Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo para la descolonización (Parte 2)

“Hubo guerrilleros que perdieron años

planeando triunfos para las calendas griegas.

Se trataba de una concepción que no cabía

en nuestras mentes. Es igualmente cierto que

los eternos pregoneros del capitalismo, manejados

por los órganos de Inteligencia yanqui, sembraron

ideas extremistas en la mente de algunos revolucionario”.

Fidel Castro

La cita que encabeza este escrito proviene de uno de los mayores defensores de la lucha armada para la adquisición y preservación de la libertad de los pueblos, Fidel Castro. Es Castro, el mismo que nos convoca a reflexionar sobre la viabilidad de la lucha armada en pleno Siglo XXI, como herramienta para la descolonización y las  conquistas de libertades en los pueblos.

En Puerto Rico ha habido sinnúmero de intentos de lucha armada para la descolonización de la Isla. Desde el Grito de Lares en 1868, hasta el más reciente esfuerzo del Ejercito Popular Boricua Los Macheteros, se han realizado actos en virtud de avanzar en la lucha de descolonización. Ese mecanismo no ha logrado adelantar su objetivo, no obstante tampoco han logrado sus objetivos los cuatro plebiscitos que han dado paso a la discusión del estatus en Puerto Rico.

Debemos recordar que desde mediados de la década del 1960, se manejaba la posibilidad de convocar al pueblo de Puerto Rico para decidir cuál sería su predilección en relación al estatus de la Isla. Finalmente en 1967, se convocó un plebiscito en el cual salió victorioso el Estado Libre Asociado (ELA). Hay que señalar que el sector independentista no participó de esa consulta por considerarla una farsa. El Congreso de Estados Unidos nunca se comprometió a reconocer los resultados y ejecutar sobre los mismos.

De igual forma ocurrió con los plebiscitos convocados por el gobernador Pedro Rosselló González en el 1993 y 1998. Las consultas nunca fueron avaladas por el Congreso, lo que hacía de dichas consultas unas meras  encuestas de simpatía y en resumen una actividad partidista para medir fuerzas antes de las elecciones generales.

La más reciente de esas consultas se materializó en conjunto con la elección general en el 2012. Esta consulta impulsada por el entonces gobernador Luis Fortuño, en combinación con el Partido Independentista Puertorriqueño, dejó claro que los resultados ni la consulta tuvieron efecto alguno en la política pública de Estados Unidos sobre Puerto Rico. A pesar que la consulta no fue vinculante y que el Congreso no prestó atención a los resultados, vale destacar que hubo un reclamo masivo en contra del estatus tal y como está al momento. Los resultados de la primera pregunta de esa consulta fueron:

• Sí: 816,978 votos
• No: 958,915 votos
• Total de votos: 1,775,893
• En blanco: 65,863
• Protestadas: 13,160

En la segunda pregunta los números fueron:

• Estadidad: 824,195 votos
• Independencia: 74,812 votos
• ELA Soberano: 449,679 votos
• En blanco: 480,918
• Protestadas: 18,357

Al evaluar estos resultados vemos que no sólo la mayoría de los puertorriqueños repudian el estatus actual, sino que demanda la soberanía para Puerto Rico en sus distintas variantes.

La propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus

A pesar de los resultados de está última consulta, el problema político del estatus no está resuelto. Tampoco podemos seguir apostando a falsos plebiscitos que sólo terminan siendo concursos de simpatía. Es por eso que el Colegio de Abogados de Puerto Rico lleva desde el 1962, trabajando en una propuesta que está amparada en la libre determinación del pueblo puertorriqueño y que lleva el nombre de Asamblea Constitucional de Estatus. La propuesta radica en desarrollar una instancia que sea la depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño. Dicha instancia estaría a cargo de deliberar, investigar y negociar para eventualmente traer a votación los resultados a el pueblo. Esta propuesta tiene un trasfondo histórico, iniciado por Eugenio María de Hostos, Manuel Zeno Gandía y Julio Henna al momento de fundarse la Liga de Patriotas. Esta organización se creó con representación de las tres fórmulas de estatus en debate en aquel entonces: independencia, autonomía y anexión. Parte de la intención de la Asamblea Constitucional de Estatus es sacar a los partidos políticos como actores principales del tema político del estatus. Lo que se busca es que el tema sea manejado por un órgano representativo del pueblo y no por los partidos políticos.

