Por: José Adán Silva
La comunidad científica de Nicaragua se debate entre buenas y malas noticias en torno a la construcción de un nuevo canal interoceánico: el hallazgo de nuevas especies o vestigios arqueológicos y el mejor conocimiento de los ecosistemas, contra la gran amenaza al ambiente del país.
Tanto lo ya conocido como lo nuevo descubierto en la naturaleza, está en peligro por la gigantesca obra llamada que va a partir en dos el territorio nicaragüense.
Informes preliminares de la empresa británica Environmental Resources Management (ERM) develaron la existencia de nuevas especies en el trazado del canal, que hasta ahora se desconocían. La investigación la encargó la concesionaria de la vía, la firma china Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND-Group).
Su estudio “Gran Canal de Nicaragua”, presentado en Managua el 20 de noviembre por Alberto Vega, su representante en el país, encontró, entre otros hallazgos, dos nuevas especies de anfibios en la cuenca del río Punta Gorda, en la costa del sur del mar Caribe nicaragüense.
Las características de dos ranas están bajo investigación por carecerse de respaldo científico, explicó Vega, quien también informó que hubo otros descubrimientos, como la existencia de 213 sitios arqueológicos que hasta ahora eran desconocidos, y se actualizó el estado ambiental de la ruta elegida para el canal.
El objetivo del estudio fue documentar las principales comunidades biológicas a lo largo de la ruta y áreas adyacentes, señalar las especies y los hábitats que requieren medidas específicas de conservación “para identificar las oportunidades para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos que el proyecto pueda tener”.
Las obras del canal fueron inauguradas en diciembre de 2014 y su objetivo es unir el océano Pacífico y el mar Caribe, con una vía bidireccional de 278 kilómetros de longitud, hasta 520 metros de ancho y una profundidad de hasta 30 metros.
Atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y estaría listo a finales de 2019, a un costo superior a los 50,000 millones de dólares.
El estudio de impacto ambiental se concluirá a fines de abril, según explicó a Tierramérica el portavoz de la presidencial Comisión Nicaragüense del Gran Canal Interoceánico, Telémaco Talavera.
“Los estudios se hacen con la más alta tecnología y la responsabilidad de una firma internacional líder en estos temas, como ERM, y un equipo de expertos de todas partes del mundo que fueron contratados para brindar un informe exhaustivo sobre el impacto ambiental y las medidas de mitigación”, aseguró.
Víctor Campos, subdirector del no gubernamental Centro Humboltd, señaló a Tierramérica que los documentos preliminares de HKND revelan que el canal provocará graves daños al ambiente del país y amenaza de manera particular al lago Cocibolca.
Con sus 8,624 kilómetros cuadrados, este cuerpo lacustre es la segunda mayor fuente de agua dulce de América Latina, detrás del venezolano lago de Maracaibo.
Campos recordó que incluso HKND reconoce que la ruta finalmente escogida para construir el canal, afectará reservas naturales bajo protección internacional, donde subsisten 40 especies en peligro de extinción, entre aves, mamíferos y reptiles.
Esa ruta afectaría parte de la Reserva Natural de Cerro Silva y la reserva biológica Indio Maíz, ambas parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), donde habitan lapas rojas y verdes, águilas reales, dantos o tapires, tigres-jaguar, monos araña, monos mico, osos hormiguero y lagartos negros, entre otras especies.
Junto a las reservas de Bosawas y Wawashan, las de Indio Maíz y Cerro Silva albergan 13 por ciento de la biodiversidad mundial y aproximadamente 90 por ciento de la flora y fauna del país.
Nicaragua, con 6.1 millones de personas, es un país tropical ubicado en medio del istmo centroamericano, con costas pacíficas y caribeñas y 130,000 kilómetros cuadrados de superficie de tierras bajas, planicies y lagos interpuestos, donde en varias ocasiones se intentó usar el Cocibolca para abrir una ruta interoceánica.
El Grupo Cocibolca, una plataforma de más de 10 organizaciones ambientales de Nicaragua, detecta daños potenciales por excavaciones en tierras indígenas, ubicadas en el CBM, en la costa caribeña del sureste nicaragüense.
Las afectaciones incluirían Booby Cay, un albergue natural de aves reconocido por Birdlife International, que es hábitat para aves marinas, tortugas, peces y corales.
Estudios del Grupo Cocibolca señalan que el dragado con maquinaria pesada, la construcción de puertos, la remoción de miles de toneladas de sedimentos del fondo del lago y el uso de explosivos para abrir tajos de suelos rocosos impactarían el hábitat de las tortugas marinas que anidan en las costas pacíficas del suroeste del país.
La ruta del canal seleccionada, la cuarta de las seis estudiadas, va a tener su desembocadura pacífica en Brito, a 130 kilómetros al oeste de Managua, y donde hay ahora una playa de desove de tortugas habrá un puerto de aguas profundas.
Talavera rechazó las “teorías apocalípticas” sobre el posible daño ambiental por la obra, aunque reconoció que habrá un impacto “que será focalizado y nos servirá para revertir los daños posibles y los daños ya confirmados por deforestación y contaminación en la ruta del canal”.
La ruta canalera atraviesa reservas naturales, humedales incluidos en la lista de protección de la Convención de Ramsar, reservas de la biosfera reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y cuencas hidrográficas.
Según Talavera, HKND consultó, además de a las autoridades ambientales nacionales, a organismos como la propia Convención Ramsar, la Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o Birdlife, “sobre la factibilidad de mitigar y compensar los impactos posibles”.
La obra ha sido rechazada por grupos ambientalistas y comunidades afectadas, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia ante la CIDH el 16 de este mes, la activista Mónica López, del Grupo Cocibolca, denunció que Nicaragua otorgó a HKND el dominio del lago y sus periferias, en las que convergen más de 16 cuencas hidrográficas y casi 15 áreas protegidas y donde se concentran 25 por ciento de los bosques húmedos del país.
López explicó a Tierramérica que el canal, además, causaría “un desplazamiento forzoso de más de 100,000 personas”.
Asimismo, criticó, la “entrega a los empresarios chinos del control absoluto de recursos naturales ajenos a la ruta, pero que a criterio de HKND sirvan para el proyecto, sin importar las consideraciones de los derechos de los nicaragüenses”.
El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación y la Ley del Gran Canal Interoceánico, aprobados en 2013, establecen que es obligación del Estado garantizar al concesionario el “acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua”.
Además, el Estado renuncia a demandar a los inversionistas en tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño causado al ambiente durante el estudio, construcción y operación de proyecto.
En la audiencia de la CIDH, en Washington, los representantes del gobierno, incluido Talavera, rechazaron las denuncias de los ambientalistas, que achacaron a “directrices políticas”, mientras argumentaron que el proyecto “es amigable con el medio ambiente”.
También insistieron en su gran argumento para la enorme obra, que esta permitirá un alto crecimiento económico, que dará recursos para que Nicaragua deje de ser el segundo país con más pobreza de América, después de Haití, con 42 por ciento de su población en esa condición.
Publicado originalmente por la red de diarios latinoamericanos de Tierramérica.
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