Carlos Pagán se expresa en torno a la beca presidencial

Carlos Pagán, exrepresentante ante la Junta Administrativa de la UPRRP. (Suministrada)

25 de febrero de 2016 Por Especial para Diálogo Opinión

Por Carlos A. Pagán Cuebas

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

Nota de la directora: Ante los cuestionamientos por la otorgación de la Beca Presidencial a varios estudiantes, incluyendo al autor de este texto, Carlos Pagán envió a Diálogo sus expresiones sobre la controversia.

Puede una gota de lodo

sobre un diamante caer;

puede también de este modo

su fulgor oscurecer;

pero aunque el diamante todo

se encuentre de fango lleno,

el valor que lo hace bueno

no perderá ni un instante,

y ha de ser siempre diamante

por más que lo manche el cieno.

-La calumnia -Rubén Darío

Desde hace muchos años me ha interesado laborar como docente a tiempo completo. De hecho, considero que esa es mi vocación de vida. No concibo labor más noble y meritoria que la docencia. Y vincular mi carrera profesional y académica a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el proyecto más importante del país, ha sido por espacio de mucho tiempo mi norte.

Conocí la UPR desde muy niño; nací y me críe muy cerca del Colegio de Mayagüez. Mi abuelo, David Cuebas Quintana, un jíbaro de Maricao, de origen muy humilde, se trazó como meta progresar y realizar estudios universitarios con grandes sacrificios y miserias. Agrónomo de profesión, dedicó su vida profesional a la UPR como catedrático en la Facultad de Ciencias Agrícolas. A él le debo mi amor por la UPR, pues me inculcó desde temprana edad el valor de la educación universitaria y cómo la universidad pública transformó a Puerto Rico. No creo casualidad que su muerte llegó a pocos meses de yo haber sido admitido al Colegio que tanto amó. Partió con la dicha de saber que sus dos nietos mayores, mi hermana Andrea y yo, habíamos refrendado su consejo de estudiar en la UPR.

Estudié en los dos principales campus de la Universidad. Participé mucho en ella, tanto en sus ofrecimientos curriculares así como extracurriculares. De la UPR, obtuve tres grados universitarios: uno sub-graduado (Bachillerato en Ciencias Políticas) y dos graduados (Maestría en Ciencias de la Información y un Juris Doctor). Gracias a un convenio de la UPR, pude también estudiar y obtener una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Barcelona.

Ya siendo egresado, el 21 de enero del 2015, recibí una comunicación del profesor Alberto Acevedo Vallejo, director del Departamento de Gerencia de la Facultad de Administración de Empresas, donde interesaba auscultar mi disponibilidad para dictar dos cursos en el semestre que estaba próximo a comenzar.[1] Se trataba de los cursos LEGA 4005 (Aspectos Legales del Comercio) (3 créditos) y ADMI 4417 (Ética Empresarial y su Aplicación a los Sistemas Computarizados de Información) (1 crédito). Inmediatamente acepté. Que felicidad y honor poder servir como Instructor y dictar cursos a nivel de bachillerato en el Recinto de Río Piedras. ¡Que grata fue la experiencia! ¡Que aleccionadora! Con sus experiencias y ocurrencias, los estudiantes me inspiraron mucho y me hicieron reafirmar que hay que seguir invirtiendo en el proyecto público universitario y en la educación en general para fomentar y lograr una sociedad puertorriqueña más justa y equitativa. A veces pienso que aprendí yo más con ellos, de lo que yo les pude reciprocar.

Unos meses antes, en noviembre 2014, había decidido solicitar admisión a la Maestría en Derecho (L.LM.) que ofrece la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. La Maestría en Derecho, para efectos del Reglamento General de la UPR, es considerada el grado terminal para enseñar materias en Derecho. Sabía que tenía que obtener ese grado de querer aspirar en un futuro a una plaza docente. Temía que si postergaba mucho el asunto se me dificultaría el poder estudiar. Así las cosas, el 18 de marzo 2015, el Programa Graduado de la Escuela de Derecho de Harvard me extendió una oferta de admisión para cursar el posgrado. Fui el único puertorriqueño aceptado para el año académico 2015-2016. Le dije que sí a Harvard y a los retos profesionales que ello suponía

Empecé de inmediato la tarea de identificar becas y ayudas económicas para sufragar los altos costos de estudiar en Harvard. Yo conocía del Programa de Becas Presidenciales pues es un programa histórico de apoyo a la docencia.[2] Por décadas, la Universidad enviaba a sus profesores a estudiar al exterior para cultivar una plantilla docente más preparada y diversa en conocimientos. Decenas de profesores puertorriqueños se han beneficiado de las Becas Presidenciales. Es un programa que había sido regulado por última vez en el año académico 2006-2007 por la Junta de Síndicos a través de su Certificación Número 72. Dicha certificación, además, faculta al Presidente de la Universidad, a desarrollar Normas Complementarias para regular el proceso de otorgamiento de las Becas. Sabía que la normativa estaba vigente aunque desconocía el estatus de la otorgación de las Becas en años recientes

