean comprar un auto.
“Los bancos no te prestan plata [dinero] si el balance de tu actividad no es bueno, porque no te consideran sólido. Pero, ¿quién puede tener un balance positivo cuando recién pone en marcha un emprendimiento? Quien empieza necesita ayuda, pero en la Argentina tiene todo en contra”, agregó en su diálogo con IPS.
ASEA, que se relacionó con legisladores e impulsó la sanción de la nueva ley, nuclea hoy a 6,000 emprendedores. La misma fue creada hace tres años, con la inspiración de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), que en diciembre de 2013 celebró su llegada a 10,000 socios.
Actualmente, la Asech ya tiene casi 25,000 socios y organiza unas 300 actividades anuales en el país, que está del otro lado de la Cordillera de los Andes.
En el caso de ASEA, aunque desde su página web se aclara que “no responde a un partido político”, uno de sus fundadores es diputado nacional de la alianza gubernamental centroderechista Cambiemos.
Se trata de Facundo Garretón, un ingeniero informático de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, que creó Invertir Online, uno de los mayores sitios financieros de América Latina.
De todas maneras, el grado de consenso de esta nueva ley está reflejado en el hecho de que fue sancionada de manera unánime en el Senado, donde Cambiemos es minoría.
Ello no impidió que algunos senadores opositores cuestionaran que los beneficios fiscales que se otorgarán a los nuevos emprendimientos podrían resentir la recaudación del impuesto a las ganancias, un tributo cuya recaudación se destina, en parte, a financiar a los estados provinciales.
“No podemos estar en contra de los emprendedores, pero algunas cosas que se escuchan parecen un cuento de hadas. ¡Cuántas leyes hemos votado que se financian a costa de nuestras provincias!”, se quejó durante el debate la senadora Liliana Negre de Alonso, de la provincia de San Luis, en el centro del país.
“El problema más grave que tienen los emprendedores en este país es lo difícil que es acceder al capital. Por eso, muchos, cuando necesitan plata se van a otros países donde es posible acceder a financiamiento, no solo en Europa o Norteamérica, sino también en la región”, dijo Santiago Sena, director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Somos como esos padres que ven cómo sus hijos, cuando quieren crecer, emigran por falta de oportunidades en la Argentina”, agregó a IPS.
En el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona desde hace años el programa IncuBA, que ofrece oficinas gratuitas, capacitación y subsidios para emprendimientos. A ese programa accedió, durante tres años, Miguel Schclarek, el arquitecto que diseña y fabrica juegos infantiles.
Su empresa se llama Ekore, que proviene de la palabra sueca “ekorre [ardilla]”, y hoy provee sus productos a municipalidades de todo el país.
“En IncuBA entré en contacto con muchos emprendedores y todos tenían los mismos problemas. Pareciera que los bancos internacionales, que en otros países cobran tasas muy bajas por los créditos, en Argentina pretenden quedarse con tus ganancias. Y el Estado ha dado hasta ahora escasas ayudas. Editado veremos si esto es el comienzo de un cambio”, explicó.
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