¿Es necesaria la presencia de la industria de combustibles fósiles en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? ¿O su participación en las conversaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa un conflicto de intereses y socava el progreso mundial?
Los países en desarrollo que pretenden que los grupos de presión de los combustibles fósiles, que participan de las negociaciones de la 23 Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), declaren sus conflictos de interés ganaron una importante batalla durante un acuerdo firmado en una sesión preliminar celebrada a principios de este mes en Bonn, Alemania.
Un informe de Corporate Accountability International (CAI), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se dedica a denunciar los abusos de las empresas, reveló que los representantes de las industrias de combustibles fósiles tienen una fuerte representación en las asociaciones que participan en las conversaciones climáticas de la ONU.
Aunque las empresas no pueden participar en las negociaciones directamente, las asociaciones empresariales e industriales emplean tácticas encubiertas para frenar políticas climáticas clave, sostiene el informe.
La CMNUCC permite a las organizaciones con “estado de observador”, como la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos, FuelsEurope, la Asociación Mundial del Carbón y el Consejo Empresarial de Australia – que incluye a las petroleras Shell, ExxonMobil y BP, entre otras -, estar presentes en reuniones donde los delegados discuten opciones políticas para evitar desastres climáticos.
Estas organizaciones representan a corporaciones que han negado sistemáticamente el cambio climático y que tienen una cartera que incluye décadas de lucrar a expensas del planeta.
El Acuerdo de París contra el cambio climático comprometió a los Estados a mantener el calentamiento global “muy por debajo de los dos grados Celsius”, pero también a “proseguir los esfuerzos” para limitar ese aumento de temperatura a 1.5 grados para 2018.
“Una política transparente y claramente definida es esencial si queremos proteger realmente el espíritu y los objetivos del Acuerdo de París, y si hemos de tener la oportunidad de luchar para limitar el cambio climático a menos de dos grados”, escribió Mrinalini Shine, investigadora de Derecho Ambiental de la alemana Universidad de Colonia.
Muchos países del Sur en desarrollo -que representan colectivamente casi 70% de la población mundial – han luchado para incorporar una política de conflicto de intereses en la convención, por la cual estos grupos estarán legalmente obligados a declarar todos sus conflictos.
Por ejemplo, este mes en una reunión en Bonn, el delegado de Venezuela declaró que el Acuerdo de París es un “instrumento entre Estados” e hizo una “solicitud moral” para que los grupos de presión declararan sus conflictos de intereses.
Sin embargo, este pedido fue recibido con feroz resistencia por los países más ricos, con Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega y Australia a la cabeza.
En Bonn, el delegado de Noruega declaró que excluir a las empresas según sus intereses sería “contraproducente”, mientras que la delegación de Australia añadió que el sector privado era una parte clave para financiar la transición a una economía baja en emisiones de dióxido de carbono.
“Algunas de las empresas a las que se alude como las contaminadoras de la política serán las proveedoras de las mayores y mejores soluciones”, sostuvo el delegado australiano. “Y puede fijarse en algunas de las declaraciones procedentes de ExxonMobil y Shell recientemente para subrayar ese punto”, añadió.
Una investigación realizada en 2015 por Inside Climate News, una organización de noticias sin fines de lucro, denunció que ExxonMobil sabía del cambio climático desde 1981, pero en los años siguientes la empresa multinacional gastó millones de dólares para promover la negación del fenómeno.
El informe de la CAI, además, reveló que la Cámara de Comercio de Estados Unidos recibe millones de dólares de ExxonMobil a cambio de “campañas de información pública”. Para colmo, el gobierno de Donald Trump, en su ataque a la política ambiental estadounidense que incluye el desmantelamiento del Plan de Energía Limpia, también instaló al exdirector ejecutivo de la petrolera, Rex Tillerson, como secretario de Estado.
“Con tantos incendiarios en el departamento de bomberos no es de extrañar que no hayamos podido apagar el fuego”, comentó Tamar Lawrence Samuels, directora de políticas internacionales de CAI, en un comunicado.
Esto, sin embargo, no implica que las industrias de los combustibles fósiles no tengan papel alguno en la desaceleración del calentamiento global, según el informe.
El informe de la CAI recomienda que la industria transforme sus prácticas empresariales para alinearse con los compromisos asumidos por la comunidad global para frenar la crisis, adoptar las soluciones creadas por la comunidad científica para minimizar la devastación y esforzarse por alcanzar el progreso social y económico mundial.
El nuevo acuerdo negociado de la CMNUCC se compromete a mejorar la “apertura, transparencia e inclusión” y pide a los interesados -cualquier persona o grupo afectado por el cambio climático o política climática- que presenten sus opiniones sobre cómo se podría lograr.
“Como comunidad global, tenemos la oportunidad sin precedentes para resolver la crisis climática de forma directa en el preciso momento en que todo – la gente, la justicia y el planeta – están en peligro”, destacó un portavoz de la CAI.
Los activistas, los grupos de presión e incluso los organismos gubernamentales de los países en desarrollo que buscan la justicia para el planeta y su población deben seguir presionando por las soluciones que la convención acordó.
La convención está aceptando sugerencias sobre cómo abordar la cuestión de las naciones miembros, y tiene la intención de considerarlas en 2018.
