Los arrestaron en la mañana, supuestamente por delitos menos grave. Sin embargo, a las 8:30 p.m., aún no les presentaban cargos a los ambientalistas detenidos en Playuelas.
Nos referimos a los cinco activistas ambientales que fueron arrestados por desacato civil durante la mañana de hoy, lunes, en las inmediaciones del sector Playuelas, en el Barrio Borinquen, de Aguadilla, en el más reciente episodio de resistencia ante el controvertible proyecto de desarrollo Colombus Landing. Al cierre de este reportaje, aún no habían sido llevados ante un magistrado.
“No, aún no se ha sometido cargos. La información que tengo es que aún no han visto a un juez”, le confirmó a Diálogo la abogada Vanessa Rafols, poco después de las 8:30 p.m. Rafols es una de las abogadas que lidera la pugna legal civil a favor de grupos ecologistas y vecinos de Playuelas.
“Fueron cuatro varones y una mujer, y fue por desacato civil, que es un delito menos grave”, le indicó en horas de la tarde a este diario digital el agente José M. Rivera, del retén de prensa en el cuartel de la comandancia de Aguadilla, tras recibir la confirmación oficial de parte del capitán Eddie Cordero.
Al momento de escribir estas líneas, la Policía no había confirmado los nombres de los cincos arrestados. El oficial Rivera informó que los arrestados esperaban a que después de las 3:00 p.m. un juez del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla viera sus casos. No obstante, entrada la noche ningún caso se había visto. Tres de los cinco arrestos sucedieron cerca de las 10:00 a.m., mientras que los otros dos se dieron a eso del mediodía. Imágenes de los arrestos rondan las redes sociales desde mitad de mañana.
Según le fue confirmado a Diálogo, los casos de los arrestados, al menos en esta etapa de Regla 6 para probar si hay causa para arresto, serían asumidos por la Sociedad de Asistencia Legal de Aguadilla mediante el abogado Edwin Barreto. Este abogado no pudo ser alcanzado para comentario, al menos durante la noche del lunes.
A los arrestados, había indicado el oficial de prensa de la Policía, se les acusa de incurrir en desacato civil a un dictamen que emitió en diciembre pasado el juez Héctor Conty que favoreció a la empresa desarrolladora Caribbean Management Group. Esta empresa busca realizar la megaconstrucción de un resort y una urbanización de lujo en el sector Playuelas, considerado como una importantísima zona de valor ecológico y un altar mundial del surfing.
Esta corporación con fines de lucro busca realizar la mega construcción de un resort y una urbanización de lujo en el sector Playuelas, considerado como una importantísima zona de valor ecológico y un altar mundial para el deporte de surf.
Imagen de un arresto en la zona de Playuelas que circula en las redes sociales. (Facebook)
Según informaron fuentes de este diario, la Policía llegó al lugar temprano en la mañana y hasta un cuartel rodante trajeron, listos para defender los intereses de Caribbean Management Group y el dictamen judicial. La empresa desarrolladora en estos momentos gana la batalla para construir en esta valiosa zona marítimo-terrestre, luego que durante más de dos décadas varias compañías fracasaron aparatosamente en sus intentos de construir en esta área tan ecológicamente dinámica.
Caribbean Management Group ha logrado conseguir aval legal para el masivo desarrollo aun cuando cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la Junta de Calidad Ambiental aprobó en 1998 –y que, 19 años después, pasa con ficha en los tribunales–, además de aparentes contradicciones del presidente de Caribbean Managment Group, Reinaldo Vicenty, durante un contrainterrogatorio que el abogado Omar Saadé le hiciera en una de las vistas de demanda que la empresa presentó ante Conty, según dijo el letrado a este diario digital.
“El señor Vicenty admitió que el proyecto es distinto al que se planificó hacer en la década de los noventa, y que se continúan haciendo cambios. Admitió que no tienen los permisos para el hotel, ni los permisos de vivienda. Admitió que solamente tienen el permiso para esa calle de acceso y reconoció que ese no fue el acceso que se aprobó en la consulta de ubicación”, le narró Saadé a Diálogo en el mes de diciembre, previo a la decisión del juez Conty.
Ante estos sorprendentes reveses legales, la principal resistencia a las intenciones de Caribbean Managment Group ha sido el Campamento Rescate Playuelas, que ubica desde noviembre en el área aledaña a la construcción. En estos momentos, la desarrolladora busca comenzar la construcción de la carretera que eventualmente conduciría al masivo desarrollo hotelero y de lujo en la preciada zona costera. Hoy, justo antes de las 8:00 a.m., según supo este diario, prendieron las máquinas y no tardó en verse la resistencia de los activistas y vecinos del área.
“El campamento está en la playa. Cuando los muchachos dieron la ronda de la mañana vieron la maquinaria que las estaban prendiendo, la Policía apoyándolos y ahí empezó todo”, dijo a Diálogo una fuente de entero crédito que exigió el anonimato.
Incongruencias a granel
El pulseo entre Caribbean Management Group y los activistas ambientales, surfistas y miembros de la comunidad del barrio Caribe ha sido fogoso. Las incongruencias que la desarrolladora ha mostrado en su permisología y sus intenciones para con el proyecto, entienden los abogados, debería ser suficiente para que el proyecto se detenga.
