Convocatoria de UNESCO para cultura y paz
Una preocupación para los activistas es la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las corporaciones y la impunidad prevaleciente. (Suministrada/ IPS)
Por: Emilio Godoy
“Les diría a las instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida”, clamó el indígena mexicano Taurino Rincón.
Este nahua integra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, una localidad del occidente del país, que lucha contra la empresa mexicana Gabfer SA de CV, y su proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales.
“Queremos que la concesión sea anulada. Estamos firmes de no aceptarla por ningún motivo. Defendemos el derecho a la vida, al agua y a la naturaleza”, dijo Rincón a IPS.
Asegura que la explotación minera contaminaría al manantial que provee de agua a los 4.000 habitantes de la comunidad situada a 660 kilómetros de Ciudad de México, en el municipio de Comala, en el estado de Colima.
Gabfer tiene una concesión para explotar a tajo abierto oro, cobre, plata y manganeso en un área de 100 hectáreas y sus representantes afirman que el proyecto no dañará las fuentes de agua, aunque todavía no presentó el estudio de impacto ambiental al respecto.
Este caso ilustra los diversos conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en muchos sectores en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las Empresas, establecidos en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los tres ejes de los 40 principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las víctimas de las violaciones.
Entre ellos se destaca que “los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”. Además, se exhorta a “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción el respeto a esos derechos en todas sus actividades”.
Los principios son voluntarios, no vinculantes ni ejecutables fuera del territorio donde se produce el daño, pero representan un primer instrumento para la defensa de los derechos humanos en las actividades económicas del sector privado y público.
El rezago en la aplicación en América Latina se produce mientras que el Atlas Global de Justicia Ambiental, coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la española Universidad Autónoma de Barcelona, ha identificado 99 disputas ambientales en Colombia, 64 en Brasil, 49 en Ecuador, 36 en Argentina, 35 en Chile, 33 en Perú y 32 en México.
Se trata de conflictos relacionados con la extracción minera y de combustibles fósiles, la gestión de residuos y del agua, el acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.
“Es algo muy nuevo, no ha habido líneas claras para los gobiernos y para que los principios se vuelvan una realidad nacional”, señaló el estadounidense Benjamín Cokelet, director ejecutivo del no gubernamental y regional Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, con base en México.
Pero, puntualizó a IPS, “si no los aplicamos, será un marco jurídico cooptado por otros intereses” y provocará “prácticas de simulación”.
Desde 2013, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y México han expresado su intención de instrumentar los Principios Rectores, según datos del Consejo de Derechos Humanos, pero ninguno lo concretó.
Chile, con conflictos sociales vinculados a la minería, a la crianza de salmón en piscifactorías y a grandes plantaciones forestales y a otros sectores, elabora un plan nacional para identificar la situación actual, vacíos y buenas práctica, según explicó la delegación del gobierno en el Tercer Foro Anual de Derechos Humanos y Empresas, celebrado en Ginebra en diciembre.
Además, incluiría medidas efectivas de reparación para las víctimas, especial atención a los grupos vulnerables, acciones laborales y de respeto al ambiente, así como disposiciones anticorrupción y de fomento a la transparencia, se informó en ese foro de la ONU.
Pero para José Aylwin, codirector del no gubernamental Observatorio Ciudadano chileno, el ritmo en su país es lento.
“Solo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración”, aseguró a IPS.
Para activistas como Aylwin, una preocupación mayúscula es la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las corporaciones y la impunidad prevaleciente.
“En la región, el discurso de la responsabilidad social empresarial sigue siendo muy repetitivo y hay una negativa a entender la situación en términos de derechos humanos”, denunció la colombiana Amanda Romero, del no gubernamental e internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Pese a los Principios Rectores y otras iniciativas, en América Latina “cada vez hay más impunidad”, aseguró a IPS esta investigadora del Centro, con sede en Londres y que en 2013 lanzó el primer informe sobre la región.
Puso como ejemplo el caso de Colombia, donde hay un aumento de la conflictividad por concesiones mineras y construcción de infraestructura. “Hemos constatado que hay un incremento en ataques, en coincidencia con movilizaciones y demandas de comunidades que no desean esas obras”, señaló.
Ello pese a que desde 2009, ese país construyó mecanismos para abordar el nexo entre derechos humanos y compañías, y en julio de 2014 el gobierno publicó los “Lineamientos para una política pública de derechos humanos y empresas”.
Esa guía aborda la gestión de riesgos e impactos, transparencia, relación con comunidades, asuntos laborales y ambientales, así como seguridad, consumidores y tierras.
En su 26 periodo de sesiones, en junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos formó un grupo de trabajo intergubernamental de composición plural para diseñar un tratado vinculante que recoja los ahora voluntarios Principios Rectores.
Entre los países latinoamericanos, la iniciativa contó con el apoyo de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, mientras topó con la oposición de un bloque liderado por Colombia, México y Perú.
El 25 de febrero el Centro de Información publicó dos plataformas interactivas para evaluar el desempeño de compañías y gobiernos, con base en un cuestionario a 100 gobiernos y 180 corporaciones.
Entre las compañías que respondieron estuvieron Falabella (Chile), Ecopetrol (Colombia), Grupo México, Petróleos Mexicanos y Petróleos de Venezuela. Todas remitieron como respuesta sus políticas de responsabilidad social corporativa.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México contestaron con menciones a sus planes de desarrollo, programas de derechos humanos y políticas ambientales, en tanto que Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú no respondieron, al menos aún.
Ante la gravedad de la situación, varias organizaciones latinoamericanas idean la creación de un observatorio que dé seguimiento al tema.
Romero plantea la conversión de los Principios Rectores en ley nacional, el apoyo al tratado vinculante y mantener el activismo frente a los órganos garantes de los tratados de derechos humanos.
Para Aylwin, urge que los Estados adopten medidas políticas y legislativas “para asegurar la coherencia de su actuación en la materia y para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos”.
Editado por Estrella Gutiérrez
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