El encubrimiento por parte de las autoridades del caso de asesinato a manos de un policía del ciudadano Miguel Cáceres en el 2007, llegó al punto de que hasta el agente de la División de Homicidios que investigó la escena dejó fuera de su informe la versión de los múltiples testimonios de testigos que daban cuenta del abuso cometido por el hoy convicto.
Pesquisa Boricua examinó el expediente del caso federal 08-1486 y constató que la producción de miles de pliegos en deposiciones tomadas bajo juramento a una veintena de testigos en el mencionado caso, colocan a la Policía en un serio caso de violación de derechos civiles y encubrimiento en momentos en que las autoridades del Departamento de Justicia en Washington estudian la posibilidad de poner a la agencia en sindicatura.
La narración de las determinaciones de hecho en el caso contra Javier Pagán, asesino de Cáceres y contra el superintendente de la Policía entonces, Pedro Toledo, entre otros, traza la ruta del encubrimiento que desde el mismo día de los hechos, el 11 de agosto del 2007, se alega que ejecutaron el comandante de área, Edwin Rivera Merced, el teniente Víctor Cruz Sánchez, el sargento Juan Colón Báez, director de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) y el agente de Homicidios, José Rivera Rodríguez.
Sólo un teniente, Luis Rodríguez, y adscrito el día de los hechos al plan de trabajo de impacto en áreas de alta incidencia, de donde salieron a la calle, Pagán y los agentes Zulma Díaz y Carlos Sustache, pareció actuar con corrección al notificarle por escrito a sus superiores, Rivera Merced y Cruz Sánchez, que en el asunto hubo exceso de fuerza y negligencia por parte de los agentes.
Los hechos ocurrieron mientras Cáceres dirigía el tránsito en medio de una actividad de un quinceañero en el sector playero Punta Santiago de Humacao y los agentes intervinieron con éste advirtiéndole que sólo ellos daban tránsito y en el caso de Díaz le increpó “te voy a arrestar porque yo quiero”.
La semana pasada, Sustache y Díaz, adscrito a la UOT de Humacao, salieron por la puerta ancha del Tribunal de Primera Instancia de Humacao luego de que el jurado que entendió en el juicio por cargos relacionados al asesinato en modalidad de cooperadores, no los encontraran culpables.
En el caso civil que incoó en la Corte de Estados Unidos en la Isla, la viuda de Cáceres, Evelyn Ramírez Lluveras, por voz de las licenciadas Judith Berkan y MaryJo Méndez, a ambos policías se les ubica mintiendo desde el primer momento a sus superiores y luego, éstos manipulando información para encubrior los actos que protagonizaron sus subalternos.
El expediente del caso da cuenta de que miembros de la alta oficialidad de la región de Humacao para el día de los hechos, sólo utilizó el testimonio de un testigo que apoyaba la versión de los agentes y descartando la de quienes advertían del abuso policiaco.
El colmo del encubrimiento, alegan los demandantes, fue el del agente de Homicidios, Rivera Rodríguez, quien al momento de realizar su informe del caso sólo incluyó como testigo a Héctor Huertas, quien le dijo a las autoridades que Cáceres habría tratado de arrebatarle el arma de reglamento a Pagán.
Sin embargo, una última nota en ese mismo informe establece que “además, otros testigos fueron entrevistados en la escena pero proveyeron información que es adversa y en contra de los agentes”.
El mismo demandado ex superintendente Toledo, reconoció en su deposición en el caso, el pasado mes de febrero del 2010, que no incluir los nombres de los testigos en el informe es contrario a las “procedimientos policiacos sólo porque la información era adversa y contra los agentes…debieron incluir los nombres de los testigos”.
El agente Rodríguez se reunió en la escena con el sargento Colón Báez quien lo puso en contacto con Huertas. Trascendió que el primero habría trabajado bajo la supervisión del Sargento.
Cámara de bolsillo que delata el encubrimiento
Fue la grabación que hiciera el ciudadano Ricardo Lebrón, con una pequeña cámara marca Optimum, la que desmintió a los oficiales quienes todavía en las deposiciones tomadas en el 2009 justificaron por qué le creyeron a Pagan, a Díaz y a Sustache.
El interés de Lebrón de perpetuar el contenido de la grabación, animado por un amigo suyo y policía estatal jubilado, lo llevó hacia el negocio “Davicito” de tecnología donde solicitó la copia del contenido a un disco, que luego se hizo llegar hasta una estación televisiva.
Ese contenido fue verificado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y más tarde por el laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses que certificó su contenido y veracidad. La imagen nunca ha sido manipulada.
La principal pieza del encubrimiento y que el video confirma, fue la alegación de que Cáceres le habría intentado arrebatar el arma al agente Pagán y que el hombre agredió a Díaz en el pecho.
Tanto Díaz como Sustache “cuadraron” su versión una vez llevaron a Pagan al Hospital Ryder de Humacao y allí la vertieron al demandado Cruz Sánchez, se establece en el documento legal.
Rivera Merced emitió informes, comunicados y declaraciones de prensa advirtiendo que había versiones conflictivas en cuanto a los hechos, a pesar de que habría recibido un “esto huele a que actuaron incorrectamente”, de parte del teniente Rodríguez quien fue el primero en llegar a la escena y quien fue abordado por múltiples testigos.
“El teniente Rodríguez preparó un informe el 13 de agosto en el que analizó información, llegó a conclusiones e hizo recomendaciones. En el informe, que le fue enviado al comandante de área, Edwin Rivera Merced, se proveyó la versión de los hechos ofrecida por los testigos Fermín Torres López and Ferdinand Rosa-Ortiz. El teniente Rodríguez dejó claro que Pagán trató de disparar contra Cáceres en por lo menos cuatro ocasiones y que disparó contra el hombre ya cuando estaba indefenso en el suelo y en tres ocasiones diferentes. También estableció que los agentes Sustache y Díaz, corrieron de la escena luego de los disparos”, se lee en las determinaciones de hecho del pleito civil por violación de derechos civiles.
A pesar de que el oficial de más alto rango activo el día de los hechos era Cruz Sánchez, éste no fue a la escena. En cambio, llegó al Hospital a donde Díaz y Sustache llevaron a Pagán. Allí nunca le preguntó a su subalterno por qué le disparó al ciudadano quien ya, en ese momento, estaba muerto. La última vez que fue visto la noche de los hechos Díaz y Sustache, fue a eso de las diez de la noche y en compañía del sargento Colón Báez.
Cruz Sánchez le envió un informe a Rivera Merced sobre su conversación con los agentes involucrados en el caso, alegando que Cáceres le profirió palabras obscenas al agente, que cuando éste se desmontó de su auto patrulla lo estaba orientando y que Cáceres le dio un puño en el ojo al hoy convicto. Esta fue la versión de Díaz creída en su totalidad por Cruz Sánchez.
Rivera Merced no vio el video de los hechos hasta el domingo en la noche en un programa de noticias de televisión. A pesar de esto, insistió públicamente en la declaración de versiones conflictivas y que había testigos que apoyaban la defensa de los implicados.
Mañana, en la segunda parte de Caso Cáceres y encubrimiento policiaco, conozca el trasfondo del convicto y de otros implicados en los hechos.
*Lea el artículo original en el blog Pesquisa Boricua