Me percato por primera vez de la posible reanudación de las Becas Presidenciales a través de certificaciones de la Universidad. Esa es la verdad. Fue así como, repasando la Certificación Núm. 152, 2013-2014, de la Junta de Gobierno, relacionada al Presupuesto de la UPR 2014-2015, me percato que se consigna una asignación presupuestaria de $350,000 para Becas de Estudios Graduados y Profesionales.[3] La certificación que aprueba el Presupuesto Universitario es, sin lugar a dudas, una de las más importantes certificaciones que anualmente atiende la Junta de Gobierno. Inmediatamente me cuestioné si es que en efecto se iba a reanudar las becas presidenciales o no y decidí cotejar el estatus de dichas ayudas en la Administración Central UPR, pues allí se ubican las oficinas que administran el Programa de Becas Presidenciales. Pero no tuve ni que hacerlo. El 17 de marzo de 2015, recibí un correo electrónico[4], proveniente de cartero@uprm.edu, titulado Senado Académico del RUM en vivo – 17 de marzo de 2015.[5] Se trataba pues de las reuniones del Senado Académico del Colegio que ahora se transmiten a la Comunidad Universitaria a través de un canal de Youtube. En esa reunión, el doctor John Fernández Van Cleve, rector del Recinto Universitario de Mayagüez, divulgó a la Comunidad Colegial que se había determinado en Administración Central UPR que las Becas Presidenciales iban a estar disponibles.[6] De hecho, la información se recoge en el acta de dicha reunión.[7] El tema incluso había sido discutido en la reunión del 12 de marzo de 2015 de la Junta Administrativa del RUM.[8]

Con ese conocimiento a la mano, a principios de mayo 2015, solicito, en la Oficina del Rector del Recinto de Río Piedras, una reunión con el doctor Carlos E. Severino Valdez. Quería auscultarle al rector de Río Piedras la posibilidad de recibir una carta de recomendación suya, ya que era el requisito inicial que exigía las Normas Complementarias a la Certificación Núm. 72 JS, 2006-2007, para obtener una Beca Presidencial. A la breve reunión que se me concedió, fui acompañado tan solo de mi Curriculum Vitae, la carta de admisión de Harvard y mis deseos de superarme académicamente. El rector accedió recomendarme para la Beca y redactó una carta a esos efectos el 17 de mayo de 2015.

Durante mis estudios procuré una formación académica interdisciplinaria. A eso responde, que luego de graduarme de abogado, iniciara estudios en Ciencias de la Información. De igual forma, a eso responde mi interés de enseñar en el Programa del Bachillerato en Estudios Generales (PBEG), cuyo currículo interdisciplinario, a mi juicio, se acerca más a la filosofía educativa que prosigo. Quiero detenerme en esto último, pues amerita aquí que se explique por que el doctor Carlos Rodríguez Fraticelli, decano de la Facultad de Estudios Generales, me realizó una carta de recomendación en apoyo a mi solicitud de Beca Presidencial el pasado 19 de junio de 2015. Sencillo; resulta que la Certificación Núm. 72 JS, 2006-2007, estipula que, de concedérsele la ayuda económica, el becario se compromete a estar disponible a prestar servicios profesionales en la Universidad a razón de 1.5 años por cada año de beneficio de la beca. En lo personal, yo quería asegurarme que si la Universidad iba a ser una inversión costeándome estudios graduados, yo dejara claro que mi compromiso de trabajo era uno serio. Por eso, en conversación con el decano Rodríguez Fraticelli, le dejé saber que si la Universidad me concedía la Beca me interesaba cumplir mi obligación de servicios profesionales en su Facultad, que en mi caso era exactamente 1.5 años. El Decano, al examinar mi expediente académico y profesional, me dejó saber que entre los planes de desarrollo del Programa del Bachillerato se proponía la creación de una Concentración Menor en Derechos Humanos y entendía que yo podía ser un recurso útil para coadyuvar en ese esfuerzo. Además, el decano identificó un sinnúmero de tareas docente donde él entendía yo podía contribuir significativamente en beneficio de la Facultad de Estudios Generales. Esa es la verdad del asunto y a eso responde su endoso a la recomendación de la Beca emitida previamente por el Rector Severino.

