Diálogo UPR | Aseveraciones inexactas respecto a la huelga

6 de julio de 2010 Por Diálogo Opinión

SOBRE EL AUTOR

Diálogo

Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.

El artículo publicado el 1ro de julio en “Caribbean Bussiness PR” por el ex-gobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló (“What happened at UPR”) está plagado de insultos los cuales no dignificaré mediante comentario alguno. Sin embargo, es imperativo comentar aseveraciones inexactas con respecto a la huelga de estudiantes de la U.P.R. En primer lugar, esta huelga no fue producida por un alza en la matrícula, sino por la eliminación de exenciones de matrícula a estudiantes de honor, atletas y artistas que representan a la universidad en competencias locales e internacionales.

Las universidades del Estados Unidos continental reconocen a sus estudiantes destacados con mucho más que exenciones. El tratamiento de lujo que reciben sus atletas es bastante conocido e incluye desde exención de matrícula hasta hospedaje, dietas y pago a tutores para compensar por la gran cantidad de horas que estos atletas dedican a su entrenamiento afectando a veces su rendimiento académico. Reciben todos estos beneficios porque aportan al espíritu y prestigio de las universidades que representan. Nuestros estudiantes dan el todo por el todo al entrenarse para representar a la U.P.R. bajo terribles condiciones. El gimnasio de nuestro recinto carece de equipo adecuado y nuestros atletas tienen que pagar de su propio bolsillo para acceder a lugares donde puedan entrenar convenientemente. Tampoco se les otorga ningún estipendio para dietas ni para pagar a tutores que los ayuden a compensar por las clases que pierden al salir a representarnos durante el periodo académico.

¿Sabe usted que el coro de la U.P.R.-Río Piedras ha ganado competencias internacionales en Europa compitiendo con universidades mucho más ricas que apoyan a sus alumnos con muchísimo más que una exención de matrícula? Ni hablar de los estudiantes de honor. La tradición de otorgar exenciones de matrícula a estudiantes pertenecientes al 5% más alto de su clase fue implementada hace aproximadamente diez años en el estado de Georgia para retener a los más brillantes. La legislatura aprobó otorgar becas completas al 5% más alto de cada escuela superior para evitar el robo de cerebros al percatarse de que, al enviar a la mayoría de los mejores alumnos al Noreste y la costa oeste de Estados Unidos, estaban quedándose con las peores inteligencias para servir a su comunidad y gobernar en su propio estado. Brillante idea del sur de Estados Unidos que deberíamos haber mantenido en lugar de eliminarla de nuestro sistema universitario mediante la Certificación 98.

Entiendo que vivimos en medio de una crisis financiera mundial que afecta el presupuesto de Puerto Rico en todos los niveles. Tal crisis hay que atenderla, sin embargo, con una madurez e inteligencia de la cual ha carecido la más alta administración de la U.P.R. Cuestiono vehemente el intento de detener una crisis financiera de carácter global derogando las exenciones que nos permiten atraer y retener algunos de los estudiantes más brillantes. Puede que estos estudiantes no representen a la mayoría, pero son valiosos porque poseen el potencial de sacar a nuestro país adelante. Son los artistas, atletas, médicos, científicos, abogados, periodistas y empresarios de mañana. Los necesitamos aquí para pensar estrategias globales que permitan resolver los problemas locales. No nos podemos dar el lujo de atajar una crisis financiera desarticulando la herramienta básica para retener parte de esos cerebros en casa.

