En Argentina, son ya 20 las marcas que garantizan que su producción se fabricaron en condiciones laborales dignas, gracias a la red Ropa Limpia, que pretende quitar a la moda las manchas del trabajo esclavista, en un sector que emplea ilegalmente a unas 30,000 personas en el país.
Los miembros de la Cooperativa 20 de Diciembre dejan de trabajar para almorzar, y salen a tiempo después de una jornada de siete horas, para buscar a sus hijos en la escuela. Estos son derechos incluidos en las leyes laborales locales, pero que incumplen unos 3,000 talleres de confección que funcionan irregularmente en Buenos Aires y sus alrededores, abasteciendo a 80% de la industria de la moda local, según datos de la fundación La Alameda, promotora de esta cooperativa.
“Nos daban un solo plato de comida que teníamos que compartir con nuestros hijos. Y la comida no era buena”, relató a IPS la boliviana Susana Chiura, una integrante de la cooperativa que llegó al país hace siete años.
Como a muchos otros inmigrantes sudamericanos en Argentina, la mayoría bolivianos, a Chiura la trajo el propietario de un taller textil, en este caso peruano.
“El señor me prometió un buen trabajo y vivienda pero cuando llegamos acá no era así. No nos dejaban salir y solo podíamos hacerlo el sábado a la tarde. Hasta para comprar en el supermercado nos llevaba y traía de vuelta a la casa”, narró.
Compartía un cuartucho sin ventilación con el primero de sus hijos. Ganaba cinco veces menos que el salario mínimo legal, trabajando de seis de la mañana a medianoche, y se le descontaba el pasaje desde Bolivia, la comida y el alojamiento.
“Trabajaba de 7:00 a. m a 9:00 p. m. y descansaba media hora. Había familias enteras que trabajaban hasta más tarde porque lo necesitaban para comer”, contó Fidel Daza, otro inmigrante boliviano de la cooperativa.
“Ahora tengo un poquito más de tiempo para jugar con mis hijos. Antes los dejaba durmiendo y cuando regresaba estaban durmiendo”, recordó a IPS.
Según La Alameda, trabajadores como Chiura o Daza son el último eslabón de una cadena que comienza con grandes, medianas y pequeñas empresas de ropa, que por omisión, complicidad o ignorancia, utilizan estos talleres para confeccionar sus piezas.
“Yo quería conocer el taller pero me decían que era muy difícil que te dejen entrar. A mí eso me hacía ruido, detrás de una puerta cerrada se esconde algo”, contó Verónica Virasoro, propietaria de Vero Vira, una marca de ropa femenina, clienta de la cooperativa.
Su firma es parte de la red de Ropa Limpia, que también integran talleres y consumidores.
A su juicio, muchos diseñadores acuden a talleres ilegales para abaratar costos o por desinformación.
“Además no todos son clandestinos esclavizados. Hay otro tipo de talleres familiares con esa dinámica de cobrar más barato, pero para eso trabajan muchísimas horas, duermen en las instalaciones. Y no son conscientes que con malas instalaciones pueden generarse accidentes”, explicó.
Ropa Limpia surgió en 2015, con un exitoso desfile para demostrar “que es posible confeccionar ropa en forma limpia”, “libre de trabajo esclavista e infantil”.
Antes, el 27 de abril, dos niños bolivianos murieron en un incendio en un taller clandestino.
“Empezamos a recibir muchos llamados de gente indignada con lo que había pasado y preocupada porque aunque denunciábamos en nuestra página a muchas marcas por utilizar esos talleres, nos preguntaban: ¿pero que nos ponemos?”, recordó Tamara Rosernberg, responsable de la cooperativa.
“Fue cuando surgió la idea de plantearle a nuestros clientes de que es posible producir en condiciones dignas…no es lo mismo mostrar que hay una cooperativa, como que hay varios diseñadores que tienen esos valores de respetar los derechos de la gente, y con los precios que deben pagarse”, explicó a IPS.
