Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), se unió a quienes han ofrecido recetas para subsanar la crisis fiscal que enfrenta el país. En este caso, el experto planteó la necesidad de un plan fiscal que abarca cinco principios: transparencia, crecimiento económico, una reestructuración significativa de la deuda, minimizar las políticas de austeridad y delinear cuáles son los aspectos que el gobierno de Puerto Rico negociará con los bonistas.
En un escrito publicado en el la página web del CNE, Marxuach aclaró que hay muchas alternativas para enfrentar el problema económico de la isla. Al tiempo, destacó que antes de tomar cualquier decisión referente a la situación fiscal de Puerto Rico, es necesario analizar cuáles podrían ser sus efectos.
Para comenzar, el economista mencionó que el plan fiscal debe incluir un escenario base, que sirva de marco de referencia para estimar el impacto de las propuestas de política pública que el gobierno busque implantar. Por tal razón, Marxuach comentó que “es importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente”.
De acuerdo con el experto, no existe una metodología específica o libre de sesgo ideológico para determinar si se le debe otorgar prioridad a pagar la deuda pública, estimular el crecimiento económico, eliminar el déficit estructural, mantener los servicios públicos esenciales o pagar las pensiones. No obstante, el director de política pública del CNE entiende que el crecimiento económico debe ser el objetivo principal del gobierno. De este depende el financiamiento de los servicios gubernamentales, las pensiones y el pago de la deuda pública.
Es por esto que, según el economista, en el plan fiscal es necesario establecer una estrategia de crecimiento a mediano plazo. El impacto de estas medidas, continúa el escrito de Marxuach, puede medirse en relación al escenario base, que el economista propuso como primer principio.
“Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores”, sostuvo.
Asimismo, el economista apuntó a varios estudios que resaltan que el 50% de las reestructuraciones de deuda de las últimas cuatro décadas han sido renegociadas cada cinco años, porque el acuerdo no fue por una cantidad que el prestador pudiese pagar a largo plazo. Así que en su plan fiscal recomendó evitar las negociaciones a corto plazo con los acreedores.
Además, en su publicación Marxuach enfatiza que las políticas de austeridad son negativas para la economía. Ofreciendo ejemplos locales, el miembro del CNE recordó cómo la implementación de la Ley 7 del 2009 y la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, eliminaron contratos, entre otras medidas, pero en efecto ambas legislaciones agudizaron la crisis económica del país.
Para evitar la incertidumbre entre la población y los efectos sociales que trae la austeridad, el economista indicó que el gobierno debe dejar claro desde un principio los aspectos que pretende negociar con los bonistas. Estos últimos, afirmó, pueden proponer recortes a los servicios gubernamentales y pensiones, la privatización de activos públicos, la reforma de leyes laborales y en el seguro de salud del gobierno.