Dos nuevas centrales nucleares, a un costo de $14,000 millones, le darán un nuevo impulso a la relación de Argentina con la energía atómica, iniciada hace más de 60 años. El anuncio lo realizó el presidente Mauricio Macri desde China, que aportaría los recursos para financiar 85% de las obras.
Sin embargo, y más allá de que rápidamente comenzó a organizarse un movimiento social de rechazo a las centrales, el proyecto parece tener un importante obstáculo a superar.
Se trata de las condiciones del gobierno chino, que amenaza con dejar sin efecto este y todo el resto de sus planes de inversión en Argentina si no se concreta el contrato ya firmado para la construcción de dos gigantescas represas hidroeléctricas en el extremo sur de la región de la Patagonia, que hoy están en compás de espera por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Junto a Brasil y México, Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que ha desarrollado energía nuclear.
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue fundada en 1950 por el entonces presidente Juan Domingo Perón (que estuvo al mando en los términos entre 1946 y 1955 y 1973 -1974) y el país inauguró su primera central nuclear, Atucha I, en 1974. El desarrollo de este tipo de energía fue frenado luego de la última dictadura militar (1976-1983) por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta que fue retomado durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007).
De acuerdo con el anuncio realizado por Macri en mayo, durante su visita a Bejing, en enero próximo comenzará la construcción de Atucha III, con una potencia de 745 megavatios (MW), que se emplazará a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de Lima.
Allí están Atucha I y II, dos de las tres centrales nucleares ya existentes en el país, mientras la otra, llamada Embalse, está situada en la central provincia de Córdoba.
La quinta central nuclear, de 1,150 MW, comenzaría a hacerse realidad en 2020 y estaría en algún lugar todavía no precisado de la provincia de Río Negro, en el norte de la sureña Patagonia.
Actualmente, la energía nuclear aporta cuatro por ciento de la energía eléctrica argentina, terreno en el que dominan las centrales térmicas alimentadas a gas natural y petróleo (64%) y las centrales hidroeléctricas (30%), según cifras del Ministerio de Energía. Las fuentes renovables solo significan dos por ciento, aunque el gobierno busca expandirlas.
Más allá de diversificar la matriz energética, las proyectadas centrales nucleares e hidroeléctricas se enmarcan dentro de una ambiciosa estrategia que Argentina puso en marcha hace ya varios años: la de potenciar su relación económica con China, de la que espera que le compre cada vez más alimentos y le envíe cada vez más inversiones.
Durante su visita a China, entre el 14 y el 17 de mayo, Macri se mostró entusiasmado acerca del rol que el gigante asiático puede jugar en este país sudamericano.
“China es un socio absolutamente estratégico. Este será el principio de una época maravillosa entre ambos países. Debe haber pocos países en el mundo más complementarios que Argentina y China”, dijo Macri en Beijing ante empresarios de los dos países.
“Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en una plazo de cinco a ocho años”, afirmó Macri, quien precisó que espera de China inversiones en “rutas, puentes, energía, puertos, aeropuertos”.
El acercamiento entre Argentina y China comenzó hace más de 10 años y tuvo un fuerte impulso en 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) recibió a su par Xi Jiping en Buenos Aires y firmaron varios acuerdos.
Entre ellos se incluían desde la construcción de las represas patagónicas hasta inversiones en la modernización del ferrocarril Belgrano, que transporta mercancías desde el norte del país hacia el occidental puerto fluvial de Rosario, con acceso al océano Atlántico y desde donde se embarcan para la exportación.
Este último contrato está en plena ejecución, ya que el 22 de junio llegaron a Buenos Aires 18 nuevas locomotoras chinas.
La relación entre la potencia asiática y este país sudamericano, de todas maneras, no está exenta de riesgos para Argentina, advierten los expertos.
“China tiene una capacidad de inversión casi infinita y está interesado en la Argentina como en todo el resto de América Latina, región a la que quieren asegurar como proveedora de insumos. Por supuesto, China tiene una muy fuerte capacidad de negociación y el objetivo de Argentina debe ser equilibrar la relación de fuerzas”, dijo a IPS el economista Dante Sica, exsecretario de Comercio e Industria de la Nación en el bienio 2002-2003.
“Así como ellos son compradores de alimentos, también quieren vender sus productos y generan tensión sobre la estructura industrial argentina. De hecho, nuestro país hace varios años que tiene déficit comercial con China”, agregó.
El especialista en Relaciones Internacionales Roberto Adaro, del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, dijo a IPS que “Argentina puede sacar ventajas de su relación con China si tiene claro sus intereses. Debe hacer hincapié en la complementariedad y no dejar que los chinos inunden nuestro mercado local con sus productos”.
Adaro rescató como positiva la decisión de apostar a la energía nuclear por “la importancia de diversificar la matriz energética” y porque la construcción de este tipo de centrales “generan inversión y puestos de trabajo también en otros sectores de la economía”.
Sin embargo, existe una piedra en el zapato en el vínculo chino-argentino en el tema nuclear que es el proyecto hidroeléctrico.
Se trata de dos gigantescas centrales, a un costo de casi $5,000 millones y con una potencia proyectada de 1,290 MW, a instalarse sobre el río Santa Cruz, que nace en el extraordinario Parque Nacional Los Glaciares, en el sur patagónico, y discurre hacia el océano Atlántico.
En diciembre, cuando la obra parecía lista para arrancar, la Corte Suprema de Justicia aceptó el amparo que introdujeron dos organizaciones ambientalistas, al considerar que no hubo un adecuado estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó no comenzar los trabajos.
En respuesta, los tres bancos estatales chinos que financian los dos proyectos, dijeron que pondrían en funcionamiento una cláusula de incumplimiento cruzado, por la cual cancelarían el resto de las inversiones si no se hacen las represas.
Para construir las dos plantas se formó un consorcio de tres empresas chinas y una argentina, pero nueve años después de ganar la licitación aún no comenzó la construcción.
Apurado ante la exigencia china, el gobierno hizo público el 15 de junio un nuevo estudio de impacto ambiental y llamaría en las próximas semanas a una audiencia pública para debatirlo, de manera que el máximo tribunal del país autorice el comienzo de las obras.
Al rechazo de ecologistas a las represas, en el horizonte se avizora el que despiertan las centrales nucleares, que ya han movilizado a activistas sociales y ambientales de Río Negro, que en las últimas semanas han realizado asambleas en distintos puntos de la provincia y exigen una consulta popular sobre la que se instalaría allí.
Incluso han generado un inusual conflicto con la vecina provincia de Chubut, cuyo parlamento aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a las plantas nucleares. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, pidió a los chubutenses “que no se entrometan”.
“Argentina tiene que darse un debate serio sobre lo que significan estas centrales, en un momento en que el mundo está abandonando este tipo de energía. Necesitamos saber, entre otras cosas, cómo se va a conseguir el uranio que se necesita como combustible”, dijo a IPS el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli.
Hoy Argentina importa el uranio que utilizan sus centrales nucleares pero ambientalistas temen que se busque reactivar la producción local que fue abandonada hace más de 20 años.
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