La ropa de esos talleres, vendida barata en mercados callejeros, en ocasiones es la misma ofrecida a precios altos, por marcas famosas.
La red fue inspirada en el movimiento mundial Campaña Ropa Limpia, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales en el sector textil y de material deportivo.
“La idea es acercarnos a estos talleres para concientizarlos de los riesgos de no tener las instalaciones en regla o de tener a los niños dando vuelta por el taller porque hay mucho polvillo de tela que les hace mal al sistema respiratorio”, ejemplificó Virasoro.
También, los asesoran para garantizarles volumen de trabajo y orientan a los diseñadores “que quieren hacer las cosas responsablemente”, detalló.
“No es fácil porque hay mucho miedo de que los denuncien. El problema es que aunque no se trate de un taller clandestino o con trabajo esclavo, tal vez no pagan algún tributo o no tienen las instalaciones en regla”, ejemplificó.
“Uno es consciente cuando te maltratan, pero el ‘tallerista’ te decía, ‘mirá si vos te vas, tenemos otros 10 que quieren trabajar’. Como es difícil conseguir trabajo uno tenía que agachar la cabeza y seguir”, detalló Daza.
Otros temen denunciar porque con frecuencia la misma policía “le avisa al empleador y los echan”, lamentó.
Laura Méndez, de la marca Clara A, decidió confeccionar sus accesorios en la cooperativa, tras presenciar en una fábrica de calzado, entre otras irregularidades, cómo “trabajaban todos amontonados, en un lugar sin salida”.
“Lo más importante para mí es hacer visible para los clientes la forma de producción ética. Me interesa que atrás del producto haya un contenido, un impacto social”, argumentó a IPS.
La Cooperativa 20 de Diciembre emplea 12 personas. Hay iniciativas similares, aunque aún muy insuficientes.
“En un taller clandestino la gente trabaja 16 horas y gana 5,000 o 6,000 pesos (312 a 375 dólares) y aquí la mayoría trabaja en promedio siete horas, con salarios promedio entre 7,000 y 8,000 (437 a 500 dólares), inclusive por encima del convenio de la industria”, destacó Rosenberg.
La historia de María Reina es dramática, como la de muchos de sus compañeros. Hace seis años, cuando viajaba desde Bolivia a Argentina, “contratada” por un taller, su bus volcó y en el accidente perdió a su compañero, a su cuñado, y ella una pierna.
“Cuando salí del hospital me llevaron al taller. Estaba en silla de ruedas y me exigían que trabajara. Yo decía que no podía porque tenía que curarme, estar en reposo. No lo entendían y al final me echaron a la calle”, recordó para IPS.
Ahora hace una terapia de rehabilitación. Y sabe que inmigrantes sudamericanos como ella tienen derechos laborales, a un documento de identidad, salud y educación gratuita.
“La Alameda desde hace mucho tiempo denuncia todas estas prácticas de talleres clandestinos que están además vinculadas a otros delitos”, dijo Rosemberg.
“Llegamos inclusive a hablar de crimen organizado porque muchas de las marcas que tercerizan en los talles clandestinos están ligadas a otros delitos como lavado de dinero, contrabando de autos, tráfico de drogas, narcoprostíbulos”, explicó.
El desafío es aprobar leyes que garanticen auditorías de la cadena indumentaria, y que se registren los talleres particulares.
“Uno de nuestros grupos de trabajo está abocado a buscar lugares de producción que aunque no estén en las mejores condiciones se acerquen a ello o quieran mejorarlas”, dijo. “No queremos que cierren sino ofrecerles opciones como agruparse entre sí en un espacio adecuado”, aclaró.
Una alternativa es el Polo Textil Barracas, que alberga entre otros a trabajadores salidos de talleres clandestinos, con máquinas en muchos casos confiscadas.
Pero sueñan más. Como un sello que identifique el origen de la ropa y un sistema de venta libre de trabajo esclavista.
Para garantizar, dice Rosenberg, que la ropa que usamos no esté “manchada de sangre”.
Editado por Estrella Gutiérrez
Inter Press Service
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