Para la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes, la institución ha alcanzado un nivel de solidez académica que la coloca muy por encima del resto de los centros de educación superior en la isla.
Y es a partir de esa singularidad que Freytes —nombrada al cargo a raíz del desenlace del escándalo sobre las becas presidenciales en julio pasado— considera que se deben defender los intereses del principal centro docente del país, en medio de una coyuntura que mantiene a la administración universitaria en un compás de espera, ante la incertidumbre que ha provocado la llegada de la junta de control fiscal (JCF), así como las grandes posibilidades de un cambio de gobierno en las venideras elecciones.
De igual modo, Freytes reconoce que gran parte de la población estudiantil se compone de alumnos que provienen de familias de escasos recursos, que no cuentan con la capacidad económica para costear estudios en una de las decenas de instituciones privadas que arropan a Puerto Rico.
“¿En qué otro sitio, qué otra universidad recibe 13,000 estudiantes con una media de promedio de educación superior de 3.5? Eso ya nos saca de compararnos con Puerto Rico. De otra parte, otra característica es que cerca de 70% de los estudiantes recibe Beca Pell. Así que es un grupo de estudiantes muy preparado, muy de primera, que [de otra manera] no tendría las opciones monetarias para cursar una educación universitaria de calidad”, aseveró la doctora en educación.
En la charla que sostuvo con Diálogo, Freytes dejó claro que, más allá de las concepciones que se puedan tener al presente sobre lo que será el papel de la JCF en el país, sería precipitado y hasta contraproducente que la universidad definiera una estrategia de acercamiento hacia la presencia del cuerpo federal, que no perdió tiempo en notificar que la UPR sería una de las instrumentalidades públicas que caerían bajo su red de control financiero.
Pero lo cierto es que, al momento, la información oficial respecto a lo que significará la JCF para la universidad es mínima. Y, a juicio de Freytes, no se gana nada con especular y presumir que los peores escenarios posibles se convertirán en realidad.
“La energía de nosotros ahora debe ser en responder a la etapa actual, una institución fortalecida. Cuando llegue la etapa de saber cuál es la posición de la JCF pues lidiamos con eso”, expresó, al tiempo que aseguró que la respuesta del gobierno local al inquirírsele sobre los planes de la junta para con la universidad es que el flamante septeto creado por el Congreso aún se encuentra en una fase organizativa.
La presidenta interina aclaró que la actitud cautelosa que se muestra públicamente no significa que internamente no se hayan discutido las alternativas que podrían entrar en juego en el futuro cercano. Freytes señaló que en las últimas semanas se ha reunido con los diversos sectores de la comunidad universitaria, tanto a nivel central como de las distintas unidades del sistema UPR.
Las estipulaciones de la ley Promesa dan paso a que JCF exija, tanto a la universidad como al resto de las agencias públicas, una inmensa cantidad de información financiera. A Freytes, sin embargo, esto no le quita el sueño, pues afirmó que la UPR, en circunstancias normales, ya acostumbra a rendirle cuentas a numerosas entidades, como la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética y a la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education.
“Lo que no sabemos es cómo [la JCF] lo quiere organizar, pero nos imaginamos que no puede ser muy distante a los estados financieros, esos que toman casi un año en prepararse y certificarse. No calculo que sea algo fuera de los contextos que ya trabajamos”, reiteró.
Por otro lado, Freytes reconoció que la posibilidad de congelar en $833 millones la fórmula a la que tiene acceso la universidad hasta al menos el 2021, como planteó el gobernador Alejandro García Padilla en el plan fiscal que presentó ante la JCF, resultaría ventajosa en el contexto actual, pues garantizaría un mínimo de fondos para operar, y permitiría la “continuidad” de los procesos universitarios.
Y es también en aras de proteger la estabilidad institucional que Freytes no favorece que el sector estudiantil —tradicionalmente uno de los más vocales en la universidad— determine llevar a cabo los paros que, dadas las circunstancias que rodearán la vida universitaria en los próximos años, fácilmente pudieran suscitarse.
“¿Por qué cerrar la universidad? ¿Quién gana, quién pierde? En el contexto histórico a la larga no abona. Así que no sé el énfasis que se dará o surgirá, pero es el momento más importante para apoyar la universidad, para darle estabilidad, tratar de asegurar que los estudiantes puedan completar su grado universitario”, manifestó.
