Varias campañas publicitarias del Partido Popular Democrático (PPD) se habrían pasado de los límites establecidos por las leyes electorales de Puerto Rico y Estados Unidos, y ese sobregiro alegadamente se costeó a través de un esquema ilegal, según el testimonio de una ejecutiva de la firma de publicidad Lopito, Ileana & Howie durante el juicio contra el ex gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá. La directora de finanzas de la agencia publicitaria, Noemí Díaz, fue la primera testigo de la fiscalía federal en el caso contra el líder autonomista. A preguntas de la fiscal María Domínguez, la testigo admitió haber participado en un esquema de “fraude y corrupción” desde el 1993 mediante el cual diversas campañas del PPD se ejecutaban burlando los límites legales establecidos para los gastos publicitarios. Según el testimonio de Díaz, las facturas para cubrir esos gastos salían a nombre de 16 colaboradores diferentes y cuando se recibían los cheques se depositaban en la cuenta identificada como miscelánea. De esta forma, facturaron $182,000 para la campaña de Acevedo Vilá a comisionado residente en el 1999. Sin embargo, el esquema comenzó en 1993 durante la campaña para el plebiscito de status titulada “Lo mejor de los dos mundos” y se repitió en campañas del PPD como la de Sila Calderón para la alcaldía de San Juan, Eduardo Bhatia a la alcaldía de San Juan, el plebiscito de la quinta columna, Sila Calderón a la gobernación, Acevedo Vilá a comisionado residente y en el 2004 a la gobernación de Puerto Rico. La testigo afirmó que altos ejecutivos de la agencia de publicidad como Ileana Font y Carlos “Pepe” Rodríguez tenían conocimiento del esquema. Al tiempo que identificó al tesorero de la campaña de Acevedo Vilá para comisionado residente en Washington, Ramón Velasco Escardille como el contacto para estas ejecuciones. Díaz dijo que estaba consciente de que lo que hacía constituía una violación a las leyes. La testigo llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal para no ser acusada por su participación en el esquema. La fiscal Domínguez presentó en sala la lista de los 19 colaboradores que alegadamente pagaban facturas falsas por trabajos realizados para las campañas del PPD. Entre los nombres que salieron a relucir en sala se encuentran:García Malavé, Tito Meléndez, José E. Fernández, Atilano Cordero Badillo, Waldemar Rodríguez y Miguel Vázquez Deynes, entre otros. “Hubo una excepción de acreditar una de las contribuciones recibidas y fue la de Miguel Vázquez Deynes. El cheque vino de Triple S y una factura de $40,000 para acreditarse a la campaña de comisionado residente de Acevedo Vilá y otro de $10,000 para acreditarse a la campaña de primaria de Eduardo Bhatia”, indicó Díaz. Las facturas falsas nunca llegaban a ser registradas en los archivos o libros de contabilidad de la agencia de publicidad porque Díaz Torres las conservaba en su computadora. La testigo indicó que las facturas más altas se hicieron a nombre de José Enrique Fernández y Miguel Vázquez Deynes, quienes pagaron $40,000 cada uno. Díaz relató que el 4 de enero de 200 participó de una reunión para discutir las deudas -la registrada y la no registrada- de la campaña de Acevedo Vilá con la agencia de publicidad. En esa reunión estuvo presente Acevedo Vilá, quien al finalizar dijo que las deudas se pagarían. En el caso de la campaña a la gobernación de Acevedo Vilá, Díaz dijo que se repitió el esquema, pero a través de la agencia MMM, una subsidiaria de Lopito, Ileana & Howie. Detalló que en esa ocasión los contactos en la campaña eran Miguel Nazario Franco y Fulgenio Correa. El primero se declaró culpable en este caso y el segundo llegó a un acuerdo de inmunidad con la fislaía federal. La testigo dijo que recibió instrucciones por parte de Howie de Jesús -uno de los socios de la firma publicitaria- de que recibiría pagos mensuales del empresario Edwin Santana de $25,000. Añadió que al finalizar la campaña en noviembre de 2004, Santana había pagado $250,000. La deuda con la agencia de publicidad, luego de la campaña a la gobernación, era de $2 millones. Díaz relató que se reunió con Correa y con la co acusada Luisa Inclán Bird para discutirla y que esta última le informó que ella se haría cargo de recaudar los fondos para cubrirla. El juicio se reanuda el lunes, todavía falta el contrainterrogatorio a la ejecutiva de Lopito, Ileana & Howie. Al inicio del juicio en su fondo, la fiscal Domínguez destacó que “este caso no es sobre poner a partidos políticos en juicio. Este caso es sobre dos personas que se involucraron en la política e hicieron decisiones de manera consciente para violar la ley”. Mientras que el abogado principal de la defensa, Thomas Green, presentó al ex Gobernador como una víctima del desconocimiento sobre lo que hacían los encargados de las finanzas de sus campañas. Mencionó en más de una ocasión que a Acevedo Vilá se le podría calificar de distraído, ingenuo o confiado, pero no de indecente. Las primeras acusaciones contra el entonces Gobernador y otras doce personas surgieron en marzo de 2008. Más adelante, en agosto de 2008, se radicaron cargos adicionales contra el líder popular. En diciembre de 2008, el juez Barbadoro desestimó 15 de los 19 cargos contenidos en la primera acusación contra Acevedo Vilá. Once de los co-acusados se declararon culpables o llegaron a acuerdos con la fiscalía federal para convertirse en testigos de cargo como fue el caso de la ex ayudante del entonces comisionado residente en Washington, Eneidy Coreano. El equipo de la fiscalía federal para este caso estará comandado por la veterana fiscal María Domínguez. El resto de los fiscales serán Ernesto López Soltero, Jacqueline Novas, Timothy Henwood y Mathew Stennes. Mientras que la defensa del ex Primer Ejecutivo estará a cargo de los abogados Thomas Green, Bradford Berenson, Eric Shumsky, Harry Anduce y José Ortiz Vélez. El juez Barbadoro ha estimado que el juicio puede demorar entre cuatro a seis semanas. Acevedo Vilá enfrenta nueve cargos criminales relacionados a las recaudaciones de fondos para sus campañas políticas en el 2000 y en el 2004. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel. También está acusada su ex ayudante Luisa Inclán Bird. La investigación federal contra Acevedo Vilá tuvo su origen en una querella que le radicó el también ex gobernador, Carlos Romero Barceló, en octubre de 2004 por irregularidades en sus recaudos para la campaña electoral del 2000. Ya en septiembre de 2006 las autoridades federales comenzaron a citar figuras ligadas a Acevedo Vilá para entrevistas o comparecencias ante un Gran Jurado. A pesar de las acusaciones federales, Acevedo Vilá se mantuvo en la presidencia del PPD y aspiró a la reelección a la gobernación, pero fue ampliamente derrotado por el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Fortuño. El caso contra Acevedo Vilá ha generado un alto interés público, por lo que el Tribunal Federal impuso nuevas reglas de cobertura para la prensa. También se emitió una orden por parte del juez presidente de ese foro, José Fusté en la que advierte sobre sanciones severas a los abogados que no sigan los cánones de ética y comenten públicamente sobre los procesos.
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