La jueza Elizabeth Linares determinó ayer que las vistas preliminares contra Juan Ramírez Silva, Juan Varona Echeandía y Yanaira Vázquez Cruz, exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que enfrentan cargos por un esquema de fraude del programa CRECE-21, se vieran por separado.
El programa Certificación y Re-Certificación, mejor conocido como CRECE-21, se estableció entre la UPR y el Departamento de Educación (DE) para adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento bajo la presidencia de Miguel Muñoz (2011-2013).
La decisión se tomó luego de que los abogados de la defensa y el Panel de Fiscales Especiales Independientes (PFEI) conversaron en el despacho de la jueza por un período de 30 minutos.
La determinación se da tras plantearse con anterioridad que los casos debían verse individualmente, ya que el PFEI presentó los cargos de los cinco acusados por separado. Entre los acusados, también figuran Jonathan Ramírez, hijo del exrector de la UPR en Arecibo y la excoordinadora del programa CRECE-21, Ada Liz López.
Asimismo, se decidió realizar un status conference en el que deben estar presentes todos los implicados para presentar prueba exculpatoria el 2 de noviembre.
Juan Ramírez Silva es exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor del Departamento de Biología. Varona Echeandía es exrector y profesor de la UPR en Cayey en el Departamento de Pedagogía. Vázquez Cruz es exrectora de UPR en Utuado. Esta última, ya no labora en el sistema UPR, según comunicó a Diálogo.
Para Vázquez Cruz la vista está pautada para los días 27,28, 29, 30 de noviembre.
El exrector de la UPR en Arecibo está citado para el 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre a la 1:30 p.m. junto a Ramírez Pérez y Ada Liz López. El exrector de la UPR en Cayey tendrá su vista el 5 y 6 de diciembre.
El trío de exrectores de la UPR enfrentarían cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental, apropiación ilegal agravada, fraude y malversación de fondos públicos.
El esquema consistió en defraudar al programa CRECE-21 con compras que realizaban los acusados para su uso personal, pero haciendo creer –mediante falsificación de documentos y ayuda de empleados del hotel Caribe Hilton– que estas estaban relacionadas con los talleres de certificación para maestros realizados en la hospedería.
Las compras incluyeron servicios de spa, cenas en restaurantes, gastos en barras, pago de habitaciones, compra de ropa y calzado de marcas reconocidas, fiestas, y productos para la piel y el cabello, entre otras.
El Departamento de Justicia estimó que $73,000 fueron malversados como parte de los hechos ocurridos entre junio del 2011 y noviembre del 2012. Los cargos fueron presentados por los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, del Panel de Fiscales Especiales Independientes.