Finalmente entregué mi solicitud de Beca, junto con los demás documentos de apoyo que se exigen en las Normas Complementarias, en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos el 22 de julio de 2015. ¿Por qué en esa fecha y no antes? En varias ocasiones, había procurado la solicitud y fui informado en dicha Vicepresidencia que aún los formularios no estaban disponible. Al cabo de varias gestiones infructuosas, obtuve el formulario para continuar con el trámite de mi Beca que había iniciado en el pasado mes de mayo.

Huelga decir que el proceso conducente a la otorgación de las Becas Presidenciales se puede mejorar sustancialmente. De hecho, me hago eco y comparto algunas de los frustraciones, preocupaciones y señalamientos que la Comunidad Universitaria ha manifestado en cuanto a la normativa que rige dicho proceso. Lo deje saber en muchas ocasiones. Eso sí, rechazo totalmente las imputaciones de impropiedad que se han lanzado sobre mi persona y, en particular, sobre el profesor Antonio García Padilla. Quiero dejar meridianamente claro que nunca le he pedido al profesor García Padilla que haga gestión alguna a mi favor para la obtención de una ayuda económica en la UPR, mucho menos a conseguir una plaza. El profesor García Padilla ni siquiera me recomendó para cursar estudios graduados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard puesto a que nunca le solicité esa gestión. Aunque parezca inverosímil, fue una de las últimas personas a las que le informé que había sido admitido a Harvard. Le informé de mi admisión el 7 de julio de 2015. De hecho, nunca le compartí que había solicitado a la Beca Presidencial. La gente que estuvo cerca al proceso puede dar fe de la veracidad de mis palabras.

En lo que a mi respecta, recabo que honestamente descansé en la reglamentación universitaria vigente y me sujete a la misma en este proceso. Quiero enfatizar que creo plenamente en el principio de mérito y demás principios cardinales que conducen a la igualdad de oportunidad para tod@s y al mayor bienestar institucional. Me reafirmo en que hubiese deseado que la divulgación de este proceso fuese más claro, amplio y uniforme. Pero rechazo categóricamente cualquier imputación de irregularidad o favoritismo. Finalmente, exhorto a la comunidad universitaria a que le echamos ganas a como mejorar esta así como cualquier otra normativa institucional. Sepan que yo estoy disponible para ayudar en estos esfuerzos.

[1] En ocasión anterior, había solicitado ser considerado para desempeñar tareas docentes en dicho Departamento. Había circulado mi Curriculum Vitae al Director Acevedo para documentar mi preparación académica y profesional. Tenía particular interés en enseñar allí un curso básico de Derecho Mercantil, pues en mi trabajo en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación me había conducido a trabajar en la reforma del Código de Comercio de Puerto Rico y con la revisión de la Ley de Garantías Mobiliarias de Puerto Rico para atemperar dicha ley al nuevo artículo 9 del Uniform Commercial Code. Además, en la Escuela de Derecho había tomado varios cursos en el área de Derecho Mercantil. Me puse a la disposición del Comité de Personal de dicho Departamento. Solicitaba pues que se me incluyeran en el acervo de candidatos para enseñar. En esa ocasión, recibí la siguiente respuesta: “Agradecemos profundamente su interés en formar parte de este Departamento. Hemos estudiado sus credenciales, las cuales nos han impresionado grandemente. Lamentablemente en este momento, la plantilla de profesores ha sido completada. No obstante ello, habremos de presentar sus credenciales al Comité de Personal, el cual no dudamos lo tome en consideración para una próxima ocasión, la cual entendemos no será muy lejana. Próximamente nos estaremos comunicando con usted para cambiar impresiones en cuanto a la posibilidad de que sus servicios puedan ser de ayuda para esta Facultad. Cordialmente, Alberto A. Acevedo Vallejo”.

[2] De hecho, el programa es harto conocido por aquellos que se han dado a la tarea de conocer más sobre el desarrollo institucional de la UPR.

[3] Hace años tengo la costumbre de leer las actas y certificaciones de la Junta de Gobierno (antes Junta de Síndicos), y de los Senados Académicos de Río Piedras y Mayagüez. Es una costumbre que adopté desde que serví en la Junta de Síndicos para el año académico 2009-2010.

[4] Recibí la comunicación a mi correo electrónico carlos.pagan5@upr.edu, como de costumbre. Procuro mantenerme informado en temas de gobernanza en la educación superior, en particular, de nuestra Universidad.

[5] Incluyo, como Anejo A, copia del correo electrónico.

[6] Ver minuto 29:00 en adelante del video de dicha reunión. Incluyo aquí el enlace web del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aX0dA5HlJI0

[7] Incluyo, como Anejo B, acta de la reunión del Senado Académico.

[8] La acta de la reunión de la Junta Administrativa se hace disponible a partir del 16 de abril de 2015. Incluyo, como Anejo C, acta de la reunión.