Tras varios reclamos fallidos en los últimos ocho años ante el gobierno de España, Cataluña celebra hoy una consulta participativa, un tipo de referéndum que aunque no tiene reconocimiento legal, busca agrupar en términos numéricos el sentir de los catalanes respecto a la independencia de la región española.
Cataluña, una comunidad autónoma española, estableció su autogobierno por primera vez en 1931, aunque luego, durante la Guerra Civil Española al final de la misma década, el gobierno catalán perdió su poder. El establecimiento de la Constitución de España en 1977 le devolvió la autonomía a Cataluña en algunos términos, se crean instituciones bajo el Gobierno de la Generalidad y distintos organismos a partir de la nueva ley del Parlamento Catalán.
No obstante, el gobierno autónomo, presidido por Artur Mas, del partido Convergencia y Unión (CIU, por sus siglas en catalán), ha promulgado en los últimos años varios proyectos que buscarían aumentar los poderes de dicha autonomía, en términos políticos y fiscales. En el año 2006 el Parlamento de Cataluña propuso un nuevo Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en el año 2010 el Gobierno de España, dominado por el Partido Popular, y el Tribunal Constitucional del país, vetaron el proyecto, indicando que la región estaría violando la Constitución de España. A partir de entonces, las distintas propuestas de pacto fiscal y referéndum oficiales, han sido también detenidas, utilizando incluso las fuerzas de seguridad de Madrid, provocando varios encontronazos violentos.
“Eso tuvo un efecto político importante y el proceso político de Cataluña radicalizó porque encontraron que la vía que ellos preferían, que era mejorar su autonomía, estaba cerrada y que no había manera de mejorar esa autonomía porque el Tribunal había declarado inconstitucional el estatuto que ya se había negociado hace muchos años”, explicó el profesor Jaime Lluch, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.
Según medios de la región española, el movimiento de catalanes a favor de la independencia podría alcanzar un 50 por ciento de la población. El gobierno de España, sin embargo, se niega a negociaciones con el Gobierno Catalán utilizando estatutos constitucionales que, a la larga, violentan en todo caso la democracia, la libertad de expresión y el derecho de los Estados a escoger sobre su propia soberanía.
“Esto realmente no es constitución versus democracia, esto es política contra democracia, esto es la política de un sector de la elite española, principalmente de la Derecha que es el Partido Popular, que tradicionalmente ven a España como una única nación y en estado unitario”, recalcó Lluch, quien imparte cursos de ciudadanía, inmigración y nacionalidad.
El caso de referéndum en Cataluña es comparable en algunos términos con Puerto Rico. Al igual que el evento que se lleva a cabo hoy en la región española, el referéndum que se llevó a cabo en la Isla el 4 de noviembre de 2012, no tiene ningún tipo de validez o reconocimiento legal frente al gobierno central, en este caso, el Congreso del gobierno federal de los Estados Unidos de América. No obstante, desde el punto de vista estatal, la consulta que se llevó a cabo en Puerto Rico tiene más validez que la catalana, porque fue organizada por el propio gobierno del Estado Libre Asociado, contrario al referéndum de hoy en Cataluña que fue diseñado por organizaciones civiles.
Para Lluch se trata, más bien, de una estrategia bien pensada del gobierno Catalán, que busca esquivar la cuestión jurídica del referéndum, teniendo una participación mínima en el evento y permitiendo que todo se realice a través de medios informales de la sociedad civil. Esto lo que significa es que no hay un objeto normativo que pueda ser impugnado por el gobierno central, de modo que no se podrá utilizar ningún elemento constitucional, como ha sucedido en el pasado, para detener la consulta. Lo cierto es que, en las calles de Cataluña, la necesidad de escucharse, el sentimiento de expresión, se hace notar.
