Apenas unos días luego de ser electo como gobernador, en noviembre de 2008, Luis Fortuño nombró como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al exejecutivo del Banco Santander Carlos García. Cinco años más tarde, García está sentado en la Junta de Control Fiscal (JCF) junto a José Ramón González, quien presenta la misma combinación: fue ejecutivo de Santander y presidente del BGF, que es el banco, agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias.
Como miembros de la JCF, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, García y González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.
Los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) están en el primer lugar del “Top 10 Holdings” del fondo de Santander llamado “First Puerto Rico Tax Exempt Fund”, lo que representa un 36.27% del total de valores en esa cartera, donde hay también notas de la Compañía de Comercio y Exportación (2.86%), según el más reciente informe de Santander Asset Management.
Durante su presidencia en el BGF, García nombró en puestos de envergadura a al menos seis exejecutivos de Santander: David Álvarez, ayudante especial de García, quien fue analista senior y consultor económico en Santander Securities; Juan Carlos Batlle, miembro de la Junta de Directores del BGF, quien antes de ser funcionario público era vicepresidente senior de Santander, director del Grupo de Banca de Inversión, primer vicepresidente senior, presidente y primer oficial ejecutivo de Santander Asset Management Corporation y director gerencial de Santander Securities.
También nombró a Jesús F. Méndez, vicepresidente ejecutivo y director de administración, operaciones y contraloría del BGF, quien fue presidente de Santander Asset Management, primer vicepresidente ejecutivo senior y director general de Santander Securities; a William Lockwood, vicepresidente ejecutivo del BGF, que fue consultor de Santander; a George Joyner, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, quien fue presidente de Santander Mortgage Corp; e Ignacio Canto, nombrado en 2010 como tesorero del BGF, y que trabajó para Santander como manejador de porfolio.
Luego de renunciar a la agencia de gobierno en 2011, García regresó a Santander, esta vez a Santander Holdings USA. Fernando Batlle, vicepresidente ejecutivo de financiamiento, segundo cargo en jerarquía en el BGF y quien renunció a la misma vez que García, fue contratado el mismo año como director ejecutivo y vicepresidente de Santander Securities en Puerto Rico. García fue sustituido como presidente del BGF por el hermano de Fernando Batlle, Juan Carlos Batlle.
Desde el 2 de enero de 2009, García solicitó una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre posibles conflictos de interés que pudieran surgir en el BGF por su trabajo previo con Santander. También solicitaron consulta a la OEG Fernando y Juan Carlos Batlle, e Ignacio Canto, algunos por su trabajo previo y otros por los puestos que interesaban ocupar una vez dejaran el BGF. En ningún caso la directora de la OEG, Zulma Rosario, encontró conflictos de interés en la información que fue sometida por los funcionarios.
Durante la presidencia de García en el BGF, cuando además era el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura, Santander Asset Management obtuvo un contrato de $270,000 por servicios técnicos con el Sistema de Retiro.
La puerta giratoria entre Santander y el BGF
Un informe publicado esta semana por la organización Hedge Clippers, sostiene que “Santander, banco que opera en Puerto Rico desde el 1976, ha jugado un papel crucial en estructurar y aprovecharse de la deuda de Puerto Rico a través de una puerta giratoria con el Banco Gubernamental de Fomento”.
Foto por Juan Costa | Centro de Periodismo Investigativo
José Ramón González, integrante de la Junta de Control Fiscal
“Bajo la dirección de González y García, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública. En 2004 Santander ayudó a emitir sobre $6.1 mil millones en bonos, incluyendo $1.2 mil millones de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico”, dice el informe.
El informe detalla que Santander participó en al menos 90 transacciones donde fungió como administrador (underwriter) de emisiones de bonos de obligación general, bonos de COFINA, del BGF y sus subsidiarias, la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de pensión, el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, Vivienda, Hotel y Turismo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y otras entidades gubernamentales.
“García y un grupo de exejecutivos de Santander implementaron en el BGF un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico. Ese grupo facilitó la creación y la distribución de transacciones de bonos que contienen características que algunos expertos han denominado como ‘depredadoras’ y las que Santander obtuvo ganancias”, añade el informe.
¿Estos ejecutivos tenían alguna comisión?, preguntó el CPI a los dos investigadores del informe llamado “Piratas del Caribe: Como el control de Santander sobre el BGF empeoró la catástrofe fiscal para los puertorriqueños”, Edward Keyser y Molly McGrath, de la federación estadounidense de organizaciones sindicales AFL-CIO.
“Sí. Como altos ejecutivos habrían recibido compensaciones de rendimiento por la rentabilidad del banco”, respondieron.
Además de ejecutivo en Santander, García era accionista de ese banco y entre 2006 y 2008 obtuvo bonos de productividad por $1,150,000, según un documento de la Comisión de Intercambio de Valores (SEC) revisado por el CPI.
El CPI también solicitó a Cedeño hace varios días los informes de divulgación financiera (“financial disclosure”) y conflicto de interés que se supone hayan sometido los siete integrantes de la junta durante su proceso de evaluación por parte del Departamento del Tesoro federal, según exige la ley “PROMESA”. Sin embargo, los mismos no han sido entregados por Cedeño. Estos documentos, que según la ley “Promesa” debieron ser radicados hace más de dos meses en la Oficina de Ética federal, no han sido sometidos allí, según confirmó al CPI un portavoz de prensa de la agencia, quien además insistió en que los documentos debían ser requeridos a la junta directamente. La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico había dicho en septiembre al CPI que no tenía jurisdicción sobre los integrantes de la Junta de Control Fiscal ya que estos no son nombrados por el gobernador de la isla.
El Departamento del Tesoro federal, al solicitársele los documentos, refirió al CPI a la Casa Blanca, donde desde hace tres semanas, nadie ha respondido la petición de información.
Esta historia fue publicada originalmente por el Centro de Periodismo Investigativo.