Quiero añadir que si la rectoría, la presidencia o la Junta de Síndicos hubiese hecho los cálculos matemáticos y se hubiese sentado con los estudiantes a tiempo, probablemente hubiesen podido evitar que se hubiese desencadenado una huelga de once recintos. Hasta las “cheerleaders” (porristas) se fueron en huelga, cosa nunca antes vista ni oída en la historia de las huelgas universitarias de esta isla. Si bien los estudiantes decretaron una huelga, al ordenar un cierre patronal con más rapidez que inteligencia, la administración impidió que se entablara el protocolo normal para que los científicos continuaran trabajando en los laboratorios y los profesores pudieran reunirse para servir como mediadores en este conflicto. Ni la facultad ni el senado fueron convocados o consultados por la rectoría o la presidencia. Nos marginaron desde el comienzo como si no formáramos parte de un conflicto que nos afectaba a todos. Por el contrario, recurrieron a la corte sin intentar resolver el problema a nivel local en consulta con todos los miembros que componen la comunidad universitaria. Aún más, después que acordaron derogar la Certificación 98 que restablecía las exenciones de matrícula a estudiantes de honor, atletas y artistas, la Junta de Síndicos propuso una cuota de $800 para todos los estudiantes para ser implementada a partir de agosto de 2010. Seguramente tanto la Junta de Síndicos como el presidente estaban al tanto de que los aumentos de la Pell Grant sólo serán efectivos a partir del año académico 2011-12. ¿Qué motivación tenían para implementar una cuota ANTES de que los fondos federales estuvieran al alcance de los estudiantes? Esta solución rápida y fácil, realizada sin consulta alguna con los miembros de la facultad, tenía el único propósito de provocar a los estudiantes. La facultad podía haber propuesto otras medidas alternativas para solventar la crisis financiera. ¡Qué pena que arrojaran nuestros cerebros afuera de los portones de la U.P.R. sin siquiera intentar consultarnos!

Hay otras inexactitudes en el artículo del ex–gobernador Romero Barceló. Para dar solamente un ejemplo, aunque menciona que el 70% de nuestros estudiantes recibe Pell Grant, no explica que dichos fondos son solamente disponibles para estudiantes cuyo ingreso familiar ronda alrededor de $37,000 al año o menos. Aparte de que dicho ingreso es precario para sostener una familia en una isla cuyo costo de vida es altísimo, los estudiantes que reciben el máximo de $5,5000 de la Pell Grant provienen de familias cuyos ingresos ni lejanamente se acercan a $35,000 al año. Aún más, nuestros estudiantes graduados pagan el triple por cada clase con su propio sudor y trabajo, sin recibir ningún tipo de ayuda federal que los libere del endeudamiento de un préstamo bancario en un momento álgido en que los bancos no prestan tan fácilmente a personas sin previo historial de crédito. En resumen, esto nos deja con un 30% de estudiantes entre los cuales sólo un pequeño número puede sin duda pagar los aumentos institucionales de matrícula que fueran necesarios para balancear el presupuesto universitario. Hay que considerar, sin embargo, que los estudiantes de la pequeña clase media cuyo ingreso familiar ronda entre los $50,000 al año, no cualifican para la Pell Grant. Dada la situación precaria de estos estudiantes de clase media, durante el año académico 2009-10, las universidades de la Ivy League decidieron otorgarle exención a todo estudiante admitido con ingreso familiar de $50,000 o menos. Si bien es cierto que se trata de universidades sumamente ricas, esta medida se llevó a cabo justamente en el momento en que sus fondos estaban sufriendo la caída de la bolsa en Wall Street. Sin embargo, buscaron la manera de atraer y retener estudiantes brillantes cuyos ingresos familiares eran demasiado altos para obtener Pell Grants, pero demasiado bajos para poder financiar estudios universitarios.

Es también inexacto argumentar que la huelga estudiantil de la U.P.R. impidió que muchos estudiantes fueran admitidos en las escuelas graduadas de las universidades de Estados Unidos. Primero que nada, las solicitudes de ingreso a escuelas graduadas debían ser enviadas en diciembre de 2009, cuatro meses antes de que comenzara la huelga. Mis estudiantes fueron aceptados en Berkeley, Harvard, Yale, Cornell, Columbia. Universidades como Berkeley y Cornell les enviaron cartas inmediatamente garantizando que mantendrían sus aceptaciones y que les extendían hasta diciembre de 2010 la fecha límite para presentar la evidencia de obtención del grado de bachillerato. Gracias a la mediación del ex–juez López Oliver, nuestros estudiantes culminarán su bachillerato en agosto de 2010, con tiempo suficiente para comenzar sus clases graduadas en septiembre y octubre en universidades norteamericanas. En consecuencia, tengo que concluir que los estudiantes que no pudieron continuar estudios graduados en universidades de Estados Unidos continental son aquellos que no fueron aceptados en tales instituciones universitarias o nunca llegaron a someter sus solicitudes de ingreso. ¿Serán estos los estudiantes de los cuales Romero Barceló está preocupado?