Pendiente a las elecciones
Un ente que en demasiadas instancias durante las pasadas décadas ha evitado la continuidad dentro de los proyectos de la universidad del Estado ha sido el propio gobierno central.
Basta con recordar las últimas dos administraciones. El gobierno de Luis Fortuño aumentó de 13 a 17 el número de miembros de la entonces Junta de Síndicos, permitiéndole así al Partido Nuevo Progresista controlar el cuerpo rector de la UPR. Poco después del cambio de gobierno, en 2013, la administración de García Padilla desmanteló la Junta de Síndicos, creando la actual Junta de Gobierno.
Y Freytes espera que, incluso ante la creciente posibilidad de un nuevo cambio en el partido de gobierno en los comicios del 8 de noviembre, el cambio con la estructura administrativa de la institución haya llegado a su fin.
“El cambio [por razones político partidistas] es nefasto para la institución. Llegar con el entendido de ‘voy a hacer un cambio porque llegué’, no solo en la universidad, en cualquier agencia, no funciona bien”, advirtió la presidenta. “Confío en que las personas que salgan electas entiendan que en Puerto Rico estamos en una coyuntura que necesita de parte de ellos un compromiso con la institución y que los cambios se puedan articular mínimamente”, agregó sin poder ocultar un dejo de preocupación.
Uno de los proyectos que está puesto en marcha y que pudiera sufrir los embates de un cambio súbito en la filosofía administrativa es la formulación del Plan Estratégico 2016-2021.
El plan, que se comenzó a redactar bajo la administración del pasado presidente Uroyoán Walker Ramos, constaba originalmente de ocho áreas. Sin embargo, tras reuniones con distintos grupos de enfoque se tomó la determinación de reducirlo a cuatro, informó Freytes.
La también exvicepresidenta de asuntos académicos indicó que, en parte debido a las exigencias de la Middle States así como del Consejo de Educación Superior, “el plan está insertado y dialogado sobre la base de un presupuesto. En el proceso de planificación que estamos completando, el director de presupuesto está en todas las reuniones, al igual que el director de presupuesto de cada una de las unidades”.
Freytes se mostró confiada en que ya para diciembre se pudiera estar presentando un nuevo borrador del Plan Estratégico ante la Junta Universitaria.
Quizás el aspecto que mayor satisfacción da a la presidenta interina respecto al estado actual de la UPR es precisamente el hecho de que cada una de las 11 unidades del sistema haya sido debidamente acreditada por la Middle States.
Para la académica, ese es el argumento más potente para derrotar aquellos llamados que frecuentemente se hacen para reducir el número de unidades.
De igual forma, resaltó la importancia socioeconómica que reviste cada una de las instituciones en las respectivas regiones en que operan.
“¿Qué nos haríamos sin alguno de esos recintos en términos de la estructura económica de los municipios? Nosotros tenemos muchísimos estudiantes que son universitarios de primera generación en sus familias. ¿A dónde más puede ir un estudiante a hacer una diferencia de movilidad social, académica e intelectual en su vida y la de su familia que no sea la Universidad de Puerto Rico?”, cuestionó Freytes retóricamente.
No podemos olvidar que la educadora, quien ya suma 36 años sirviendo a la UPR desde distintos frentes, llegó a la presidencia interina luego de que la Junta de Gobierno le retirara la confianza a Walker Ramos, tras la divulgación del informe sobre el otorgamiento de becas presidenciales para el año académico 2015-2016.
La UPR es imprescindible desde un punto de vista socioeconómico, dijo Freytes. (Glorimar Velázquez/Diálogo)
A pesar del complicado contexto en que le tocó asumir la presidencia interina –“muy diferente”, dijo, a la etapa anterior en que ocupó el cargo, entre septiembre y noviembre de 2013– Freytes catalogó la experiencia de gratificante debido al apoyo que percibe ha recibido de parte de la comunidad universitaria, y en particular el sector docente.
“La realización de toda esta gente y profesores de primera que están colaborando con sus áreas de especialidad desde sus disciplinas es impresionante. Uno vuelve y se reafirma que la universidad es una comunidad muy entendida, muy sofisticada, muy inteligente y yo soy muy afortunada de ser una persona más, una profesora más trabajando con tanta gente de primera”, subrayó la catedrática.
