La medida del gobierno argentino de endurecer la política para los inmigrantes y establecer la expulsión exprés para acusados de delitos o en situación irregular recibe críticas por criminalizar a los extranjeros y romper una política para el sector aplaudida internacionalmente.
Argentina es considerado, precisamente, un país de inmigrantes porque la mayor parte de la población desciende de los extranjeros que masivamente llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX.
Además, mucho más recientemente, a fines de 2003, se sancionó una Ley de Migraciones que fue calificada como “un ejemplo mundial” por el entonces director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson Mc Kinley.
Esa norma, entre otras cosas, garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, muchos creen que esa realidad ha cambiado abruptamente el 30 de enero, a partir de una decisión del gobierno.
Ese día, se dio a conocer un decreto del presidente Mauricio Macri que permite expulsar en trámite sumario a cualquier extranjero acusado en una investigación penal o quienes hayan ingresado al país de manera irregular.
El gobierno de centro derecha sostiene que estas medidas eran necesarias –según se lee en los fundamentos del decreto- para hacer frente a “fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.
Sin embargo, organizaciones humanitarias y de migrantes sostienen que se busca asociar a los inmigrantes con el delito, que solo se perjudicará a los vulnerables, sin afectar a los poderosos, y que se estimula la xenofobia.
Desde hace años, las encuestas muestran que la inseguridad ciudadana es la primera o segunda preocupación de los argentinos. Un sondeo de la Universidad Católica Argentina, difundido en noviembre, arroja que nueve de cada 10 entrevistados teme ser víctima de un delito.
“Hasta ahora, solo se podía expulsar del país al extranjero que cometiera un delito grave, por el que le quepa una condena superior a tres años de cárcel, como lavado de dinero o un robo violento”, recordó Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada durante la última dictadura militar (1976-1983).
“Este nuevo decreto, en cambio, prevé la expulsión para todos los delitos que tengan pena de prisión, por ejemplo lesiones leves o resistencia a la autoridad”, explicó en diálogo con Inter Press Service (IPS).
“Incluso está previsto que se le retire la radicación definitiva en el país a aquellos que ya la obtuvieron por el solo hecho de estar procesado por un delito, lo que afecta derechos adquiridos”, agregó Morales.
El gobierno niega que se le quiera cerrar la puerta a los extranjeros y en estos días difundió el dato de que, durante 2016, su primer año de gestión, se otorgó la residencia definitiva en el país a 215,000 personas.
Se trata de “ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, dijo el director nacional de Migraciones, Horacio García.
La duración de los procesos de expulsión de extranjeros que cometieron delitos graves es una de las principales preocupaciones del gobierno. Según el decreto hoy pueden llevar hasta siete años.
Desde el gobierno citaron el caso de Marco Antonio Estrada González, un peruano con varias condenas por narcotráfico, que estaba bajo libertad condicional y, según la justicia, seguía manejando la venta de drogas en uno de los asentamientos precarios más poblados de Buenos Aires.
Pero entre quienes desconfían de las verdaderas intenciones de Macri está el presidente boliviano, Evo Morales, quien exhortó a sus colegas latinoamericanos a “no seguir las políticas migratorias del Norte”, en referencia a las medidas contra colectivos de extranjeros del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Además, el lunes 6 una delegación boliviana llegó a Buenos Aires para sostener encuentros con la cancillería argentina y otras autoridades, para evaluar el impacto del decreto en la comunidad boliviana en el país.
De acuerdo a los datos del último censo, realizado en 2010, Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, de los cuales 1.8 millones son extranjeros, aunque se sabe que las dos cifras crecieron desde entonces.
La mayoría de los inmigrantes provienen de Paraguay, Bolivia y Perú: entre estos tres países aportan las tres cuartas partes de los extranjeros del país.
La medida del gobierno se tomó luego de la conmoción que generó, el 24 de diciembre, la muerte en Buenos Aires de un adolescente de 14 años, quien iba en el automóvil con su abuelo y fue baleado en la cabeza por dos ladrones que intentaban robar a dos mujeres.
Uno de los detenidos como presuntos autores de ese crimen resultó ser un adolescente peruano de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad y fue deportado a su país.
Pero si la pregunta es cuál es la participación real de los inmigrantes en los hechos de inseguridad la cuestión no está en los números sino en su interpretación.
“La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21.35 por ciento de la población carcelaria total”, dice el decreto, que modifica la Ley de Migraciones del 2003.
Sin embargo, Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, órgano que protege los derechos humanos de los detenidos, explicó a IPS que “la gran mayoría de las personas extranjeras presas en cárceles federales han estado involucradas en delitos no violentos. Son, principalmente, el último eslabón en la cadena de narcotráfico, no son narcotraficantes”.
“Por otro lado, en las cárceles federales el porcentaje de extranjeros osciló entre un 19 y un 21 por ciento entre 2006 y 2014, subió al 23 por ciento en 2015 y descendió a 21 por ciento en 2016. Paralelamente el número total de presos ha ido en aumento constante en los últimos años”, planteó.
De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia para fines de 2016, de los 3,804 detenidos en cárceles federales por la ley de drogas, 1,284 (casi 34 por ciento) son extranjeros. Entre ellos hay 428 paraguayos, 326 peruanos y 273 bolivianos.
Pero para Wolf, “lo que hay que mirar son las estadísticas de detenidos en todo el país, que incluyen a las cárceles provinciales: el año pasado terminó con 4,449 presos extranjeros, que es aproximadamente el seis por ciento de la población carcelaria total de la Argentina”.
Más de 130 organizaciones que defienden los derechos de los migrantes pidieron una audiencia con el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para plantearle su “preocupación y desconcierto” por la decisión oficial.
También reclamaron que la cuestión se debata eventualmente en el legislativo Congreso de la Nación, ya que el gobierno decidió hacerlo por decreto, durante el receso parlamentario de verano austral, con el argumento de que “existe una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.
“Este decreto habilita la persecución de los extranjeros por parte de la policía. Se corría el rumor hace tiempo que una medida de este tipo venía. Pero nunca imaginamos que podía ser algo tan fuerte”, dijo a IPS un hijo y nieto de chilenos, Alfonso Rojas, quien integra la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes, que agrupa a organizaciones de todo el país.