En 1977, el Colegio de Abogados de Puerto Rico expresó por medio de un Informe los Requisitos Procesales Esenciales para la descolonización de Puerto Rico. En dicho informe se señalaba que era indispensable que Estados Unidos renunciará a todo poder sobre Puerto Rico, transfiriéndolos al pueblo puertorriqueño. A su vez, la propuesta habla que las opciones debían venir del pueblo de Puerto Rico y que las mismas fueran libres de cualquier presión externa. El proceso debía ser supervisado por la Organización de Naciones Unidas. La propuesta del Colegio de Abogados de Puerto Rico fue ampliándose, mediante resolución recomendada a la Asamblea Legislativa el 20 de julio de 1985. La misma recomendaba consultar al pueblo puertorriqueño si deseaba convocar la Asamblea Constitucional de Estatus conforme al Artículo VII, Sección 3 de la Constitución del Estados Libre Asociado, que estipula la revisión de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Una vez consultado el pueblo, se le exigiría al Congreso de Estados Unidos iniciar un proceso de revisión, que estuviera amparado por el derecho internacional, utilizando la Resolución 1514(XV) de Naciones Unidas. Una vez más, el proceso tendría que ponderar la entrega total de los poderes soberanos al pueblo puertorriqueño y eliminar del  proceso cualquier influencia externa. Esta propuesta fue llevada al Congreso de Estados Unidos ese mismo año, en Resolución Conjunta presentada por el Congresista Ronald Dellums, pero no prosperó.

En palabras simples, la propuesta de lo que trata es de iniciar un movimiento desde Puerto Rico donde todos los sectores ideológicos se sientan representados, pero que esta vez la exigencia básica sea tener el poder político para realizar cambios reales en relación al problema colonial. Una vez, el poder resida en manos puertorriqueñas, los delegados escogidos tendrían la capacidad de negociar en igualdad de condiciones las opciones que Estados Unidos estaría dispuesto a acordar. Esas alternativas tendrían que ser opciones no coloniales, ni territoriales aceptadas en el derecho internacional.

Entre las opciones aceptadas dentro del derecho internacional podría haber un acuerdo para anexar a Puerto Rico a Estados Unidos, como un estado más. Esta decisión debería ser una por acuerdo mutuo y siguiendo el procedimiento implantado en la anexión de otros Estados. Otra de las opciones puede ser la asociación libre y democrática con Estados Unidos o cualquier otra Nación. Esta opción se basa en un  acuerdo bilateral donde cada una de las partes guarde el derecho de salir de la asociación. Es muy distante de las relaciones actuales que ha fomentado la globalización y las nuevas formas de gobierno en un mundo multipolar, donde la tecnología ha promovido la comunicación constante entre los pueblos.

Finalmente, aparece la independencia plena, donde Puerto Rico pasaría a constituirse en un estado soberano. Para muchos la opción de la independencia no es viable, ya que piensan que Puerto Rico no podría sobrevivir sin la  tutela de Estados Unidos por las dimensiones geográficas de la Isla. No obstante, ese planteamiento ha perdido vigencia al ver los sinnúmeros de acuerdos bilaterales y multilaterales en los cuales el mundo de hoy se maneja. Casos cómo los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA) y PetroCaribe, nos muestran que Puerto Rico podría iniciar procesos de trabajo bilateral y los cuales constituyen opciones reales para generar una nueva economía siendo un país libre. De igual forma, las relaciones con Estados Unidos seguirían establecidas. El hecho que gran parte de la población puertorriqueña se encuentre en Estados Unidos forzaría a ambos países soberanos a generar acuerdos especiales. Además, es iluso pensar que bajo la independencia no tendríamos acuerdos con Estados Unidos, al éste ser la primera economía de la región. Estando establecidas las opciones no territoriales y no coloniales negociadas por los delegados de la Asamblea, en Puerto Rico se trabajaría una consulta donde el Pueblo decidiría cual es la opción de su predilección.