Concluyo recordando que 15,000 empleados gubernamentales perdieron sus trabajos a raíz de la implementación de la Ley 7 promulgada por la legislatura de Puerto Rico. Dicha ley le quitó a la U.P.R. el acceso a los fondos recaudados por los impuestos de I.V.U. Debido a la pérdida de 15,000 empleos, no esperamos recibir una cantidad considerable de dinero proveniente de las fuentes de impuesto restantes. Bajo esta penosa circunstancia, es vergonzoso que el ex–gobernador afirme que se añadieron cuatro miembros adicionales a la Junta de Síndicos con el solo propósito de acallar a una junta supuestamente liderada por miembros del P.P.D. Este argumento no está ni a la altura de las circunstancias ni de un discurso académico. Si el ex–gobernador Romero Barceló quisiera elevar la U.P.R. al mismo nivel de universidades norteamericanas comparables, estaría hablando de incluir estudiantes y profesores en la abierta discusión sobre estrategias para resolver nuestra crisis presupuestaria. Si esto fuera posible, quizás la Junta de Síndicos podría asumir un rol similar al que llevan a cabo sus contrapartidas en los Estados Unidos continental: allegar fondos sin parcialidad política alguna.

Quiero añadir, además, que afirmar que los ciudadanos de Puerto Rico no pagan impuestos federales de los cuales obtienen los Pell Grants es también inexacto. Nosotros pagamos impuesto federales, nuestro hijo no recibe Pell Grant y estoy orgullosa de vivir en un país en el cual estudiantes de escasos recursos defienden el acceso a la educación superior, mientras otros jóvenes optan por vías sumamente peligrosas para obtener ingresos. El camino fácil lleva a nuestros jóvenes a la tumba o a la cárcel, mientras los contribuyentes terminamos gastando más en su estadía en las prisiones que lo que invertimos en cada estudiante que opta por seguir estudios universitarios para salir de la pobreza y contribuir positivamente a la sociedad. Honorable Romero Barceló, nuestros estudiantes no solicitan Pell Grants para comprar drogas. Desafortunadamente, ese mercado es ampliamente financiado por quienes criminalizan a nuestros estudiantes en lugar de acrecentar los medios para que se conviertan en miembros productivos de nuestra sociedad.

Original en inglés

Former Governor Romero Barceló’s article about the U.P.R. students’ strike is full of insults that I will not dignify to comment about. However, there are certain inaccuracies that need to be addressed.

First of all, the student’s strike was not caused by a tuition raise, but by the elimination of tuition exemptions to honor students, athletes, and artists who represent our university both in local and international competitions.

Universities in main land U.S.A. recognize these high achievers with far more than just tuition waivers. The luxury treatment received by athlete students in mainland U.S.A. is well known. It usually includes tuition, room and board, and even tutoring to compensate for the limited time left to study given the high amount of time these students spend receiving athletic training. They receive all these benefits because they give pride and spirit to the specific colleges they represent. Our students work hard to train every single day under terrible conditions to be able to represent their university to the fullest extend. Since our campus has a gym with limited equipment, our athlete students usually pay access to other gyms out of their own pockets. They don’t receive any stipend to pay for tutoring in order to compensate for the class time missed while representing our university.

Do you know that the UPR-Río Piedras’s choir has won international competitions in Europe against colleges with far more resources and support for their students? Far more support than a tuition fee waiver. Our students represent us with pride and professionalism during every competition. What about the honor students? The tradition of giving fee waivers to students at the top 5% of the class was implemented around 10 years ago by the state of Georgia. In order to retain the smartest brains in town, the legislature approved a measure to grant full scholarships to every high school student who graduates at the top 5% of their class. It was approved because they figured out that sending all the bests students to very wealthy colleges at the North East or West Coast left them with very few smart people to work with locally. Wasn’t that a smart idea?

I understand that there is a financial crisis that needs to be addressed worldwide. However, I question the particular form in which the U.P.R. administration has addressed the problem. As a U.P.R. professor, I want to attract and retain high quality students. Those students might not represent a majority, but they are precious to us because of their potential to move this country forward. We need them here. They are the artist, athletes, doctors, scientists, lawyers, journalists, and businessmen of tomorrow, and they are more likely to stay here to work for us.

