Al cabo de cuatro décadas, la sociedad argentina ha procesado de muchas maneras los atroces crímenes de la última dictadura militar (1976-1983). Pero cuando todo parecía conocido, salió a la luz pública un grupo que muestra otra cara de la historia: la de ser hijo o familiar de un represor.
Se trata de personas que han condenado la actuación de sus padres, generalmente al costo de romper sus relaciones con todos sus parientes, para reivindicar la memoria de los 30,000 desaparecidos que, según organismos de derechos humanos, dejó esa dictadura.
“Vivimos nuestras historias con mucha vergüenza y mucha soledad porque nuestras propias familias nos rechazan y, fuera de ellas, la visión tampoco es muy favorable. Entonces, mostrarnos colectivamente es importante para nosotros”, contó Analía Kalinec a un grupo de otros medios internacionales, entre ellos Inter Press Service (IPS), en un encuentro organizado con cuatro integrantes del grupo.
Después, en el 42 aniversario del golpe de Estado, el colectivo participó por primera vez, en el centro Buenos Aires, en la manifestación que cada 24 de marzo recuerda a los desaparecidos y reclama que sigan adelante los juicios por la represión ilegal.
Fueron unas 30 personas que se ganaron los aplausos de muchos de los asistentes a la manifestación cuando exhibieron la bandera del grupo, que dice “Historias desobedientes, hijas e hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia”.
Analía es hija de Emilio Eduardo Kalinec, un excomisario de la Policía Federal que cumple una condena de prisión perpetua por haber participado en interrogatorios realizados bajo tortura en al menos tres de los cientos de centros clandestinos de detención y exterminio que el gobierno de facto encabezado por Jorge Videla (1976-1981) estableció en todo el país. Los secuestrados lo conocían como el “Doctor K”.
Analía, una psicóloga de 38 años y madre de dos hijos, contó que, una vez que su padre fue detenido, hace 12 años, la familia comenzó a visitarlo cada domingo en la cárcel, pero que jamás se mencionaba el motivo del arresto.
“En un determinado momento yo quise saber y entonces leí el expediente judicial y busqué más información en Internet. En 2008, finalmente, un día lo enfrenté en la cárcel y le pregunté si era cierto que había participado en la represión ilegal. El solo intentó justificarse. Dijo que en Argentina había habido una guerra y que los desaparecidos no eran 30,000”, recordó.
“Al día siguiente me llamó por teléfono y me preguntó si lo seguía queriendo. Yo le dije que lo que había hecho estaba muy mal. Nunca más lo fui a ver”, agregó.
A pesar de su corto recorrido, el grupo de Historias Desobedientes ya produjo una noticia impactante, en noviembre.
Fue cuando presentó en el legislativo Congreso Nacional un proyecto de ley para que se modifique el artículo del Código Procesal Penal que impide que una persona denuncie o declare contra un familiar directo, a menos que el delito haya sido cometido en perjuicio de ella.
“El proyecto de reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando de esta manera a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio”, explicaron entonces en un comunicado.
Se espera que el proyecto sea discutido este año por los legisladores.
Liliana Furió, otra de las integrantes del grupo, contó: “Soy la hija de un teniente coronel del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y, gracias a que encontré este grupo, pude canalizar esta realidad que me avergonzaba”.
Su padre, Paulino Furió, fue un oficial de inteligencia que actuó durante la dictadura en la ciudad de Mendoza, en el centro-oeste del país.
Aunque fue condenado por primera vez en 2012, en 2017 fue juzgado por otros hechos y entonces defendió provocativamente ante el tribunal la represión ilegal que, con la excusa de la necesidad de combatir a la guerrilla de izquierda, hizo víctimas a miles de personas sin ninguna vinculación con la lucha armada.
“No estoy arrepentido. Volvería a hacerlo. Eran ellos o nosotros”, dijo entonces el exjefe militar.
Liliana contó que las cosas nunca fueron fáciles en su familia: “Él fue siempre muy machista y violento, pero de chica tuve una madre cariñosa que compensaba”.
Las revelaciones de los crímenes cometidos por el padre produjeron un quiebre en la familia de Liliana, ya que algunos sintieron la misma vergüenza que ella, pero la madre nunca se mostró dispuesta a ver la realidad.
“A mi padre lo juzgaron durante 11 meses en Mendoza y mi madre asistió al juicio. Estuvo casi un año escuchando los relatos del horror más espantoso. Sin embargo, sigue pensando que esa lucha fue una guerra y que su marido es un mártir de la patria”, recordó.
Los juicios por los crímenes de la dictadura fueron promovidos por el primer presidente luego de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín (1983-1989).
El punto culminante fue en 1985, cuando Jorge Rafael Videla y el exalmirante Emilio Massera, quienes controlaban el poder durante la parte inicial de la dictadura, fueron condenados a cadena perpetua.
Más tarde, sin embargo, los juicios fueron interrumpidos debido a leyes exculpatorias dictadas por el bicameral Congreso bajo presión militar y hasta los propios Videla y Massera fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Sin embargo, en 2003, a instancias del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Congreso derogó las leyes de amnistía y más tarde, en la misma sintonía, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los indultos.
Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias en las que fueron condenadas 856 personas, de acuerdo a datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizados a diciembre de 2017.
Las demoras, sin embargo, son evidentes porque hay cerca de 400 causas en trámite y más de la mitad de ellas están todavía en la etapa de instrucción, que es la parte inicial del proceso, ya que las condenas se dictan en juicio oral y público.
La aceleración de los procesos fue uno de los reclamos de los manifestantes el 24 de marzo, pero la inquietud más importante tuvo que ver con que recientemente se hizo pública una lista que el gobierno elevó al Poder Judicial de presos por la represión ilegal que, según el Servicio Penitenciario Federal, están en condiciones de acceder a prisión domiciliaria.
Entre ellos está el exmarino Alfredo Astiz, considerado el mayor símbolo de los crímenes de la dictadura, porque entre otras muchas acciones represoras en 1977 se infiltró al grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaban a organizarse para buscar a sus hijos, y posibilitó su secuestro y desaparición.
