Ser víctima de atropello institucional surte en la persona afectada un sentimiento de desamparo, pues aquellas instituciones que debieron protegerle son precisamente quienes la oprimen y maltratan. Sin embargo, esta sensación no dura mucho tiempo, pues existen varias entidades no gubernamentales que rápidamente se movilizan para socorrerles. Dos de estas organizaciones son Amnistía Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes por años han ofreciendo orientación y asesoramiento a las víctimas de violencia institucional en la Isla. Una de las principales herramientas de lucha de ambas instituciones es la denuncia. Pedro Santiago, portavoz de Amnistía Internacional en Puerto Rico, explicó a Diálogo Digital que ellos organizan su trabajo en torno a tres aspectos: investigación, denuncia y educación. Se investigan los hechos suscitados y luego se denuncia públicamente lo acontecido mediante distintos tipos de manifestaciones, ya sean cibernéticas o presenciales. Amnistía, fue uno de los primeros organismos en denunciar la brutalidad policíaca en la comunidad de Villas del Sol en Toa Baja. “Estamos colaborando desde el 30 de junio con Villas del Sol, cuando la Policía hizo el primer intento de desalojo”, comentó Santiago. “Estuvimos de observadores para denunciar cualquier tipo de abuso de fuerza”, recordó. Luego, regresaron el 3 de agosto, cuando se produjo el segundo incidente con las autoridades. “Teníamos allí al licenciado Osvaldo Burgos, que presenció el macanazo a Maritza de la Cruz, una mujer con ocho meses de embarazo”, anotó. Santiago dijo que se orientó a los residentes sobre cómo actuar ante ese tipo de violencia y se les llevó copia de la Declaración de los Derechos Humanos. Agregó que posteriormente se han mantenido en contacto con el asesor legal de la comunidad, el licenciado Alvin Couto e hicieron una campaña de medios para denunciar el corte de agua a los residentes en momentos que recrudecía la epidemia de la gripe porcina. Actualmente se mantienen en contacto con otras organizaciones que apoyan a la comunidad para atender sus necesidades más inmediatas. También están pendientes de que en caso de efectuarse el desahucio no ocurra de una manera violenta. Santiago destacó que en casos como estos la presencia de entidades como Amnistía Internacional actúa cual muro de contención que reduce o minimiza las acciones represivas de las autoridades. Recalcó que en Amnistía se trabaja para tratar de garantizar que se respeten los derechos humanos. También, velan por el cumplimiento de los derechos políticos y civiles así como los económicos y sociales. Entre estos últimos se incluye derecho a una educación de excelencia, a una vivienda, y a servicios de salud. Asimismo, la entidad ejerce presión para que se apliquen protocolos y reglamentos internacionales a nivel local. Su agenda de trabajo educativo incluye además enseñarle a la gente a exigir sus derechos. También expresaron su interés en crear una alianza con el Departamento de Policía para ofrecerles talleres de manejo de conflictos sin recurrir a la violencia.
Al igual que Amnistía la ACLU, también percibe la denuncia pública como uno de los mejores antídotos contra la opresión y la violencia. “Sensibiliza al pueblo con respecto a las personas que son víctimas”, anotó el licenciado William Ramírez, director ejecutivo del organismo cuya base de operaciones se encuentra en Estados Unidos. Asimismo, ofrecen orientación a grupos y comunidades sobre sus derechos. En cambio, uno de sus principales distintivos es su Bufete Legal de Derechos Humanos. La organización brinda sus servicios legales en caso de violaciones graves como Villas del Sol, donde representan a tres de los residentes y a algunos de los afectados en la intervención policíaca de la Avenida Universidad. También, Ramírez indicó que en Villas del Sol, por ejemplo, tramitan en el Tribunal Federal la radicación de un injunction por motivos humanitarios, ya que si se desalojan estas familias de escasos recursos económicos no tendrían otro sitio dónde ir. Lo que se pretende es detener el proceso de desahucio temporeramente en lo que se identifica una solución digna para estas personas. Ramírez recomendó a la ciudadanía estar atenta a lo que ocurre a su alrededor, conocer bien sus derechos y entender que la violencia no sólo se limita a acciones físicas sino que también se puede ser agredido a través de las palabras y las actitudes. Exhortó a que si alguien es víctima de agresión institucional lo documente todo, que lo grabe y que lo denuncie de inmediato ante la Comisión de Derechos Civiles, Amnistía, ACLU o la prensa. Recalcó que sobre todo es importante no quedarse callados. “Tiene que haber alguien que dé la batalla. Hay que estar dispuestos a enfrentar el sistema”, concluyó. La ACLU ha estado presente en Puerto Rico desde los asesinatos de varios nacionalistas en la llamada Masacre de Ponce. También ha representado a víctimas del carpeteo de la década de 1980 y a personas que han sufrido brutalidad policíaca en la comunidad de Villa Cañona en Loíza. En ese sector nada más colaboran en 16 casos: ocho en litigio y ocho más bajo investigación. A nivel internacional, la ACLU trabajó con las denuncias de lo ocurrido en las prisiones de Abu Gharib y Nueva Orleáns.
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