Caribe insular se coloca en el tope de las prioridades de la Cepal

Con la decisión de apoyar la reducción de la deuda externa y el enfrentamiento al cambio climático en las islas del Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cerró su 37 período de sesiones el pasado viernes 11 de mayo en la capital cubana.

“Estamos proponiendo analizar la vulnerabilidad de la insularidad del Caribe en dos temas: el cambio climático y el altísimo endeudamiento externo de sus países”, dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, en una conferencia de prensa posterior a la clausura de la reunión más importante del organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con diferencias por naciones, se calcula que la deuda externa del Caribe insular sobrepasa los $42,000 millones.

Bárcena especificó, al clausurarse el encuentro iniciado el lunes 7 de mayo, que la Cepal desarrolla una iniciativa para aliviar el endeudamiento externo y “crear un fondo de resiliencia”.

Se concentrará, detalló, en reducir la deuda pública multilateral aunque propiciará diálogos entre deudores y acreedores privados y públicos, en dependencia de la situación de cada país.

De esta manera, la agencia regional aspira a demostrar que el grave endeudamiento de la subregión se debe al “costo tan alto que han tenido que enfrentar estos países por el impacto de los desastres naturales”, remarcó la alta funcionaria, que lleva dezi años al frente de la Cepal, que en 2018 celebra sus 70 años.

La segunda iniciativa se aboca a apoyar la adaptación al cambio climático, que cuenta con un fondo ya creado por México y Canadá, luego de que en 2017 el paso arrasador de los huracanes Irma y María mostraron la casi nula resiliencia de los países y territorios asociados del Caribe y su exposición a eventos extremos.

Bárcena contextualizó que, al calificar como países de ingresos medios en términos mundiales, muchas de las naciones caribeñas “no reciben ayuda al desarrollo, no tienen acceso a fondos concesionales ni a tratamiento especial en materia comercial”, un problema general de América Latina analizado durante el encuentro.

Con el objetivo general de repensar el enfrentamiento a las desigualdades en la región más desigual del planeta, la cita de La Habana logró la aprobación de 18 acuerdos sobre cooperación, empoderamiento femenino, sociedad de la información y ambiente, entre otros temas de desarrollo.

Congregó a representantes de los 46 países miembros y 13 asociados de la Cepal, investigadores y académicos, funcionarios de casi 30 organismos intergubernamentales, especializados y del sistema de la ONU. También incluyó un foro de representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil.

Otros asuntos analizados fue una revisión de la cooperación Sur-Sur entre países en desarrollo y el avance en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por Naciones Unidas para ser cumplidos en 2030.

Los problemas ambientales tuvieron un espacio protagónico en la reunión ya que, en la región compuesta por 33 países se produjeron casi 17% de los 10,271 desastres naturales registrados en el mundo entre 1970 y 2010.

El proyecto de trabajo presentado por Cuba al resto de los países miembros, como parte de su presidencia pro tempore de la Cepal de 2018 a 2020, planea analizar las tendencias actuales y emergentes en las nuevas tecnologías, mercados y bioeconomía para trabajar en la adaptación y mitigación del cambio climático.

“Cuba va a trabajar con empeño y gran responsabilidad para juntos ir labrando el camino hacia el futuro. Y lo haremos además privilegiando la región del Caribe […] porque tenemos que darle un apoyo especial a los países que tienen mayores vulnerabilidades”, aseguró durante la clausura Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Este país insular caribeño asume este rol cuando el organismo internacional prioriza el área con el eslogan en inglés “Caribbean First” (El Caribe primero), que fue muy repetido durante el 37 período de sesiones.

“Las pérdidas anuales promedio por desastres naturales en el Caribe son estimadas en 3,000 millones, dentro de las cuales los sectores social y productivo se llevan la peor parte”, reveló el informe The Caribbean Outlook. 2018 (disponible solo en inglés), que actualiza datos económicos, sociales y ambientales de la zona insular.

El texto, elaborado por la Cepal y presentado el 9 de mayo, califica de “desafíos más serios” de la subregión al impacto del cambio climático y la falta de financiamiento en mitigación y adaptación ante el impacto del incremento de las temperaturas.

Mientras los países latinoamericanos experimentaron despuntes en su desarrollo económico en diferentes momentos desde entonces, “las economías caribeñas continúan presentando un persistente bajo crecimiento desde la crisis global de 2008-2009”, reveló el documento.

El Caribe insular, además, ha tenido décadas de progreso en desarrollo humano, pero actualmente afronta el crecimiento de la pobreza e inequidad de ingresos, a juicio de la Cepal sus principales causas de la exclusión social de grupos y comunidades vulnerables, en especial las mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad.

Las islas caribeñas, como el resto de la región, afrontan nuevos retos para cumplir con la agenda de desarrollo para 2030, muy ligada a solucionar problemas ambientales y del cambio climático.

“Está claro que los Estados ya no pueden solos con unos estándares de desarrollo sostenible en la actualidad mucho más complejos que los del siglo 20”, dijo a IPS Carmen Isabel Claramunt, directora adjunta de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un país líder en la protección ambiental en la región.

Claramunt, junto con un delegado chileno, brindó una pormenorizada información durante las sesiones sobre el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Se trata de un instrumento vinculante para la defensa de los derechos ambientales de la región, alcanzado en la capital costarricense el 4 de marzo, con el que 24 países de la región se comprometieron a cumplir con el Principio 10 de la Declaración de Río, con que concluyó la llamada Cumbre de la Tierra, en 1992.

Ese Principio 10 busca asegurar que cada persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.

“La ciudadanía está llamada a jugar un rol muy diferente al del pasado. En materia de cooperación Sur-Sur, (los ODS) nos está poniendo retos: antes cooperábamos solo a nivel oficial y hoy tenemos que incorporar procesos de cooperación mucho más sofisticados”, explicó la funcionaria costarricense.

“Estamos en la búsqueda de cuáles son esos esquemas de trabajo conjunto, de cómo hacer la cooperación Sur-Sur con nuevos actores, con una agenda más compleja y con visiones que deben ser complementarias”, sopesó.

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