Si una sociedad desea que sus ciudadanos consideren, estimen, respeten y valoren los derechos de sus semejantes debe esforzarse porque todos reciban este tipo de educación, de acuerdo con representantes de distintas organizaciones de derechos civiles, entrevistados por Diálogo.
“Es necesario como país que desarrollemos un plan nacional de educación en derechos humanos, y si esta iniciativa no proviene del Estado, nosotros, la sociedad, debemos abrir los espacios para que se cree, y hacer la presión necesaria para que se adopte e implemente”, detalló el director ejecutivo de Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico, Pedro Torres.
Dicha entidad divulgó recientemente una investigación que reveló que el Departamento de Policía de Puerto Rico tiene una “práctica y patrón de abusos” incluyendo la fuerza excesiva, disparos injustificados y los registros e incautaciones ilegales. El informe también señaló que existe “evidencia preocupante” de que la Policía no vigila adecuadamente los incidentes de asalto sexual y violencia doméstica, además de discriminar contra las personas de ascendencia dominicana.
El Director Ejecutivo de Amnistía aseveró que el primer paso para evitar violaciones a los derechos, incluyendo los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, es conocer cuáles son. “En un estudio realizado en el 2011 por la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Amnistía Internacional y colectivos como Sembrando Conciencia y Radio Huelga, luego de casi 1,000 entrevistas encontramos que la mitad del País no podía mencionar un solo derecho humano y los que respondieron solo mencionaban uno o dos, siendo el derecho al voto el más común”, aseveró Torres.
Con él coincidió el director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez. El líder civil detalló que es importante conocer sobre los derechos humanos, para poder querellar una injusticia.
"Queremos primero orientar al ciudadano sobre los derechos. Si se orienta y se llega a la conclusión que le fueron violados sus derechos, debe acudir a la agencia que le corresponda. Nosotros no podemos hacer nada, a menos aque la persona radique una querella y la única forma que una persona radia es si sabe que le cometieron una injusticia”, explicó.
Herramientas para desencadenar la libertad
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial del Colegio de Abogados sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales, Samuel Quiñones García, mencionó que existen dos pasos fundamentales para lidiar contra este tipo de violaciones.
“El primero sería el uso de sus mentes de manera creativa”, puntualizó.
“No se puede resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento que lo creó. En defensa de nuestros derechos civiles esto requiere que nos planteemos una incómoda hipótesis. Esta es que las autoridades, más que tolerar, desean la existencia de una disfuncionalidad sistémica en nuestras instituciones de ley y orden, al igual que en las que regulan la gestión de la información pública”, agregó.
El doctor de Derecho Administrativo, aseguró a su vez, que la segunda herramienta sería utilizar la palabra de la “forma más intensa posible”.
“El lenguaje es el principal método de liberación de cualquier opresión, porque también es el más usado para encadenar la libertad. Es necesario cuestionar a las autoridades usando nuestra voz en todos los medios de comunicación posibles. Educarnos sobre nuestros derechos y encarar al que quiera conculcarlos, de una manera pacífica pero firme”, añadió.
El informe de Amnistía Internacional también destacó que existe un patrón de ataques policiacos contra manifestantes no violentos y periodistas de una manera “diseñada para reprimir” el derecho a la libertad de expresión. Ante esta información, Quiñones García destacó que la mejor manera de corregir la libertad de expresión en la Isla es vencer el temor a hablar y poder “escribir lo que opinamos”.
Sin embargo, reconoció que no todos tienen el mismo acceso a los medios de comunicación. “A mí me gustaría ver que los jóvenes universitarios establecieran en sus recintos un “Rincón del orador”. Se trataría de defender una zona donde se permita hablar en público a cualquiera, como la que se encuentra ubicada en el noreste de Hyde Park en Londres”, explicó.
Finalmente, en el caso específico de las denuncias sobre las acciones de la Policía de Puerto Rico, las tres organizaciones coincidieron que para lidiar adecuadamente con esta situación, se necesita un líder que conozca la problemática que afrenta dicho Departamento, así como mejorar el adiestramiento del personal. También concordaron que la participación civil es imprescindible para disminuir las violaciones de derechos humanos, como también bajar la tasa de criminalidad.
“Por años hemos exigido una reforma estructural de la Policía, que incluya una revisión de los criterios de reclutamiento, insertar en el currículo temas de derechos humanos y cultura de paz, mejorar las condiciones de trabajo de los policías, mejorar los protocolos de supervisión y establecer un sistema periódico de evaluación que incluya aspectos psicológicos”, aseveró el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Puerto Rico.
