La capital de Argentina está desbordada por la basura. Nadie la quiere cerca pero cada vez habrá más, porque los planes para incentivar la reutilización y el reciclaje no han dado el resultado esperado. Ahora, la novedad es que las autoridades proponen una vieja solución: quemarla.
La iniciativa enfrenta un obstáculo complicado de superar: la incineración de basura está prohibida por ley, debido a su impacto nocivo sobre el ambiente y la salud de las personas.
Pero como los depósitos donde se entierra la basura están desde hace años sobre el límite de su capacidad, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidió formalmente el 23 de marzo a la Legislatura (parlamento) local que derogue la prohibición.
En los fundamentos del proyecto de ley presentado con ese fin –que elude mencionar la palabra “incineración”– el gobierno bonaerense, con especiales competencias, promete implementar un sistema para “recuperar la energía contenida en los residuos, bajo un proceso de combustión controlado”.
“Más allá del impacto en el ambiente y la salud de la incineración, nuestro temor es que se deje de apostar al circuito de recuperación de basura, que apenas es incipiente en Buenos Aires. Es evidente que a las plantas incineradoras hay que abastecerlas”, dijo a IPS la activista Cecilia Allen, de la Coalición Ciudadana Anti Incineración.
Se trata de una de las más de 50 organizaciones sociales y ambientales que le pidieron a la Legislatura que se rechace el proyecto.
El petitorio fue firmado también por decenas de personas individuales, entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, el activista de los derechos humanos que en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su denuncia de la última dictadura militar (1976-1983).
Mientras tanto, ese mismo día militantes de la organización ecologista Greenpeace colgaron en el frente de la Legislatura una gigantesca bandera que rechaza la quema de basura, luego de trepar por las paredes del histórico edificio en el centro de Buenos Aires, donde hace 70 años tuvo su oficina Eva Perón.
Los datos oficiales muestran que los planes para reducir la cantidad de basura que se entierra, que venían dando módicos resultados, ahora están estancados.
De hecho, la Ciudad de Buenos Aires mandó a disposición final 1,101,202 toneladas de basura en 2017, contra 1,094,708 que había enviado año anterior.
A comienzos de este año, la empresa estatal Ceamse, que se encarga de la disposición de basura, hizo público un estudio realizado con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que sostiene que, con el ritmo de crecimiento de población y económico proyectado, las 18,000 toneladas diarias de basura que hoy genera la Ciudad se convertirán en 25,000 en 2030.
Pero la situación podría explotar mucho antes: los actuales rellenos sanitarios, alertó Ceamse, colapsarán en cinco años.
La cuestión no es nueva: ya a principios de este siglo comenzó a revelarse como un grave problema para Buenos Aires, una ciudad que tiene unos 3 millones de habitantes y que es la que gestiona el gobierno autónomo.
Pero la población llega a los 15 millones si se incluye su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, lo que representa 34% de los 44 millones de habitantes del país.
En enero de 2004, al cabo de varios años de protestas vecinales por la contaminación y los malos olores, fue cerrado el relleno sanitario de Villa Domínico, ubicado en una zona densamente poblada, a unos 15 minutos del centro de la ciudad.
Desde 1978, cuando se inauguró, el relleno había recibido 47 millones de toneladas de basura.
Estas instalaciones se fundamentan en una obra de impermeabilización del suelo donde se deposita la basura, con el objetivo de evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
Luego del cierre de Villa Domínico, quedaron otros tres rellenos habilitados en las afueras de Buenos Aires, todos objetados socialmente y cerca del límite de su vida útil.
En consecuencia, Ceamse lanzó una licitación con el objetivo de instalar un nuevo relleno sanitario a más de 50 kilómetros de la ciudad, que fracasó ruidosamente debido al contundente rechazo vecinal en los seis municipios cuyas alcaldías se habían interesado en acogerlo, atraídos por los posibles ingresos y fuentes de trabajo.
Apurada por estas circunstancias, en noviembre de 2005, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como Ley de Basura Cero, al ser este su principal objetivo.
La norma fijó ambiciosas metas de reducción de los residuos que se envían a disposición final: 30% para 2010, 50% para 2012, 75% para 2017 y 100% para 2020.
El camino para llegar a esos objetivos serían la recuperación y el reciclado, en un recorrido que ha tenido marchas y contramarchas.
Como ejemplo, en 2009, el gobierno del entonces alcalde Mauricio Macri y desde 2015 presidente del país, frenó la recolección diferenciada de residuos, con el argumento de que le generaban un gasto inútil al Estado, ya que los vecinos no se preocupaban por separarlos en sus viviendas.
Ahora, el proyecto oficial propone reformar seis artículos de la ley de Basura Cero, para ampliar considerablemente los plazos, al fijar una nueva meta de reducción de 50% para 2021, con respecto a lo enterrado en 2012.
La norma original tiene como referencia el volumen enterrado en 2004, cuando Argentina todavía sufría las secuelas de la brutal crisis económica de 2001, que redujo considerablemente el consumo.
“La situación no da para más porque ya no tenemos más lugar para poner la basura”, planteó a IPS el diputado bonaerense Gastón Blancetiere, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, una de las que ya comenzó a discutir el nuevo proyecto.
“Por supuesto que sería deseable que nos convirtamos en una economía circular de avanzada. Pero es utópico pensar que eso se puede conseguir en un plazo corto”, aseguró Blanchetiere, integrante del bloque gobernante en Buenos Aires, Vamos Juntos, aliado del presidente Macri.
Puntualizó que “lo que estamos proponiendo no es habilitar la quema, sino la termovalorización, que permitirá la generación de energía con la basura, como se hace desde hace años en distintas ciudades de Europa”.
Efectivamente, en febrero, el gobierno de la ciudad llevó a un reducido grupo de periodistas de los principales medios locales a un viaje a París, Ámsterdam y Viena para que conocieran allí las plantas de incineración de basura que generan energía, que son las que se pretende instalar en Buenos Aires.
“La realidad es que hoy la Unión Europea desincentiva la alternativa de incineración, porque las chimeneas y los filtros no impiden la contaminación del aire”, dijo a IPS el director de Greenpeace Argentina, Diego Salas.
“Estamos de acuerdo en que la situación de la basura en Buenos Aires es crítica, pero lo que propone el gobierno es liquidar la ley de Basura Cero y generar más problema”, agregó.
Para la organización ambientalista, “se debe establecer la responsabilidad extendida del productor por sus envases, fortalecer la industria del reciclaje, tratar los residuos orgánicos y hacer recolección diferenciada de residuos, todos puntos que hoy quedaron fuera de la agenda”.
