De las correcciones que solicitó la Junta de Control Fiscal (JCF) al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se desprende que, como mínimo, la institución no podrá contar con cerca de $350 millones que ya había incluido en su panorama financiero para los próximos nueve años fiscales.
Por ejemplo, en el caso de tres fuentes de ingreso identificadas por la UPR –los servicios de adiestramientos al gobierno central, al Departamento de Educación y a los municipios– el plan fiscal consideraba la entrada de $290 millones, $185 millones y $147 millones, respectivamente, entre el 2018 y el 2026.
De lo anterior, empero, el Subcomité sobre Educación Superior de la JCF solicitó descartar todos los ingresos provenientes de los municipios –$147 millones– y mantener en $10 millones anuales –o $90 millones en total– los fondos provenientes del gobierno central. En ese último renglón, la diferencia entre lo previsto originalmente y lo solicitado por la JCF es de $200 millones.
Lo único seguro para la UPR con respecto a fondos por adiestramiento son, a fin de cuentas, $275 millones: $185 millones del Departamento de Educación más $90 millones del gobierno central, en los próximos nueve años.
Antes de las modificaciones solicitadas por la JCF, los servicios de adiestramientos proyectaban $622 millones paras las arcas universitarias. Luego de la carta del sábado, la proyección se redujo a $275 millones: una disminución de $347 millones (44%).
Tanto en el caso del gobierno central como del Departamento de Educación, el subcomité solicitó que la cifra final que se coloque en el plan fiscal de la UPR sea el ingreso neto; es decir, el resultado de la diferencia entre el cobro de la institución por el servicio de adiestramiento, y el costo de darlo. Lo anterior significa que el ingreso por concepto de estas medidas disminuirá aún más.
Este año fiscal, la UPR opera con una reducción de $188 millones de las aportaciones que hace el gobierno central a la institución. Dicha reducción de las aportaciones gubernamentales aumentará a $450 millones para el 2021, según el plan fiscal del gobierno certificado en marzo por el ente federal.
Piden más detalles en reducción y eliminación de plazas
Con respecto a la reducción y eliminación de plazas –attrition en el argot financiero– el subcomité sostuvo que “para que sea reconocido como una medida de reducción de gastos viable y sostenible, y no un mero ajuste de transición, todo ahorro asociado con la reducción y eliminación de plazas debe incluir una descripción de cómo se hará”, ya sea mediante ajustes en la nómina o a través de la consolidación de unidades.
En el plan fiscal de la UPR se perfila una reducción de 20% en los puestos de confianza y 50% en los puestos temporeros que redundarán en $17 millones para el 2026.
El documento, además, contempla una reducción anual de 2% en la nómina de todos los campus y dependencias de la Administración Central. En el caso de las unidades que se consolidarán a recintos –Arecibo, Aguadilla y Utuado a Mayagüez; Carolina y Bayamón a Río Piedras; y Ponce y Humacao a Cayey– la reducción sería de 6% entre el 2019 y el 2022, cuando se dé el proceso de consolidación. Al final, la UPR lograría una economía de $722 millones para el 2026.
El subcomité de la JCF planteó que para certificar el plan fiscal de la UPR, este debe describir bajo qué medida se realizará la reducción o eliminación de puestos –si bajo ajustes de nómina o bajo la consolidación de unidades– así como detallar el número de estas plazas y la función que ejercían.
Entre otras medidas, el plan fiscal de la UPR detalla un aumento en la matrícula de $56 a $115 el costo del crédito subgraduado, y de $140 a $270 el costo del crédito graduado. En caso de que no se logren los recaudos estimados con el alza inicial, se implementaría otro aumento de 20% sobre el costo del crédito para el año fiscal 2023.
Lo anterior aumentaría el costo de la matrícula subgraduada de $2,113 a $3,765. En el caso de activarse la contingencia del 20% en 2023, el costo de una matrícula subgraduada alcanzaría los $4,013.
El subcomité de la JCF –compuesto por Andrew Biggs, José Ramón González, Ana Matosantos y David Skeel– solicitó a la Junta de Gobierno de la UPR adoptar una política de matrícula que considere cómo puede abaratar los costos de estudio para los estudiantes con necesidad económica, incluyendo maximizar el uso de la beca Pell para estudio y vivienda, durante el proceso de aumento de matrícula.