La diferencia entre este mecanismo con los plebiscitos practicados en el pasado radica en el poder soberano para negociar entre iguales para una vez establecidas las negociaciones, pasar a la consulta del pueblo. Otro asunto trascendental es que la Asamblea Constitucional de Estatus, correría al margen de la situación política puertorriqueña, sus partidos y las elecciones generales. En otras palabras, la Asamblea Constitucional de Estatus tendrá personalidad jurídica independiente y sesionaría independientemente del gobierno y administración del Estado Libre Asociado y los intereses partidistas que todos/as conocemos.

La necesidad de terminar con el colonialismo

Terminar con el colonialismo no puede ser un asunto pasional o de mera preferencia ideológica. El tema del colonialismo ha afectado distintas instancias de nuestra vida como pueblo, particularmente en áreas sociales y económicas. Algunas de estas son:

1. las muertes y daños emocionales creados por la participación de puertorriqueños en los conflictos armados de Estados Unidos
2. la experimentación de medicamentos y armas bacteriológicas realizadas en Puerto Rico y con puertorriqueños. Ejemplos claros son: las pastillas anticonceptivas, la esterilización y el agente naranja
3. la contaminación perpetrada por la utilización de nuestros terrenos para las prácticas militares e inventos químicos
4. la falta de derechos que constituye ser considerados ciudadanos de segunda categoría en comparación con los ciudadanos de Estados Unidos
5. el control de nuestros cuerpos de agua, zonas costeras, espacio aéreo y marítimo
6. la encarcelación de aquellos que luchas por la libertad y los derechos humanos
7. el aumento del desempleo, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida por la imposición del modelo de mercado capitalista estadounidense
8. la imposición de la pena de muerte en Puerto Rico
9. el consumo de nuestros recursos naturales en virtud del cumplimiento material exigido por el mercado capitalista

Esta es una mirada superficial a los problemas generados a raíz de la imposición de un sistema colonial. Valdría la pena realizar un estudio detallado de las implicaciones secundarias y terciarias de lo antes expuesto, como sería: los efectos emocionales en las familias de soldados puertorriqueños caídos en guerras, las enfermedades y los efectos económicos producto de la experimentación de químicos en nuestras tierras, la violación de derechos humanos por causa del racismo perpetrado en diversos lugares de Estados Unidos a puertorriqueño desplazados por el problema económico en la Isla, la contaminación en los cuerpos de agua, las situaciones emocionales de familias separadas por la migración forzosa a razón del problema económico y la destrucción de una economía nativa productos de la instalación de megatiendas de sucursales estadounidenses.

El colonialismo ha provocado que no atendamos nuestros asuntos sociales de forma crítica, ya que vivimos en un estado de sumisión, sin poderes reales para solucionarlos. De igual forma, el colonialismo constituye un esquema antidemocrático, que no acepta diversidad y que parte de premisas de superioridad que fomentan conductas humanas desde ese espectro y que se refleja en la violencia institucionalizada y social que vivimos todos los días.

Al momento existen cuatro proyectos de Ley que impulsan la Asamblea Constitucional de Estatus en la Legislatura de Puerto Rico. Los mismos duermen el sueño de los justos, esto después que el Partido Popular Democrático (PPD) falló una vez más a su compromiso programático con el Pueblo al no convocar la Asamblea Constitucional de Estatus.

Durante las pasadas cuatro décadas, unilateralmente Estados Unidos ha puesto en marcha cada invento para detener la discusión seria para resolver nuestro problema colonial. El rol de los/as ciudadanos debe ser uno proactivo para que el PPD eleve a vistas públicas los proyectos de ley, cumpla con su promesa de campaña y no dejar que una vez más el gobierno de Estados Unidos imponga un mecanismo que el único beneficiado sean los bonistas, las mega tiendas y todos aquellos que sacan provecho de la desigual forma de “asociación” que tenemos.

De la misma forma, es indispensable conocer qué es la Asamblea Constitucional de Estatus para que dicho mecanismo no termine siendo un recurso jurídico dominado por abogados, sino que sea un verdadero proceso de descolonización.

Finalizo con la siguiente cita de Carmen Rivera de Alvarado: “la colonia ha sido un obstáculo constante y paralizador en el camino de nuestro progreso económico y social, y del crecimiento espiritual como pueblo”.

Atrevámonos a ser libres.

El autor es trabajador social y coordinador del proyecto CAUCE/UPR-Río Piedras.

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descolonización, La Asamblea Constitucional de Estatus, Puerto Rico

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.