A más de un mes de que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobase un plan fiscal que virtualmente triplica el costo de matrícula para estudiar un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR), cabe cuestionarse cuáles son los criterios que utilizó el organismo para establecer la cantidad de $157 por crédito, más allá de llevar a cabo un ejercicio meramente fiscal en el que se busca reducir los gastos y aumentar los ingresos de la institución.
Aunque la gerencia universitaria y el gobernador Ricardo Rosselló expresaron tibiamente su rechazo a la cifra certificada por la Junta –que es apenas $17 más de lo que aprobó la Junta de Gobierno de la Universidad– tampoco quedan claros los criterios para su oposición más allá de la injerencia indebida del organismo federal en la política pública y el efecto de ello sobre empleados y estudiantes.
La educación superior pública en general, y la UPR en particular, son activos tan valiosos que amerita tomar en consideración otros aspectos y ubicar la discusión en un marco conceptual, geográfico y temporal más amplio que el limitado foco de la crisis que nos acosa en este momento.
Para todos y todas en Puerto Rico es conocido que la Junta de Control Fiscal quiere reducir la inversión gubernamental en la universidad pública, como una parte del fondo general, para alcanzar un presupuesto balanceado y usar parte de esos fondos para atender la deuda.
Por esa razón, le exige a la UPR que, para seguir funcionando, debe reducir gastos –eliminando programas, recintos y personal– y aumentar ingresos –incrementando el costo de matrícula–. Esta simplificación del problema ofende e hiere la misión de la universidad pública.
Por otra parte, lo aprobado por la JCF choca con la realidad socioeconómica de las familias puertorriqueñas y atenta contra varios principios e ideas fundamentales. En este artículo proponemos exponer algunos de esos puntos con el objetivo de brindar algunas herramientas conceptuales que servirían para enmarcar mejor la discusión sobre los criterios que se deberían utilizar para establecer la política pública de una institución tan imprescindible como la Universidad de Puerto Rico.
La misión de la universidad pública
Hay al menos dos enfoques para referirse a la misión de la universidad pública. Uno de ellos es el enfoque idealista y otro el pragmático. El enfoque idealista de la universidad como centro único de producción del conocimiento ha decaído y está en crisis (Vargas-Bejarano, 2010).
Desde un punto de vista pragmático, la misión puede concebirse como el modo de operar una institución; lo cual, a la vez, abre las puertas a evaluar su eficacia y eficiencia. A fin de cuentas, en el contexto actual, la misión tiene la doble tarea de “estar a la altura de las exigencias de la globalización y de contribuir a la construcción de un proyecto de Nación o de construcción de la Sociedad Civil” (Vargas-Bejarano, 2010, pág. 68).
Es en este último aspecto que la educación pública juega un rol sociopolítico fundamental. En la medida en que este rol se asuma con conciencia y de manera explícita se podrá avanzar más en la discusión sobre el financiamiento, la misión y el futuro de la UPR.
En la actualidad, la misión de la UPR por encomienda legal es servir al pueblo de Puerto Rico de manera cónsona con los ideales de una sociedad democrática.
“La misión principal de la Universidad de Puerto Rico es alcanzar los siguientes objetivos:
- Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y las artes, poniendo este conocimiento al servicio de la comunidad a través de sus profesores, investigadores, otro personal universitario, estudiantes y egresados.
- Contribuir al desarrollo, cultivo y disfrute de los valores estéticos y éticos de la cultura.
Para cumplir con esta misión, la Universidad debe:
- Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y de discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.
- Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas.
- Procurar la formación integral del estudiante.
- Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y cultural latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y el espíritu de las personalidades excepcionales que surgen en todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, pueden ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.
- Colaborar con los organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico y estar a la vanguardia en la búsqueda de soluciones efectivas a los mismos.
- Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, está esencialmente vinculada a los valores e intereses de todas las comunidades democráticas.
Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm.1 del 20 de enero de 1966, según enmendada.” (Universidad de Puerto Rico, 2018)
¿Será momento de revisar y actualizar la misión y objetivos de la UPR? ¿Tiene la universidad pública un rol relevante en la búsqueda de soluciones ante las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno y la crisis socioeconómica en la que se encuentra Puerto Rico?
¿Se podría concebir la universidad pública como un instrumento eficiente de desarrollo? ¿Cuáles serían las políticas y estrategias de financiamiento para un proyecto de ese tipo? Invitamos a la JCF y a las autoridades universitarias a considerar estas y otras preguntas y a tratar de darles respuestas creativas en consenso.
La realidad socioeconómica de las familias puertorriqueñas
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el 2016, el 50% de las familias puertorriqueñas tenía un ingreso anual igual o menor a $23,417. Cónsono con estos ingresos, el 45.1% de la población se encontraba bajo el nivel de pobreza, aunque datos más actualizados indican que la cantidad de familias bajo el nivel de pobreza puede haber sobrepasado del 50% después de los huracanes Irma y María. En 2016, solamente el 19% de las familias tenía un ingreso anual igual o superior a los $50,000.
Triplicar los costos de matrícula para aumentar el recaudo de la universidad puede verse como una medida financiera simple y lógica, pero podría tener un efecto negativo doble. Haría más difícil el acceso y asequibilidad a la educación superior a un gran número de estudiantes y, en consecuencia, reduciría los ingresos de la universidad.
Por otra parte, la idea de que la universidad se quede con la mayor parte posible de la beca Pell tendría el efecto de quitarle al estudiantado que la recibe parte del dinero con el que cubre sus otros costos de estudiar, más allá del pago de matrícula y cuotas. El costo de estudiar incluye el costo de matrícula y cuotas, libros y materiales, y alojamiento y comida.
