Chile se comprometió este mes ante la comunidad internacional a impulsar una serie de reformas, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y borrar así las persistentes sombras de la dictadura en el fundamental sector de las garantías ciudadanas.
Avanzar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reformar la polémica ley Antiterrorista, garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios y el acceso universal a la educación y la salud, son algunos de los compromisos que acaba de adquirir Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Vemos siempre una tendencia de Chile de ir caminando hacia el cumplimiento de sus obligaciones", afirmó a IPS el representante regional para América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra.
El jueves 19, el país rindió por segunda vez en su historia el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante el Consejo, en la ciudad suiza de Ginebra, el gobierno formalizó su aceptación de 180 de las 185 recomendaciones que le hicieron los 84 estados miembros y rechazó cinco.
Chile es uno de los países latinoamericanos más conservadores y uno de los seis en todo el mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia. El divorcio se aprobó solo en 2004 y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) aún pelea por el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
La educación y la salud están profundamente segregadas, lo que genera un espiral de desigualdad que la sociedad clama porque se revierta en este país de algo más de 17 millones de habitantes.
Otro grave problema afecta a los pueblos indígenas, que carecen de reconocimiento constitucional y que protagonizan desde hace décadas enfrentamientos con las autoridades y poderes fácticos para que se les restituyan las tierras ancestrales de las que se les despojó.
Las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos fueron respondidas en primera instancia por el gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), apenas unas semanas antes de dejar el poder en marzo.
Piñera aceptó 142 recomendaciones, rechazó 13 y "tomó nota" de otras 30, argumentando que no podía comprometer el cumplimiento de estas, porque su aprobación dependía del bicameral Congreso legislativo.
"La figura de ‘tomar nota' fue una novedad en materia de derecho internacional porque las recomendaciones se aceptan o se rechazan", criticó a IPS la abogada del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Paula Salvo, cuya institución participó en la sesión de Ginebra.
El 30 de mayo, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet envió por escrito una "corrección" a la primera respuesta, en la que aceptó 180 recomendaciones y rechazó cinco.
Entre esas cinco se encuentra dos del Vaticano, sobre el derecho de la persona humana desde la concepción y la protección de la identidad familiar tradicional, y otra sobre el derecho de Bolivia a una salida al océano Pacífico.
Según Incalterra, la presidenta comprendió que muchas de las recomendaciones rechazadas por su antecesor, formaban parte ya de su programa de gobierno. Eso incluye la despenalización del aborto terapéutico, por los supuestos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.
El proyecto de ley para permitir el aborto inducido en estos casos se comenzará a discutir en el parlamento durante el segundo semestre de este año.
Incalcaterra, cuya oficina regional tiene sede en Santiago, explicó que la ONU reconoce que el aborto "es un tema complejo y de salud", pero el Consejo de Derechos Humanos pide que los estados que legislen y "estos tres casos sean el mínimo".
Además de legislar sobre el aborto terapéutico, el gobierno se comprometió a reformar otras herencias de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), como la Ley Antiterrorista, que se aplica casi exclusivamente contra presuntos delitos del pueblo mapuche, en su lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.
La ley aplica altas sanciones, realiza dobles procesos por la jurisdicción civil y militar y permite testigos sin rostro, entre otras anomalías. El gobierno se comprometió a no aplicar la norma contra los mapuches y a respetar sus derechos humanos.
Otro resabio dictatorial, que persiste tras 24 años de democracia, es la jurisdicción militar, que puede aplicarse en cualquier caso que involucre a uniformados, como víctimas o imputados. La reforma prometida fija que los tribunales civiles procesarán a los militares acusados de delitos comunes y que la justicia castrense no alcanzará a ningún civil.
Hernando Silva, investigador del Observatorio Ciudadano, explicó a IPS que valoran positivamente que el Estado haya aceptado estas recomendaciones, pero que lo que esperan es "que de una vez por todas se les dé cumplimiento, en lugar de solo asumirlas".
Silva subrayó que "es necesario que esta vez por fin le dé cumplimiento cabal a sus obligaciones en materia de derechos humanos".
Incalcaterra puntualizó que no hay obligatoriedad legal de cumplir las recomendaciones, pero advirtió que "todo el trabajo que se hace en nivel internacional se basa en la buena fe".
"Si uno pasa por ese ejercicio, dialoga con los otros estados, acuerda y reconoce que esas recomendaciones son pertinentes y las asume, evidentemente tiene que, en cuatro años más, regresar a esa instancia y decir esto es lo que he hecho", afirmó.
La finalidad del EPU, dijo, es impulsar la implementación de los derechos de todas las personas que viven en un país.
Por esa razón, argumentó, "debemos verlo siempre como un apoyo adicional, que ayuda a los estados a establecer políticas públicas, mejorar su legislación si es necesario, establecer institucionalidad si no la tiene, proporcionar recursos, establecer datos estadísticos para su análisis, campañas, etcétera".
La revisión del cumplimiento de los compromisos por Chile será en cuatro años.
Para el INDH, con un papel de supervisor estatal, hay urgencias que cumplir, como la ratificación de los tratados internacionales pendientes en la materia.
Se requiere, además, contar con una instancia gubernamental de derechos humanos, un plan nacional y una mayor educación de sus alcances.
Respecto de las víctimas de la dictadura sin reparación, el INDH considera que debe establecerse un órgano de calificación permanente para casos pendientes y otorgarse asesoría jurídica y social a las víctimas de tortura.
La abogada Salvo subrayó a IPS que a partir de ahora "el gobierno tiene que generar un mecanismo permanente de revisión de las recomendaciones de la ONU", porque desde ahora "el desafío es interno".
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