La Asociación de Claustrales Jubilados (ACJ) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) creó una serie de alternativas ante la crisis que enfrenta la Universidad de Puerto Rico (UPR) en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 6 de abril.
Según un documento suministrado a Diálogo, los claustrales advierten que el recorte para la UPR le causaría un grave impacto negativo “a nuestro mayor y más importante centro de desarrollo intelectual” . La asociación aseguró que es imposible que la universidad pueda dar los servicios que ofrece hoy, si recibe $450 millones menos de parte del gobierno central.
“No tiene sentido que la universidad sea sometida a un recorte presupuestario cuya magnitud tendría el efecto de evitar que esta pueda cumplir su misión. En momentos de crisis es cuando precisamente los recursos deben concentrarse en las instituciones que mejor pueden servir para llevar a la recuperación”, mencionó la ACJ en declaraciones escritas.
Medidas presentadas por ACJ
Una de las medidas que ofrece la asociación es establecer un cargo adicional a la matrícula del estudiante que toma un curso por tercera vez cuando no presente evidencia médica que justifique las bajas anteriores y cargo debe ser igual al costo real para la institución. También establecer una cuota al proceso de bajas parciales no justificadas por evidencia médica.
Otra alternativa es sobre la exención de matrícula donde se pide revisar la política institucional de la otorgación de la misma y buscar reducir el número de categorías que actualmente son quince. Al igual que limitar la exención de matrícula concedida para que sea el 50% del costo de los créditos matriculados.
También sugirieron establecer una cuota de transportación en aquellos recintos, como el RUM, en los que se provee un servicio de transportación interna para estudiantes y empleados. Todo estudiante y empleado usuario necesitaría pagar la cuota para utilizar el servicio.
La ACJ mencionó llevar a cabo en cada uno de los recintos de forma consistente y con carácter de urgencia un proceso de evaluación de aquellos programas académicos que no estén cumpliendo con las condiciones descritas en la Certificación 123 (2005-2006) de la Junta de Síndicos y declarar en moratoria aquellos que tienen las situaciones más apremiantes.
Ellos pidieron evaluar todos los programas académicos repetitivos entre recintos y considerar la consolidación de los mismos y en caso de ser necesario, la consolidación de recintos.
Estas son algunas de las medidas presentadas por la ACJ quienes buscan que sean consideradas por las autoridades universitarias, pero aseguran en la comunicación enviada que estas de ninguna manera llegarían a la totalidad de $450 millones, pues entienden que la UPR es uno de los recursos principales de Puerto Rico para su desarrollo económico ya que es el lugar donde se educan la mayoría de los profesionales del país.