I want to add that if the chancellor, the president, and the Board of Trustees would have sat with the students and done the math on time, they would have most likely been able to avoid a strike altogether. The administration rushed to order an administrative shut down of the whole campus. If the students were on strike, the administration refused to allow a protocol by means of which scientist could enter their labs, and professors could meet in order to work as mediators of the conflict. Neither the faculty senate nor the faculty at large were ever called or consulted by the chancellor or the president in order to get our input. Instead, they decided to take the students to the court without any intention to solve the problem at the local level. Moreover, once they agreed to give back the tuition fee waivers to athletes, artists and honor students, the Board of Trustees presented a new fee of $800 to be implemented in August 2010. Both the Board of Trustees and the President knew very well that the Pell Grant will not be raised till 2011. Why then, were they implementing a quota to be effective before the students had the available funds? This quota had no other purpose but to further provoke the students. This “easy fix solution” was proposed without consulting the faculty. We have ideas and knowledge that could have helped to avoid all this mess. What a pity we were never asked!

There are other inaccuracies in former Governor Romero Barceló’s article. For instance, although Romero Barceló explains that 70% of our students receive Pell Grants, he does not explain that this fund is only available for students whose family’s income is around or under $35,000 a year. Puerto Rico is a very expensive island. Moreover, students who receive the maximum Pell Grant of $5,500 are not the ones at the maximum family income of $35,000, but those whose family’s incomes are extremely limited. More over, our graduate students pay three times the amount of money per course credit and they pay out of their pockets. In short, if it is true that 70% of our students receive Pell Grant, that leaves us with 30% of students out of which some might be able to afford any raise, but some might not be able to continue studying at the graduate school. On top of that, students who belong to the little middle class with an income of $50,000 a year do not qualify for Pell Grants at all. Given the bad situation of these middle class students and their inability to get Pell Grants or even jobs, during the year 2009-10 most of the Ivy League colleges decided to provide tuition wavers for students with a family income of $50,000. Of course, those are wealthy institutions with a lot of money, but when their funds were heavily affected by Wall Street, they still found other ways to make college affordable for bright middle class students whose family’s income was too much to get Pell Grants, yet too little to pay for college.

It is also inaccurate to say that the strike affected students who intended to continue graduate studies in main land U.S.A. First, applications to graduate schools were supposed to be sent before December 2009. My students were admitted to Harvard, Berkley, and Cornell by early February 2010, and the strike started in April. Furthermore, those universities contacted our students offering them to complete their B.A. and submit their diplomas from U.P.R. by December 2010. Thanks to the mediation of former judge López Oliver, our students will be completing their semester by August 2010. Since American universities don’t start till mid September or October, I have to conclude that the students that were not able to continue studying at the graduate level were those who were not admitted to any program or did not send their applications at all. Are these the students that Romero Barceló is referring to?

I will conclude by explaining that it is well known that over 15,000 government workers lost their jobs because of a special law (Ley 7) enacted by the legislature of Puerto Rico. That law disabled the university from receiving money from IVU taxes. With the loss of 15,000 jobs, we are not expecting a higher amount of money from the main tax sources either. Under this circumstance, it is a shame that former governor Romero Barceló is talking about adding four more members to the Board of Trustees with the sole purpose of suppressing the opinion of the “popular party members.” That’s not a well-rounded academic thought. If former governor Romero Barceló wanted to elevate the UPR system to the same level of the state universities in mainland U.S.A., he would be talking about including students and professors in the open discussion of strategies to solve our budget crisis. If that were possible, perhaps the Board of Trustees could take on a similar role to that which has been observed by their counterparts in mainland U.S.A.: fund raising with no political bias.

In addition to my previous words, it is a misguided assumption to believe that no Puerto Rican citizen pays Federal Taxes. I do pay Federal income tax, my son does not receive Pell Grant, and I am proud to live in a country where low income students still fight to have access to college education, while others take the easy way out to make money. While the easy way leads many young people to jail or to their early grave, tax payers end up paying more for their stays in prison than for every single student who chose to go to college in the hope of getting out of poverty and contributing to society at large. Former Governor Romero Barceló: students do not apply for Pell Grants to buy drugs. Unfortunately, that market is broadly funded by those who criminalize students instead of trying to help them become productive members of society. La autora es profesora del departamento de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico (UPR).