Los bancos provocaron la crisis que hoy enfrentamos. Problematizar este asunto ahora nos puede dar pistas al elaborar una estrategia para enfrentar el empantanamiento intelectual donde se encuentran nuestros líderes políticos. Sencillamente les cuesta reconocer que la ambición, deshonestidad y especulación financiera de los banqueros fue el telón de fondo de esta crisis. También, que la responsabilidad mayor de lo acontecido va mas allá de las debilidades humanas de los protagonistas en ese sector y reside en la forma en que funcionan los bancos y otras instituciones financieras, específicamente en su modelo empresarial que está diseñado para evadir y repartir los riesgos de sus transacciones financieras. Modelo que se corrompió en la medida que se orientó a escaparse del pago de impuestos a través de objetos de prestación, anticipadamente exentos de tributación, catalogados como seguros y no como transacciones económicas ordinarias, lo que eran en realidad. Es precisamente ese modelo empresarial el que resultó en la burbuja inmobiliaria que finalmente acabó la liquidez de estos prestamistas. Lo más escandaloso, es que éstos le han adjudicado la responsabilidad de sus actos a los Estados, de manera que se les condene por haber gastado demasiado en políticas de seguridad social y haber acumulado una enorme deuda pública.
He dicho, que es un mito que la crisis fuera causada por “excesivos desembolsos del sector público”, eso en Puerto Rico como en el resto del mundo. Ciertamente, los gobiernos comparten cierta culpa: (1) al liberalizar la legislación financiera de manera que se permitiera que el sector privado sobrepasara su capacidad de pago con la solicitud de sus préstamos y causara que los bancos perdieran el control de sus reservas, en un afán de dinero fácil y ganancias astronómicas inmediatas y (2) al Estado proveer, con el dinero de los ciudadanos y sin su consentimiento, una serie de rescates de naturaleza inmoral para evitar que estas instituciones financieras se fueran a la quiebra después de sus desenfrenadas acciones.
Ahora bien ¿quién ha pagado por esos rescates (del Banco Popular, por ejemplo, y entre otras instituciones, al que el Tesoro de los Estados Unidos le prestó un billón de dólares al 0% de interés para que hiciera negocios con nosotros, prestándonos a un mayor interés de lo acostumbrado) y procesos de recapitalización? En un mundo justo, serían los beneficiados por estas políticas de rescate quienes desembolsaran más dinero por esas ayudas. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario, somos todos los ciudadanos en general y específicamente los trabajadores y trabajadoras asalariados los que hemos recibido la carga de pagar por el despilfarro (lo que el irlandés Mark Blyth llamó la “mayor táctica engañosa de la historia moderna” en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford University Press, 2013 y que me sirvió de inspiración para elaborar este artículo). Esto mientras observamos como se le quitan los servicios sociales a la gente más necesitada y se envía al desempleo a toda una generación de jóvenes y nuevos profesionales que no conocen la estabilidad laboral.
Mayor expresión de amoralidad mórbida es la prolongación del rescate bancario y otras ventajas a este sector y otras empresas multinacionales a costa del mantenimiento de políticas y medidas de austeridad que más que una solución representan una agudización del problema de distribución social de las riquezas. Por años, se nos ha inculcado el valor moral que significa que el deudor debe pagar sus deudas y que si tiene deudas, debe dejar de gastar. El problema surge, cuando le adjudican la responsabilidad al que no ha gastado y por lo tanto está libre formal, objetiva y moralmente de la responsabilidad directa de la deuda. Siendo de ese modo, la misma sensibilidad moral debe conducirnos a cuestionar el pago de una deuda, si eso va a causar más perjuicio al más pobre y desposeído por el capital.
¿Cómo es que nuestro gobierno insiste en aplicar unas políticas de austeridad que han propiciado una mayor evitación de impuestos por parte de los más ricos y todo lo que ha generado en la última década es más deuda pública, mayor desempleo crónico, inestabilidad laboral y la destrucción del producto interior bruto de Puerto Rico? ¿Cuánto ha ganado Puerto Rico y los trabajadores(as) en particular al insistir nuestros gobernantes en auspiciar una competitividad ficticia y descarnada para cualquier fin social que no sea lograr que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres? Ello especialmente, si esa competitividad se fundamenta en reformas laborales conservadoras, inseguridad laboral, reducción salarial y toda una retahíla de acciones gubernamentales contradictorias para la reproducción del mismo sistema capitalista impulsado socialmente y que en definitiva provocan que descienda la demanda de productos internos e importados y el consumo en general.
Sin duda, la propuesta gubernamental suma cero, se le quita a los pobres y se les da a los más ricos y poderosos, lo que no resolverá el desequilibrio de la distribución de la riqueza que sufre nuestro país. Así se concluye erróneamente que es necesaria una reforma laboral profunda que adecue la legislación social para aminorar los severos efectos de la crisis. En definitiva, ideológicamente se crea una propaganda que dice buscar el bien general y que esto es posible si se reequilibra la distribución de poderes entre los trabajadores y los patronos. Obviamente, este experimento social termina ampliando los derechos y el poder de los últimos.
En fin, no es caprichoso argumentar que todas esas reformas laborales que se producen inducidas por crisis económicas, terminan desregularizando el mercado de trabajo, propiciando una mayor flexibilidad laboral y limitando el impacto de las instituciones ius-laboralistas y pro-obreras en las relaciones laborales. También, incluyen una reformulación hacia un nuevo Derecho del Trabajo ajustado, y que relativiza sus postulados por razón de la crisis económica, para “dis” que favorecer el aumento de las tasas de empleo a través de una menor reglamentación de la legislación laboral. Esa es la verdadera cara de los medidas de austeridad en la actualidad, un esfuerzo de los poderosos que dominan la sociedad por salvar a los poderosos bancos, inversionistas y bonistas, aunque el precio a pagar sea comprometer el porvenir económico de todos los que formamos parte de este archipiélago que está tan lejos de Dios y tan cerca del poder hegemónico de los Estados Unidos de América.
El periodo de fluidez dineraria ha acabado y con esto el modelo de negocio bancario que disfrutó tanto de acumular las riquezas patrias y entorpeció nuestro desarrollo económico nacional. Es necesario redefinir el rol de las instituciones financieras en el futuro cercano. Si queremos hablar de reformas estructurales en serio, comencemos por los responsables de la actual crisis. A los bancos hay que reprimirles su liberalidad y hacerlos más sensibles y responsables de una inversión no especulativa y solidaria. Nada menos deberíamos aspirar.
El neo-conservadurismo que evocan las políticas públicas de ajuste que nos propone la actual administración son una insistencia tonta de políticas neo-liberales que ya han fracasado en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América y la Euro-Zona. Es tiempo que los extremistas neo-liberales dejen de insistir en que el Estado/Gobierno es responsable de todas las calamidades económicas y acepten la responsabilidad que producen las medidas de austeridad que de tiempo en tiempo impulsan como el estandarte que conduce a la senda del crecimiento y el empleo. Mientras los poderosos y su representación política crean que la austeridad funciona y perciban estas ideas como ciertas seguirán intentando prosperar por esa vía equivocada. El problema es que nosotros, el pueblo, creamos en esos cuentos de hadas.
A continuación los enlaces de todos los artículos de la serie.
Guayamés y Catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, destacado en la Facultad de Derecho de la UCM–Madrid y el Departamento de Sociología del Trabajo II del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, ambos en España.
