En “un acuerdo consensual” entre el gobierno, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los acreedores, la institución bancaria anunció que reestructuraría su deuda de alrededor de $8 mil millones, conforme a los parámetros del Título VI de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Financiera de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Así lo anunciaron el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, el presidente del BGF, Christian Sobrino Vega, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela Franco, en conferencia de prensa esta mañana.
“Este acuerdo es el resultado de una extensa negociación de buena fe y es una muestra del compromiso que tiene esta administración de llegar a acuerdos consensuales con los acreedores”, expresó Portela Franco.
Según los funcionarios, el acuerdo es un tipo de intercambio que le permitirá a los acreedores del BGF, tanto bonistas como depositantes, intercambiar sus acreencias por uno de tres tipos de bonos a ser emitidos por una nueva entidad municipal, según crean más conveniente.
“[Cuánto van a cobrar] depende de la opción que escojan. Hay tres alternativas. El bonista va a tener la opción de escoger la alternativa que más le favorece”, expresó Rosselló Nevares. Luego añadió que “esa cantidad puede fluctuar entre 55% y 75% del ‘face value’ [costo original del bono] y también la variación de los intereses”.
Es decir, los activos del BGF serán divididos en dos fideicomisos (o “trusts”). El primer fideicomiso crea tres alternativas para que los bonistas cobren basándose en diferentes niveles de repago de la cantidad principal, tasas de interés, prioridad de colateral y otros términos de pago.
El segundo fideicomiso trabajaría con las instrumentalidades del Gobierno. Es ahí donde se encontrarían los depósitos y préstamos públicos de corporaciones y agencias del aparato gubernamental, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
“Si bien estamos aceptando voluntariamente sostener pérdidas significativas de hasta 45% de los ahorros que puertorriqueños trabajaron, es porque primero que bonistas, somos puertorriqueños y reconocemos las circunstancias en las que se encuentra Puerto Rico”, destacó por su parte Rafael Rojo, portavoz de Bonistas del Patio.
El acuerdo de reestructuración también contempla el pago en efectivo a los municipios de la Isla, que tienen depósitos en el BGF. No obstante, según Sobrino Vega, los municipios desconocen las particularidades del convenio.
“Por razones técnicas de la negociación, no se podían ir en los detalles particulares, pero muchos de los municipios tienen una idea general de la estructura. Esa idea general de que sería un intercambio con el Banco Gubernamental de Fomento, muchos de ellos ya entendían ese concepto general”, señaló Sobrino Vega.
Cabe destacar que este acuerdo de reestructuración aún no ha sido aprobado por la Junta de Control Fiscal, ente habilitado por PROMESA. Empero, el primer ejecutivo aseguró que “el visto bueno [de la Junta] va a estar”.
“Se está trabajando” con la UPR y el BGF
La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene $91.5 millones depositados en el BGF. No obstante, durante el pasado año fiscal, el otrora gobernador, Alejandro García Padilla, firmó una orden ejecutiva (OE-10) para impedir el retiro de fondos depositados en el banco.
Del mismo modo —bajo la Ley de Moratoria— la administración de García Padilla ordenó mediante la OE-31 la suspensión en el pago de los bonos de las instrumentalidades del gobierno, para los que la UPR había separado $64 millones de su presupuesto y no ha podido desembolsar.
A preguntas de este medio, el presidente del BGF fue muy escueto en responder que en cuanto a la UPR y la reestructuración del banco “se va a trabajar una compensación contra la deuda”. Sobrino Vega no dio más detalles, pues se dirigía a una reunión de forma apresurada.
Aunque la universidad del Estado sostiene una deuda de $76.4 millones con el banco, el balance neto tras saldar la deuda con la institución financiera sería de $15 millones. Esa cantidad permanece en el BGF. A esto, Sobrino Vega se limitó a decir que “se está trabajando con eso”.
El acuerdo de reestructuración para el BGF se negoció y fue aprobado por representantes de entidades como: el Grupo Ad Hoc de Bonistas, compuesto por fondos administrados o asesorados por Avenue Capital Management II, L.P., Brigade Capital Management, LP, Fir Tree Partners and Solus Alternative Asset Management LP, cooperativas de crédito de Alianza de Cooperativas y de Grupo ES (las cuales, en conjunto, agrupan a más de 40 cooperativas de crédito); y por los Bonistas del Patio.
Durante las negociaciones, la AAFAF y el BGF fueron asistidos por O’Melveny & Myers, como asesores legales; Rothschild & Co., como banco de inversiones; Ankura Consulting Group, como asesor financiero; y Bank of America Merill Lynch. El Grupo Ad Hoc de Bonistas fue asistido en las negociaciones por Davis, Polk & Wardwell, LLP, como asesores legales; y Ducera Partners LLC, como asesores financieros. Atlas Asset Management, LLC es el asesor financiero de Alianza y Grupo ES. Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe, LLC son los abogados de Grupo ES, González Torres & Co, CPA, PSC son los contables de Alianza y HRML & Asociados, LLC y Nevares, Sánchez Álvarez & Cancel, PSC son asesores legales de Alianza. Bonistas del Patio fue asesorado por Picó & Blanco, LLC, como asesores legales y Jorge Irizarry y Carlos Rodríguez como asesores financieros.