“El señor Vicenty admitió que el proyecto es distinto al que se planificó hacer en la década de los noventa, y que se continúan haciendo cambios. Admitió que no tienen los permisos para el hotel, ni los permisos de vivienda. Reconoció que solamente tienen el permiso para esa calle de acceso y que ese no fue el acceso que se aprobó en la consulta de ubicación”, le narró Saadé a Diálogo en diciembre, previo a la decisión del juez Conty.
El licenciado Saadé y las abogadas Vanessa Rafols y Verónica Rodríguez componen el trío legal que desde el año pasado ayudan a la comunidad de Playuelas y a distintas organizaciones en su gesta defensora, aun cuando no intervienen en nada que tenga que ver con cargos criminales.
Diálogo supo que hay una vista judicial pautada para atender una nueva demanda de cese y desista presentada el lunes de la semana pasada. Los defensores de Playuelas, liderados por la Liga Ecológica del Noroeste y varios residentes del área, buscan un interdicto preliminar y permanente contra el Municipio de Aguadilla y Caribbean Management Group para detener el proyecto.
Rafols confirmó esta información y resaltó que Caribbean Management Group alega tener una serie de permisos, incluyendo una consulta de ubicación y de declaración de impacto, “que entendemos es obsoleta, que no está vigente, pues es de 1998”.
Imagen de la protesta de hoy en la zona de Playuelas que circula en las redes sociales. (Facebook)
“Estamos hablando de algo que han intentado hacer de 1994”, sumó Rafols, y que por obvias razones ecológicas nunca han contado con la permisología necesaria.
“Son 89 alegaciones las que se hacen en el interdicto. Estamos hablando además de que el proyecto original que querían hacer es completamente distinto al que se aprobó”, puntualizó la licenciada.
De igual forma, Saadé sostuvo que el proyecto “es ilegal por un montón de razones, pero la más sencilla es que el mismo municipio, cuando da el permiso de urbanización para la calle de acceso que quieren construir, condicionan el inicio de las obras a que someta una cantidad de endosos y esos endosos aún no están”. Entre los endosos que Caribbean Managament Group no ha recibido, sostuvo Saadé, figuran el del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el del U.S. Fish and Wildlife Service, entre muchos otros.
Entonces está el valor de los ecosistemas marinos de la la costa de Playuelas, el cual pudiese verse afectado de forma crasa con esta construcción. Otro experto, el activista ambiental Ricardo Laureano, investigador independiente de arrecifes y miembro del grupo Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable (VIDAS), reiteró la importancia de realizar un estudio de corales en la área antes de aprobar cualquier construcción.
“En el artículo 7 de la Ley 147 para la protección de los arrecifes de coral de Puerto Rico de 1999, hay una obligación para una DIA para proyectos que pudieran causar impactos negativos a los arrecifes de coral, comunidades coralinas y sistema marinos asociados”, explicó Laureano.
“Se sabe que allí cerca hay comunidades de coral. Pero hay que ver cómo se preparó la DIA y si tomaron en cuenta o no las nuevas protecciones de los corales en peligro de extinción que hay por toda la costa norte de Puerto Rico, pues la asignación de hábitat crítico se hizo posterior a la ley, en el 2008. Hay un montón de factores ambientales que han cambiado y que amerita que se analice de nuevo el proyecto”, afirmó.
Imagen de un arresto en la zona de Playuelas que circula en las redes sociales. (Facebook)
La Asociación de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez mantiene bajo lupa lo que sucede en Aguadilla. Miguel Figuerola, miembro de esta asociación, conversó con este diario digital sobre lo que significaría para el ecosistema marino de Playuelas y de la costa aguadillana el desarrollo frente al mar de lo que la misma empresa ha señalado que sería un hotel de 300 habitaciones, además de cientos de residencias tipo villas.
“Nosotros hemos monitoreado los arrecifes del área con la intención de detectar los impactos de estas obras de construcción”, explicó Figuerola durante una entrevista en diciembre pasado.
“Primero, es un área con exceso de correntías, y eso haría que la sedimentación contamine los acuíferos que allí existen. Eso tendría un gran efecto en los corales que hay allí, en el sector de Peña Blanca. Entonces, está el hecho de que Playuelas cuenta con un valor ecológico que muchas personas no conocemos o no entendemos, a menos que haya una investigación científica más profunda, pues hay muchas cosas que a simple vista no podemos apreciar, como la biodiversidad, y funciones del ecosistema como su producción de oxígeno o su regulación de temperatura”, anotó el estudiante y científico.
Diálogo intentó buscar una reacción de parte del DRNA con respecto a la permisología, pero al cierre de este reportaje nuestra petición aún no recibía respuesta.
El pueblo, no obstante, se lanzó al ruedo cibernético en respaldo a la causa de los activistas de Playuelas y en las redes sociales ya aparecían anuncios como el que presentamos aquí al lado, donde se pide solidaridad y acción, mediante una campaña de actividad telefónica con la oficina de Aguadilla del DRNA.
Al lugar de la construcción han hecho actos de presencia personal de apoyo. Se supo que se planifican más manifestaciones durante la semana y que se intensificará además el respaldo a la causa a través las redes sociales.
Además, desde noviembre del año pasado existe una campaña de firmas impulsada por Surfrider Magazine y la Fundación Surfrider para pedirle al gobernador Ricardo Rosselló que detenga el proyecto Colombus Landing y designe el área de Playuelas como una reserva natural.
