La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emitió una certificación recientemente para decretar un periodo de moratoria por espacio de un año para dejar en suspenso la Política sobre Cargos de Matrícula en la Universidad de Puerto Rico, según dio a conocer ayer ese organismo a todo el sistema universitario público través del correo electrónico interno de la institución.
El máximo organismo rector de la UPR indica en su comunicación que dicha moratoria se establece para “poder considerar las recomendaciones que surjan del proceso de evaluación pautado y adoptar los ajustes que se entiendan necesarios”. Asimismo, informa que la moratoria comenzará a partir de este semestre académico que inicia ahora en agosto y concluirá en agosto de 2014.
La Certificación Número 4 (2013-2014) explica que la Junta de Gobierno de la UPR acordó además constituir un Comité para la Revisión del Método de Condiciones para Establecer los Cargos de Matrícula contenidos en la Certificación Núm. 60 (2006-2007). Dicho Comité tiene la encomienda de “realizar una evaluación exhaustiva del asunto en un proceso participativo que cuente con representantes de la comunidad universitaria, así como con mecanismos que provean amplia oportunidad de discusión con los múltiples sectores de la institución”, de acuerdo con el documento emitido.
También se informó que dicho Comité estará integrado por tres profesores representantes y tres representantes estudiantiles, quienes serán seleccionados entre sus pares en la Junta Universitaria; dos rectores y un ciudadano independiente. Estos últimos serán designados por el Presidente Interino de la Universidad.
El Presidente Interino de la UPR tendrá 30 días, a partir de la emisión de la certificación, para designar a los integrantes del Comité y a su Presidente y convocarlos a una reunión inicial. El grupo tendrá hasta el 31 de marzo de 2014 para rendir un informe final con recomendaciones sobre este asunto para la consideración del Presidente de la Universidad y de la Junta de Gobierno de la UPR.
Se espera que ese comité de trabajo establezca un proceso para la participación de toda la comunidad universitaria. En la certificación se imparten instrucciones para que los rectores de las unidades institucionales “brinden la colaboración que sea necesaria para facilitar los trabajos y el diálogo del Comité con la comunidad de sus respectivos recintos”.
