La mudanza no estaba completa, y según nos dijo no había dormido bien en los días recientes. Aun así, Arturo Hernández recibió a Diálogo en el recién estrenado comité del Movimiento Unión Soberanista (MUS), para hablar de sus propuestas como candidato a la gobernación de Puerto Rico.
¿Cuál es el concepto de soberanía que impulsa el MUS y por qué el pueblo puertorriqueño debe acogerlo a usted como gobernador?
Arturo Hernández es un instrumento al igual que el Movimiento Unión Soberanista, que su génesis es realmente una alianza de diversos sectores que creen en dos pilares fundamentales. Número uno, dotar al País de un gobierno honesto, limpio, pulcro y de profundo sentido de justicia social, un gobierno de participación democrática genuina de todo los sectores del País y la sociedad. Por otro lado, también creemos los que convergemos en el MUS en un proceso descolonizador para el País mediante el mecanismo que reconocemos como apropiado, que es el de la Asamblea Constituyente de estatus.
Más allá de un cambio de estatus colonial, ¿qué propone el MUS para el desarrollo del País? ¿Cuáles son sus planes en términos de administración gubernamental?
Planteamos la posibilidad de eliminar la ley de cabotaje y su aplicabilidad en Puerto Rico. Eso nos economizaría alrededor de dos mil millones de dólares anuales. Por otro lado, tenemos la posición nuestra de congelar las 700 u 800 mil cuerdas cultivables en Puerto Rico para dedicarlas exclusivamente para el desarrollo agrícola. Y en ese sentido, nosotros proponemos incrementar la producción agrícola del País, a un ritmo de cinco por ciento anual. De manera que, en los primeros cuatro años tengamos un crecimiento agrícola productivo de un 20 por ciento, que ya nos ubicaría en un 35 por ciento de producción de consumo y llevarlo eventualmente a un 85 o 90 por ciento.
Escépticos creen que su propuesta de ‘determinar quién entra y sale del País’, podría restringir las libertades de movimiento demográfico en el mundo, ¿qué podría decir al respecto?
Lo que proponemos es que seamos los puertorriqueños los que determinemos quién entra y quién sale. Porque si ahora mismo nosotros interesamos un intercambio cultural o académico con alguna universidad de Latinoamérica, o de Europa o de Asia, la decisión no está en nosotros, lo decide Estados Unidos. Eso nos limita mucho.
En el renglón de la criminalidad, usted propone la medicación de la droga como una alternativa para disminuir los actos delictivos en la Isla, esto en referencia a quienes consumen narcóticos. Sin embargo, ¿qué propuestas trae el MUS para lidiar con aquellos que importan, venden e incluso producen estas sustancias?
Parte del asunto de que los controles de Puerto Rico pasen a los puertorriqueños es para atender asuntos como ese. Quien controla la entrada y salida en el País son las autoridades federales […] Si aquí tenemos una crisis de entrada de drogas ilícitas y de armas de fuego, la responsabilidad recae en las autoridades federales que son las encargadas de esto. Así que, proponemos continuar con todo el peso de la ley contra estas personas que incurren en negocio de narcotráfico. Pero más que eso, es ir contra el narcotraficante de verdad, no es el que mueve el dinero o la venta de droga en el punto, es el que invierte en el negocio de la droga, contra ese hay que ir. Hay que tener buenos equipos de investigadores.
¿Cómo surgirían esos equipos al desligarnos de EEUU, dado que en la Isla ese tipo de delitos que plantea son manejados por el FBI?
Nosotros mantenemos fuerzas conjuntas de la Policía de Puerto Rico, con el FBI y la DEA [Drug Enforcement Administration] y mire el resultado que nos ha dado. Una tasa de criminalidad exorbitante […] Tendríamos que desarrollar –y tenemos la capacidad para hacerlo y el equipo de gente- nuestras propias técnicas de inteligencia para trabajar con este problema. Aparte de que estando nosotros en el pleno ejercicio de nuestra soberanía, podríamos tener intercambio en ese sentido con países vecinos que sufren ese mal y que han podido demostrar que lo han atajado. Y pudiéramos hacer un componente regional para atacar el problema.
Con la soberanía proponen negociar costos con farmacéuticas de otras partes del mundo, pero, ¿cómo atenderían otros asuntos como el costo del manejo de la salud de la población, la práctica médica y la educación?
Pensamos en primer término que nos merecemos un sistema de salud universal, porque la salud no es un activo en el mercado de los hombres, es un derecho y como derecho hay que protegerlo y garantizarlo. Entendemos que la mejor forma de protegerlo es dotando al País de un sistema de salud universal donde todos los puertorriqueños de todas las estratas [sic] sociales, tengan la misma tarjeta que les brinde en cualquier faci lidad médica del país los servicios de calidad que se merece la población. Actualmente, ese sistema habría que dotarlo con un pagador único para que (desde el gobierno o cuasi gubernamentalmente – inmerso también en el sistema cooperativista) sea el que pague los servicios. […] Proponemos invertir en la educación, no tan solo en los grados como está constitucionalmente garantizado, sino en grado universitario también. De manera que, aquél que muestre la habilidad y la tendencia natural para dirigirse hacia una profesión u oficio, que el estado lo pueda patrocinar con un pacto social a cambio de que ese profesional le conceda al estado dos años de trabajo en su profesión con el pago adecuado[…] Ahí resolvemos un gran problema mientras el País resuelve otro.
¿Cuál es su visión de Universidad del Estado?
La Universidad del Estado debe ser eso mismo, la universidad del estado […] Lo primero que tenemos que hacer es despolitizar la Universidad de Puerto Rico. Los miembros de la Junta de Síndicos deben ser nombrados, primero recomendados por la propia comunidad, empleados y profesorado. Esa comunidad universitar ia que t iene esos componentes de estudiantes, profesores y empleados debe hacer recomendaciones en un amplio listado y que incluya todos los candidatos de todos los sectores para que el Gobernador, de ahí, escoja los nombramientos de la Junta de Síndicos, de manera que no sean ahijados políticos del Gobernador. De forma tal que esa Junta de Síndicos, en su momento, haga lo propio y pida a la comunidad universitaria recomendaciones para la Presidencia y para la Rectoría.
Más allá de la gobernabilidad universitaria, a su juicio, ¿qué estándares debería cumplir una inst i tución univer si ta r ia en términos de la oferta académica, inf raest ructura, selección de estudiantes, entre otros?
Debemos mantener unos estándares de excelencia, de escoger el buen talento y recurso, pero aun así debe mantener unos espacios para que haya oportunidades de entrar a la UPR por otros sectores. En cuanto a sus currículos o materia educativa, yo creo que debe atender, sobre todo, una especificidad a lo que es la educación nuestra y partiendo de eso como entorno nacional y nuestra concepción nacional de la educación, entonces partir a un punto de vista universal que incluye desde todas nuestras facultades en la UPR hasta la creación de otras que no se pueden descartar.
Algunos candidatos a la gobernación indican en sus campañas políticas que de ser electos eliminarían la cuota de $800 que se instauró en la UPR como medida preventiva para una crisis económica en la Institución, ¿Apoyaría ese tipo de medidas?
Hay que eliminar la cuota. Yo creo que, más allá del aspecto político, realmente es una urgencia, una necesidad. Sabemos lo que nos costó como País, sobre todo al estudiantado de la UPR, la lucha para impedir esa imposición.
