Víctor Rodríguez acomoda con mimo, como cada domingo, lechugas, brócolis, hierbas y papas en un estante en preparación para atender a los consumidores que están por llegar al Mercado Alternativo del Bosque de Tlalpan, en el sur de la capital de México.
Los productores trasladan las hortalizas orgánicas desde San Miguel Topilejo, a pocos kilómetros de distancia, una localidad agrícola urbana dentro de la demarcación capitalina de Tlalpan, donde cultivan unas siete hectáreas en las que también se cosechan acelgas, cebollas, rábanos y remolachas, entre otros vegetales.
La agricultura “es una herencia familiar, desde los abuelos, somos la tercera generación. Son conocimientos y herramientas para la vida, que sigamos existiendo los agricultores es parte de la cadena alimenticia”, defendió Rodríguez, de 36 años y cuya esposa también trabaja en el emprendimiento colectivo.
Él es uno de los ocho miembros de Productores de Verduras y Hortalizas Orgánicas de San Miguel Topilejo “Del Campo Ololique”, que en lengua indígena náhuatl significa “lugar donde se dan bien las cosas”.
Rodríguez, padre de una niña y un niño, reconoce que “lo mejor era regresar a las raíces y aportar a las nuevas generaciones”, con la decisión de dedicarse al cultivo orgánico y crear canales directos de distribución, en lugar de vender sus cosechas a cadenas mayoristas, que les pagaban una miseria por sus productos.
“Ya pasamos lo más difícil, que era mantener el proyecto. Ahora tenemos clientes constantes que consideran los productos sanos, saben lo que consumen. Se ha enlazado la confianza entre los consumidores y los productores”, explicó.
Su agrupación surgió en 2003 y cosecha unos 700 kilogramos de hortalizas y verduras por semana, que sus integrantes movilizan los domingos al recinto callejero de Tlalpan y otros dos mercados alternativos en Ciudad de México y los martes en Cuernavaca, una urbe a unos 90 kilómetros al sur de la capital.
Además, reciben en su huerta a clientes que quieren conocer sus procesos y productos.
Los agricultores ya agregaron también 1,000 metros de invernaderos de tomate y 500 de pepino, gracias a un sistema de captación de agua de lluvia que les permite cultivar todo el año. Además, procesan jugo de remolacha y preparan ensaladas listas para consumir, para incorporar valor agregado a los productos primarios.
En Topilejo, que en náhuatl significa “el que lleva el bastón de mando precioso” y donde viven unas 41,000 personas, el grupo también resguarda el bosque y ha construido y mantiene terrazas de protección para evitar deslaves.
Ololique es uno de los cinco ganadores del Fondo de Innovación de Cadenas Cortas Agroalimentarias 2017, convocado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la no gubernamental Slow Food (comida lenta) México y que repartió unos $34,000 entre cinco emprendimientos.
La convocatoria captó 98 postulaciones sobre comercio sostenible, ecogastronomía y educación alimentaria, en una iniciativa para impulsar a la cocina tradicional, la producción agroecológica de alimentos, los sistemas limpios de agricultura a pequeña escala, la biodiversidad alimentaria de especies cultivadas y silvestres, así como la seguridad, la soberanía y la resiliencia alimentaria.
Las cadenas cortas son mecanismos de mercado que implican proximidad entre los lugares de producción y consumo en las que se ofrecen productos cultivados y criados mediante prácticas agropecuarias sostenibles, con una mínima intermediación o una mayor cercanía entre productores y consumidores.
Se estima que estos mecanismos pueden apuntalar la agricultura familiar, que celebró en 2014 su año internacional, para promover prácticas agroecológicas, mejorar los ingresos de los campesinos, proteger el ambiente y robustecer la alimentación saludable.
“Las cadenas cortas son mecanismos de comercialización para poder vender directamente a los consumidores o a través de un solo intermediario”, explicó Mauricio García, coordinador del proyecto de Cadenas Cortas Alimentarias de la oficina de la FAO en México.
“Como conoce al consumidor, el productor empieza a producir hacia lo que este demanda y sus productos se venden mejor. El consumidor sabe quién es su productor y puede ver cómo produce en el territorio”, añadió en su diálogo con IPS.
El especialista indicó que así se establece “un vínculo” para que el pequeño productor venda su producción a precios más justos y el consumidor pueda acceder a productos cuyo origen puede conocer.
La FAO y la Secretaría (ministerio) de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) calculan que la pequeña agricultura aporta 75 por ciento de la alimentación del país, donde hay más de cinco millones de unidades o explotaciones agrícolas y de la cuales son familiares más de cuatro millones, 75%.
En América Latina y el Caribe, la agricultura campesina aglomera cerca de 81 por ciento de las explotaciones agrícolas, suministra entre 27 y 67 por ciento de la producción alimentaria interna, ocupa entre 12 y 67 por ciento de la superficie agropecuaria y aporta entre 57 y 77 por ciento del empleo agrícola regional.
En México, un país con 129 millones de habitantes, operan 26 mercados de productores en 15 de los 32 estados, de los cuales funcionan seis en Ciudad de México, según la Plataforma de Tianguis y Mercados Orgánicos de México. En contraste, en el vecino Estados Unidos existen unos 8.000.
En 2017, el Programa de Apoyos a Pequeños Productores de Sagarpa cuenta con un presupuesto de 490 millones de dólares, un incremento de 29 por ciento respecto a 2016.
Uno de los objetivos del Programa Sectorial Sagarpa 2013-2018 es apoyar la producción y el ingreso de los pequeños productores de las zonas rurales más pobres.
Para Rodríguez, se requiere de más ayudas para llegar sin intermediarios a más mercados y consumidores. “Estos proyectos son indispensables, porque defendemos la agricultura, conservamos nuestras comunidades y protegemos el ambiente”, afirmó.
El grupo proyecta comprar un deshidratador solar para aprovechar aún más la cosecha, agregar otras cuatro hectáreas a la superficie sembrada durante 2018, registrar su marca y diseñar envoltorios para sus alimentos procesados.
FAO y Sagarpa enumeran desafíos para la agricultura de pequeña escala como capital humano, baja dotación de bienes de capital y de nivel tecnológico, débil integración a las cadenas productivas y la degradación de los recursos naturales.
También incluyen la alta vulnerabilidad ante contingencias climatológicas, los bajos rendimientos y las graves limitaciones por escasez de tierra y agua.
García plantea un cambio de visión para el sector público.
“Buscamos que en estos proyectos, que ya venían con una historia y que requirieran de cosas muy concretas, se financien cosas muy estratégicas para que funcionen mejor. Pueden tener mejores productos, con mayor valor agregado que genere más recursos y puedan mantener su proyecto”, detalló.
Subrayó que “son iniciativas replicables, necesitamos financiarlos para tener más evidencias y promoverlos para su replicación”.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus más de 190 Estados negocian desde 2013 la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.
En su texto se abordan y promueven los derechos a los recursos naturales y al desarrollo, a la participación, a la información sobre la producción, a la comercialización y la distribución, así como al acceso a la justicia, al trabajo y a la seguridad y la salud en ese trabajo.
Además, contempla los derechos a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a ingresos y medios de vida dignos, a la tierra y a otros recursos naturales, a un ambiente seguro, limpio y saludable, al igual que a las semillas y a la biodiversidad.
En paralelo, organizaciones campesinas, asociaciones rurales y centros de investigación promueven desde 2015 que la ONU declare el “Decenio de la Agricultura Familiar”.
