Tras una polémica votación a puertas cerradas, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó en su cargo al nuevo experto para los derechos del colectivo LGBTI.
En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 miembros, autorizó el primer experto independiente dedicado a las cuestiones vinculadas a orientación sexual e identidad de género para atender las situaciones de violencia y de discriminación, cargo para el que designó al profesor tailandés de derecho internacional, Vitit Muntarbhorn.
Pocas semanas después, un grupo de estados miembros africanos presentaron una resolución a la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General para suspender las actividades del experto en relación con el colectivo de LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).
El Grupo Africano se mostró preocupado por la “legalidad” del mandato, y planteó la duda de que el Consejo de Derechos Humanos podría estar violando la soberanía de los estados, así como propuso que la orientación sexual y la identidad de género no deberían estar relacionadas a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La iniciativa africana se frustró el lunes 21 de este mes, cuando un grupo de naciones de América Latina y el Caribe propuso una enmienda para eliminar la sección de la resolución que solicitaba la suspensión del experto y de su trabajo.
La enmienda, adoptada por la tercera comisión, contó con 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones, y la resolución enmendada fue finalmente aprobada con 94 votos a favor, tres en contra y 80 abstenciones. El órgano está integrado por representantes de los 193 miembros de la Asamblea General, aunque solo participaron en la votación 178 y 177 estados, respectivamente.
Numerosas organizaciones de derechos humanos aplaudieron la iniciativa, que consideraron un triunfo para los derechos, en general, pero en especial para los de las personas LGBTI.
“Se puede lograr mucho cuando se unen fuerzas. Nos sentimos animados por el resultado de la votación y por la confirmación de que los estados creen en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos”, opinó Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International.
Esa organización es una de las 850, de 157 países, que se unieron para abogar y defender el mandato del experto en LGBTI.
“La votación de la tercera comisión reafirma que el derecho a estar protegido de la violencia y la discriminación se aplica por igual a las personas LGBTI”, declaró Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
“También respeta la integridad del Consejo de Derechos Humanos como máximo órgano de la ONU en la materia, con capacidad para garantizar el funcionamiento de mecanismos que protejan los derechos, y no solo en teoría, sino también en la práctica”, remarcó el director de derechos LGBTI, de HRW, Boris Dittrich.
Según un informe de la ONU, por lo menos 76 estados tienen leyes que prevén penas para las personas por su orientación sexual y su identidad de género, que, incluso, consideran a la homosexualidad como un delito.
Los derechos de las personas LGBTI han sido un asunto muy controvertido dentro del foro mundial.
En 2014, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tuvo que hacer frente a la oposición de 40 estados, entre ellos Egipto e India, cuando anunció que la organización reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo entre su personal y, por ende, aplicaba la extensión de los beneficios.
Y en los últimos tiempos, Rusia, junto con la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) prohibieron que 11 organizaciones LGBTI participaran en una reunión de la ONU de alto nivel para erradicar el sida.
De hecho, la propia resolución del Consejo de Derechos Humanos que creó el cargo de experto en LGBTI revela las profundas divisiones que existen a escala mundial, pues solo fue adoptada con apenas 23 votos a favor y 18 en contra.
La resolución enmendada deberá ser aprobada de forma definitiva por la Asamblea General. El mando de Muntarbhorn será de tres años, durante los cuales deberá investigar los abusos contra las personas del colectivo en los países que integran el foro mundial.
