Como en otros países de América Latina, en los últimos años China es un inversor que pisa fuerte en Argentina. El impacto ambiental y los beneficios sobre la economía de este desembarco, sin embargo, son objeto de discusión entre actores locales.
Uno de los terrenos clave es el energético, donde un estudio de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que el financiamiento chino sostiene fundamentalmente proyectos hidroeléctricos, nucleares o de hidrocarburos.
En cambio, deja apenas cuatro por ciento de esas inversiones para energías renovables, justamente el sector donde el país enfrenta un visible retraso.
“El gran objetivo de China es exportar su tecnología y sus insumos. Y tiene un enorme desarrollo a nivel hidráulico, nuclear y petrolero. Ya no tiene más ríos donde puedan construir represas en su territorio y por eso están tan interesados en las represas sobre el río Santa Cruz”, dijo a IPS la directora de investigación de la FARN, María Marta Di Paola.
Efectivamente, China está detrás de un controvertido proyecto para construir dos gigantescas represas en la Patagonia, sobre el río Santa Cruz, que fue establecido durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y ratificado por el presidente Mauricio Macri, a pesar de fuertes cuestionamientos ambientales.
Se trata de una obra de casi $5,000 millones, que prevé una potencia de 1,310 megavatios (MW).
Sin embargo, para el economista Gustavo Girado no es el gigante asiático el que desecha involucrarse en proyectos de energías renovables, sino que es Argentina el que todavía no ha apostado decididamente por la transición energética hacia fuentes renovables limpias y no convencionales.
“Como cualquier país con mucho capital, China está interesada en todos los negocios posibles y toma lo que le ofrecen. De hecho, en Argentina también está teniendo una participación alta en el Plan RenovAr”, explicó.
Se refiere a la iniciativa lanzada por el gobierno argentino con el objetivo de desarrollar las energías renovables y revertir el escenario actual, en el que 87% de la matriz primaria del país está compuesta por combustibles fósiles.
En esa vertiente también participan empresas chinas, que durante el periodo enero-septiembre de 2017 produjeron 25% del petróleo y 14% total del gas natural extraído en el país.
Desde 2016, el Ministerio de Energía firmó 147 contratos para emprendimientos de energías renovables que aportarían un total de 4,466 MW al sistema eléctrico, la mayoría de ellos solares y eólicos, que actualmente están en desarrollo.
El objetivo es cumplir con la ley sancionada en 2015, que establece que en 2025 las renovables deben aportar al menos 20% de la capacidad del sistema eléctrico, que hoy ronda los 30,000 MW.
En ese sentido, 15% de la potencia adjudicada a través del Plan RenovAr lo ha sido a capitales chinos.
Se destaca el parque solar de Caucharí, en la norteña provincia de Jujuy que, informaron, consistirá en la instalación, en un terreno de 700 hectáreas, de 1,200,000 paneles solares construidos en China.
El proyecto tiene un presupuesto de $390 millones, de los cuales $330 millones serán financiados por el estatal Eximbank chino.
China también aparece detrás de la pretensión argentina de desarrollarse en energía nuclear, ya que en 2017 se acordó que financiará la cuarta y la quinta central atómica de este país sudamericano, a un costo total de $14,000 millones.
Sin embargo, la administración de Macri anunció este mes que postergará sin fecha el comienzo de la construcción de al menos la primera de esas centrales, con el objetivo de no generar un mayor endeudamiento y reducir el elevado déficit fiscal del país.
La decisión está orientada a facilitar el otorgamiento de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la crisis de confianza que derivó en una masiva salida de capitales y puso en graves apuros la economía local.
Subsisten, en cambio, otros proyectos energéticos con financiamiento chino, que incluyen otras cuatro centrales hidroeléctricas y plantas térmicas alimentadas a gas natural.
Hasta ahora, las inversiones acumuladas ya comprometidas de Beijing en el área de energía en la que es la tercera economía latinoamericana totalizan $30,000 millones, a los que se suman cifras multimillonarias para proyectos en otras áreas, como infraestructura, agroindustria o minería.
“Los chinos miraron primero a su continente, luego a África y desde hace unos años miran a América Latina. De entrada se interesaron por los productos agrícolas y minerales y hoy no son solo el segundo socio comercial de la región, sino también un buen inversor”, dijo a IPS el canciller argentino entre 2005 y 2010, Jorge Taiana.
El diplomático de larga trayectoria recordó un señalamiento del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante la Cumbre de las Américas, celebrada en 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata, donde la región rechazó conformar el Área de Libre de Comercio de las Américas (ALCA).
“Nos dijo: ‘no sé por qué se preocupan tanto por el ALCA, cuando lo que tendríamos que discutir es cómo nos defendemos de China'”, citó.
Taiana sostiene que depende de las decisiones de Argentina y el resto de los países de la región si van a sacar provecho o van a ser víctimas de la agresiva expansión económica china.
“La inversión extranjera directa siempre es beneficiosa. El secreto está en qué condiciones pone el que recibe y cuál es su plan de desarrollo”, afirmó.
“Argentina, por ejemplo, construyó sus ferrocarriles con capitales ingleses y todas las vías confluyen en Buenos Aires, porque a ellos solo les interesaba facilitar la llegada de los productos agrícolas al puerto. Esas son las cosas que no deben pasar”, añadió.
Las organizaciones ambientales son particularmente críticas de las represas sobre el río Santa Cruz, ya que este nace en el magnífico Parque Nacional Los Glaciares y podría afectar los niveles del lago Argentino, en cuya orilla está el Glaciar Perito Moreno, una de las mayores atracciones turísticas del país.
Sin embargo, el contrato de las represas tiene una cláusula de incumplimiento cruzado por el cual, si no se construyen, los bancos chinos podrían también dejar sin financiamiento obras de infraestructura ferroviaria que están sosteniendo en Argentina.
“Lo que en el pasado adjudicábamos a las presiones de Estados Unidos hoy lo estamos viviendo con China”, dijo Hernán Casañas, director de Aves Argentinas, la organización ambientalista más antigua del país.
“Las represas son un claro ejemplo de cómo esa presión por una cuestión económica puede estar dejando en segundo plano la soberanía ambiental de la nación”, agregó.
En ese sentido, Di Paola señaló que “China ha ocupado en América Latina el lugar que antes ocupaban primordialmente instituciones financieras tradicionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo”.
“El problema es que no tiene el mismo marco de salvaguardas y entonces pueden comenzar obras de infraestructura sin cumplir con los recaudos ambientales”, planteó.
Sin embargo, Girado tiene otra visión y apunta que “los organismos de crédito imponen condiciones a los países que reciben los créditos, cosa que China no hace. En ese sentido resulta más ventajoso”.