El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) trató de pasar la papa caliente de dar la información sobre los bonistas que compraron la deuda del gobierno en el año 2014 a la firma Barclays, la cual actuó como administrador del libro de la oferta y líder del sindicato de suscriptores de dicha emisión de bonos, en varias mociones de desestimación que radicó la agencia para zafarse de la demanda radicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La información solicitada por el CPI al BGF desde marzo, y mediante una demanda desde julio, permitiría conocer cuáles son las compañías que compraron bonos de obligación general en lo que se ha catalogado como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia, y cuál es el perfil de las mismas o el rol que han tenido en procesos similares de crisis fiscal en otros países o en estados.
El BGF insistió, en lo que serían ya tres intentos de desestimación, en que la información sobre los bonistas compradores de la deuda emitida en marzo del 2014 no es información pública ni está en manos de la agencia, sino de Barclays.
“En la medida en que el CPI no está solicitando un documento público y que la información requerida está en manos de terceros y no del BGF, el BGF no tiene un deber ministerial de producirla”, dice la moción presentada el 11 de agosto por la licenciada Giselle López Soler en representación del Banco.
“Sería irrazonable ordenar al BGF a utilizar sus recursos para obtener la información pretendida por el CPI, cuando el CPI ya ha sido advertido de la fuente de dicha información”, continúa el documento.
El CPI solicitó a Barclays la información, pero la firma dijo mediante su portavoz Mark Hazelton, que “generalmente no provee esta información” y sugirió al CPI que la buscara en el Sistema Electrónico de Acceso al Mercado Municipal (EMMA en inglés) que es gestionado por la Junta Reguladora de Bonos Municipales (MSRB en inglés). El CPI siguió la recomendación de Barclays, a pesar de que ya había hecho este ejercicio meses atrás.
El resultado: la página de EMMA no tiene esa información, y así lo confirmó Jennifer A. Galloway, principal oficial de comunicaciones de MSRB. Añadió que: “Las leyes de valores federales no requieren a emisores de valores o aseguradoras municipales revelar la identidad de los tenedores de bonos. El reglamento de la Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) y otras leyes federales rigen ciertas divulgaciones de información relevante para los inversores en bonos municipales, información que sí está disponible en la página web del MSRB: EMMA”.
En resumen, el BGF dice que no tiene la información sobre la deuda que emitió, sino que la debe tener Barclays. Barclays a su vez dice que no divulga esa información, que se debe conseguir en la base de datos de EMMA. Esta última no tiene la información, según comprobó el CPI.
En julio, Melba Acosta, presidenta del BGF, se entrevistó con el CPI y ante los cuestionamientos sobre la información dijo: “El BGF no tiene esa información, porque acuérdate de que cuando se emite la deuda original, el BGF sabe quién la compra pero esa deuda se sigue revendiendo y eso quien tiene la información son los brokers y la gente que la sigue vendiendo. Yo estoy segura de que hay forma de conseguirla”.
Pero, ¿ustedes tienen la información de quiénes compraron la deuda original de la emisión de 2014?, cuestionó el CPI.
“Bueno, habría que ver…”, contestó la funcionaria.
Más tarde, durante la misma entrevista, Acosta se contradijo.
Y esos que compraron la deuda original, ¿esa lista sí la tiene?
“Yo asumo que Barclays, que fue la firma grande, es quien los tiene, porque fue quien estuvo a cargo de la transacción”.
Y el BGF tiene derecho a pedirle eso a Barclays, ¿no?
“Lo pudiese pedir, sí”.
El CPI réplica en la nueva solicitud de desestimación al BGF que “es deber del BGF poner a disposición de los promoventes toda la información que tiene en su poder y que le ha sido solicitada independientemente de que la información esté contenida en un documento particular e independientemente de que la información esté en su control directo o en su control indirecto a través de sus agentes o contratistas o de cualquier ente que esté siendo utilizado por el BGF para el manejo de dicha información pública”.
Además, el abogado del CPI, Osvaldo Burgos, indicó en la réplica que “el BGF no rebatió de forma alguna los planteamientos de la parte peticionaria a los efectos de que tiene un deber ministerial de proveer la información que le ha sido solicitada. Tampoco ha logrado demostrar de forma alguna que proveer acceso a la información solicitada por la parte compareciente sea oneroso para el estado”.
El BGF sometió una nueva moción en la tarde del lunes volviendo a solicitar la desestimación de la demanda, donde repite los mismos argumentos ya esbozados en la anterior.
“El gobierno le dijo a sus ciudadanos que este proceso de negociación de la deuda sería transparente, pero se niega a revelarles quiénes compraron la deuda pública. ¿Por qué se oculta esta información? ¿Qué confianza podemos tener en este proceso, si se maneja a oscuras? El gobierno espera que creamos que no sabía a quién le vendió en 2014. El emisor de deuda, que fue el BGF, debe tener la información, pues tiene que emitir pagos. Si no, ¿con qué legitimidad entonces se está reuniendo y negociando con estas firmas, si alegadamente no sabe si tienen o no bonos del gobierno? Es absurdo y es insostenible”, reaccionó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
El acuerdo de compra
Como parte de la petición para desestimar la demanda, el BGF hizo público como anejo el contrato de compra de bonos de 2014 (anejo).
El BGF alega que “según típicamente se estructura este tipo de transacción, el BGF contrató con los suscriptores que aparecen en el ‘Purchase Contract’ y otrogó un descuento en el precio de venta a dichos suscriptores por su gestión de mercadeo y de reventa”. Añade que “esta es la manera tradicional en que se estructuran las transacciones de emisión y venta de bonos gubernamentales”.
El documento denominado “Purchase Agreement” que reveló el BGF es un contrato de compra de los Bonos de Obligación General dirigido a la secretaria de Hacienda, en ese momento Melba Acosta, en el cual los suscriptores de bonos (underwriters) anuncian a Hacienda que designaron a Barclays Capital como su representante y lo autorizan a ejecutar el contrato.
Los suscriptores de bonos son bancos de inversión y casas de corretaje que fungen como mediadores entre la entidad que emite los bonos y los inversionistas que interesan comprarlos, función por la que obtienen una comisión de la venta. Cuando funcionan en grupo, como en la emisión de bonos de obligación general de Puerto Rico, donde participaron 13 entidades financieras locales y multinacionales, se selecciona a una que los represente. En este caso fue Barclays Capital.
El contrato de 14 páginas, lleno de explicaciones técnicas e instrucciones sobre cómo Hacienda debía ejecutar la transacción, fue aceptado y firmado por Melba Acosta el mismo día y no contiene ningún comentario o condición del Departamento de Hacienda o del gobierno de Puerto Rico. La cláusula 5 del documento aparece como “Reserved” y no se revela su contenido.
El acuerdo establece que el precio de compra de los bonos debe ser $3,226,868,538.33, que es el principal del total de $3,500,000.00 de bonos en venta, con un descuento de $245,000,000.00 de la emisión original y otro descuento de $28,130,460.67 para los suscriptores de bonos.
El acuerdo lo firman, como suscriptores de bonos, Barclays Capital, Morgan Stanley & Co., RBC Capital, BoFA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, First Bank Puerto Rico, Mesirow Financial, Jefferies & Company, Oriental Financial Services, Popular Securities, UBS Financial Puerto Rico y Samuel A. Ramírez & Co..
