En los 80, con la vuelta de la democracia y como resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos para encontrar a las víctimas de la dictadura militar (1976-1983), nació en Argentina el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que ahora sirve de referencia para que Colombia pueda identificar a sus desaparecidos forzosos.
Este país del Cono Sur americano es un modelo regional en materia de genética forense, al que ahora observan especialistas en identificación de Colombia, que transita las secuelas de un conflicto armado de más de medio siglo, al que se puso fin en 2016, y debe cerrar las heridas de décadas de violencias de distinto origen.
“Aunque la problemática es la misma, los contextos son diferentes. Argentina se concentró en una línea de tiempo determinada y nosotros somos un poco más ambiciosos, porque buscamos a todas las personas desaparecidas, sin límite de fechas, y por distintos tipos de violencia, que suman unas 70,000 en los registros oficiales”, explicó a IPS la colombiana Jenny Martínez.
Ella es la coordinadora del proyecto “Búsqueda de Personas No Identificadas (NN) en Cementerios” y encabezó una delegación colombiana que visitó Buenos Aires entre el 22 y el 25 de agosto para intercambiar experiencias con sus anfitriones.
“Sabemos que es un proceso muy largo; eso es lo que hemos aprendido también de Argentina. Pero queremos hacerlo. No esperamos que vengan los familiares. Nosotros vamos y los buscamos porque estamos convencidos que es la única forma en que la sociedad colombiana se va a reconstruir a sí misma y va a lograr la paz territorial”, agregó Martínez.
La coordinadora del proyecto de identificación informó que junto a su equipo ya relevó 375 cementerios en Colombia y registró 30,000 cadáveres NN, que serán exhumados de manera paulatina para ser identificados y entregados a sus familiares.
El trabajo se presenta como monumental y apenas empieza, explicó la funcionaria, que trabaja en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
“No hemos llegado ni a la cuarta parte de los cementerios del país, porque hay al menos uno por cada uno de los 1,103 municipios que están registrados, además de los que pertenecen a los distintos credos y colectividades”, indicó.
El programa de cooperación entre las dos naciones para la identificación de personas desaparecidas comenzó en 2011 y se da como parte del Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular (Fo.Ar), que financia el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país.
El BNDG, que funciona dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, reúne material genético y muestras biológicas de familiares de desaparecidos durante la dictadura, que según los organismos de derechos humanos alcanzaron 30,000.
En junio, la institución celebró sus 30 años, con un acto realizado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático lugar de Buenos Aires donde cientos de secuestrados fueron torturados y asesinados y en el que también funcionó una maternidad clandestina, donde hacían parir a las secuestradas embarazadas para luego arrancarles a sus hijos.
El banco genético nació justamente como consecuencia de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos, hijos de desaparecidos que fueron robados y sometidos a una supresión y cambio de identidad. Con él como principal sustento científico, las Abuelas ya lograron la identificación de 122 nietos, que hoy son hombres y mujeres que rondan los 40 años.
“El BNDG tiene hoy muestras de unos 300 grupos familiares que buscan a sus nietos desaparecidos y se agregan tres o cuatro nuevos por año, que hasta el momento no sabían que su familiar desaparecida estaba embarazada cuando fue secuestrada”, informó a IPS la bióloga Mariana Herrera, directora de la institución.
“Y tenemos perfiles genéticos de unos 10,000 jóvenes. La mayoría han dado negativos pero, en la medida que aparecen grupos familiares nuevos, se siguen comparando con la esperanza de obtener una nueva identificación”, agregó.
En Colombia, mientras tanto, el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, creado por la ley 1408 de 2010, dispone medidas para la localización e identificación de las víctimas del delito de desaparición forzada.
Ese Banco está compuesto por los laboratorios de genética forense de tres instituciones separadas con experiencia previa en la materia (el Instituto Nacional de Medina Legal, la Fiscalía General y la Policía Nacional), a partir de la investigación en casos de filiación.
En los últimos años, la institución ya ha tomado muestras a 34,000 personas que buscan a familiares desaparecidos. Su trabajo permitió identificar y devolver a sus familiares los restos de más de 4,000 personas.
“Es ahora, a partir de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuando viene para nosotros el trabajo más intenso”, dijo Juan Baquero, funcionario del Laboratorio de Genética de la Fiscalía General, durante el evento de cierre de la visita a Buenos Aires.
“El desafío que tienen en Colombia es más difícil que el de Argentina, porque el de ustedes es un proceso todavía vivo por su cercanía en el tiempo”, admitió Pablo Gallo, quien durante 10 años fue parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha trabajado en distintos países en la identificación de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Para Martínez, una de las principales diferencias entre el caso de Argentina y el de Colombia, es que en este último país “no hemos sufrido terrorismo de Estado”.
“Si bien no desconocemos que tenemos desaparecidos por la actuación de la fuerza pública y la policía, nuestra gran cantidad de desaparecidos se dio en el marco del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares (de extrema derecha). Y se debe sumar la actuación del narcotráfico y de bandas criminales”, explicó la funcionaria.
El Acuerdo Final de Paz para la Terminación Definitiva del Conflicto con las FARC, iniciado en 1964 y que se recrudeció desde comienzos de la década de los 80, fue ratificado en forma definitiva en noviembre de 2016, y establece un proceso en muchos ámbitos que se prolongará durante años en Colombia.
Solo en 2011, el legislativo Congreso de Colombia reconoció la existencia del conflicto armado interno y dispuso la adopción de medidas de asistencia y reparación a sus víctimas, que habían sufrido violaciones a sus derechos humanos a partir del 1 de enero de 1985.
Martínez explicó que la cuestión de la búsqueda de los desaparecidos excede la cuestión científica y que resulta decisivo articular el trabajo con la sociedad civil y explicar con un lenguaje sencillo el trabajo técnico de la investigación.
“Eso es parte de lo que Argentina hizo y nosotros ahora lo estamos empezando a transitar”, detalló.
Herrera coincide con esa valoración y la refuerza: “Solo si se encara la identificación de las víctimas como un proceso social puede alcanzar perdurabilidad en el tiempo. Además, es la mejor forma de incorporar en la historia y la identidad de una sociedad lo que ha ocurrido en nuestros países”.
