Se celebró una vista pública para discutir un proyecto senatorial que impondría una especie de toque de queda a menores de 16 años, el día de ayer. La medida de la autoría del senador popular Alejandro García Padilla, estipula que dichos jóvenes no podrían transitar o permanecer por las calles, plazas u otros lugares similares entre las diez de la noche a las seis de la mañana sin la supervisión de algún padre o encargado. Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, el propósito para su radicación es en respuesta ante la creciente ola criminal. De ser aprobado, el Proyecto del Senado 781 establecería un proyecto piloto entre el primero de julio hasta el 31 de diciembre de este año. Luego de terminado el plazo, el Superintendente de la Policía tendría a su haber la presentación de un informe ante la asamblea legislativa. De ser positivos los resultados, se consideraría la extensión de la ley. Entre las agencias que avalan la medida se encuentran el Departamento de la Familia. Su secretaria, Yanitsia Irizarry, estableció que la medida funge como refuerzo a leyes ya existentes, como la 177, que establece parámetros para el cuido responsable de menores. “Lo que busca el estatuto es reforzar las disposiciones generales en la Ley 177 sobre la negligencia y abandono para realmente crear conciencia en nuestros padres que nuestros adolescentes son niños, no tienen capacidad legal y necesitan ser supervisados”, explicó Irizarry. El proyecto plasma que la policía tendrá potestad para intervenir con el menor, detenerlo y multar a sus padres por la cantidad de 250 dólares. Aunque coincidió con la estipulación, Irizarry sugirió, entre otras cosas, que la medida debe obligar a la Policía a notificar al Departamento de la Familia. “En esencia es importante que nosotros sepamos que la Policía de Puerto Rico interviene con nuestros adolescentes, que a fin de cuentas son menores”, afirmó. Mientras, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, estableció en su ponencia que se oponen a la medida. Según el documento, la implantación del proyecto presentaría serias implicaciones de naturaleza constitucional, además de carecer de análisis empírico. Se añade que se menoscabarían irrazonablemente los derechos a la intimidad, libertad y la igual protección de las leyes de los menores intervenidos. Para la sociedad, el estado debe demostrar que existe un interés apremiante para llevar a cabo las intervenciones. En la ponencia se reseñó el caso del estado de Nueva York, en el que el toque de queda ha sido declarado inconstitucional.
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