Otro indicador de la distribución de la riqueza es el índice Gini que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Sus valores varían de 0 a 1, donde 0 indica completa igualdad, es decir, una distribución proporcional del ingreso. El 1 indica completa desigualdad, donde un hogar tiene todo el ingreso y los otros no tienen ingreso.
En 2015, Puerto Rico obtuvo un índice Gini de 0.5589, lo que coloca a la isla como la jurisdicción con mayor desigualdad en Estados Unidos (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2016). Esto implica que un pequeño porcentaje de la población acumula la mayoría del ingreso generado en la isla. Lo cual indica que la mayoría de la población tiene una limitada capacidad de adquirir los bienes y servicios que necesita, a menos que recurra al crédito y al endeudamiento.
Efectivamente, esto es lo que se ha observado que ha ocurrido a las familias en Estados Unidos con respecto al pago de estudios de educación superior y sería a lo que se induzca aún más a la familias de Puerto Rico si la única institución de educación superior asequible triplicara sus costos de matrícula.
Comparar los costos de la UPR con universidades públicas de los Estados Unidos tampoco es correcto si no se toman en cuenta al menos los costos de vida, los costos de estudiar y el ingreso familiar.
Los criterios y valores a considerar en los precios de los estudios
En 2017, la Asociación de Oficiales Ejecutivos Estatales de Educación Superior (Sheeo, por sus siglas en inglés), publicó un documento titulado The State Imperative: Aligning tuition policies with strategies for affordability (State Higher Education Executive Officers Association, 2017).
En este informe sobre las políticas y procedimientos se resumen los resultados de una encuesta sobre cómo las políticas y procedimientos relacionados con el establecimiento de costos de matrícula y cuotas y ayuda financiera a nivel estatal se alinean con las estrategias estatales de asequibilidad y las metas de logro educativo en las instituciones públicas de educación superior.
En este informe se identifican seis componentes o temas de los principios filosóficos de establecimiento de costo de matrícula a los que se adhieren muchos estados:
- Asequibilidad (Affordability)
- Necesidades presupuestarias
- Compensación de los cambios en financiamiento estatal
- Acceso
- Filosofía institucional/Misión
- Calidad
Según los resultados de la encuesta de Sheeo, el tema más común fue el de mantener la asequibilidad, seguido por asegurar que se cumplan las necesidades presupuestarias de la institución.
Aunque 40 estados tienen metas de logro académico (attainment) en la educación postsecundaria, el 68% de las personas que respondieron a la encuesta indicaron que:
“there was not a unified strategy to address affordability that considers tuition, fees, and financial aid. Instead, most states are addressing affordability at the margins through aid programs or policies to encourage desired student behavior.”
[“no hubo una estrategia unificada para abordar la asequibilidad que considere la matrícula, las cuotas y la ayuda financiera. En cambio, la mayoría de los estados abordan la asequibilidad marginalmente a través de programas de ayuda o políticas para alentar el comportamiento deseado de los estudiantes”.]
En el informe citado se señala que independientemente de cómo se establezcan los precios de matrícula en un estado, el factor más decisivo es el nivel de apoyo financiero por parte del estado.
En 2016, en las IES públicas de Estados Unidos, el ingreso neto promedio por concepto de matrícula correspondió al 47.3% del ingreso total en educación superior (con un mínimo de 12.7% para Wyoming, donde la mediana de ingreso familiar para 2016 fue de $73,654 y el costo total de estudiar fuera del campus con la familia fue de $7,775, lo que representa un 11% de la mediana del ingreso familiar. El máximo ingreso por matrícula y cuotas fue 86.3% para Vermont, donde la mediana de ingreso familiar para 2016 fue de $71,465 y el costo total de estudiar fuera del campus con la familia fue de $22,706, lo cual representa un 32% de la mediana del ingreso familiar).
Para la UPR, en 2016, el ingreso por matrícula y cuotas representó apenas un 3.53%. El grueso de los ingresos de la UPR para ese año correspondió a la asignación estatal (67.9%) y a la beca Pell (13%).
Por otra parte, el costo total de estudiar en la UPR ronda los $14,851 anualmente, lo que equivale al 63% del ingreso anual del 50% de las familias puertorriqueñas. Estos datos muestran que la realidad económica de la universidad pública en Puerto Rico y de la comunidad puertorriqueña es muy diferente a la de las universidades públicas y sus comunidades en Estados Unidos.
Aun en la universidad pública de Vermont, que es la que más ingreso devenga por concepto de matrícula y cuotas, el costo total de estudiar en ella representa solo un 32% de la mediana del ingreso familiar en ese estado. Mientras que el costo de estudiar en la UPR representa un 63% de la mediana del ingreso familiar boricua.
El costo total de estudiar, como se dijo antes, va más allá del costo de matrícula. Incluye cuotas, libros y materiales, transportación, alojamiento y comida. Aumentar cualquiera de esos rubros tendrá el efecto de expulsar estudiantes del sistema público de educación superior.
Dicho costo lo informan las mismas instituciones al Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS por sus siglas en inglés), del Departamento de Educación Federal. El público puede ver esos costos en College Navigator, en la sección titulada: Tuition, Fees, And Estimated Student Expenses. También se diferencia para estudiantes residentes del estado (In-State), no residentes (out-of-state) y si viven dentro del recinto (on campus), fuera del recinto (off campus), o con su familia (off campus with family).
¿Quiénes tienen la responsabilidad primaria de proponer los montos de costo de matrícula?
Según el informe de Sheoo, las principales autoridades para proponer tasas de matrícula más comúnmente indicadas son los comités coordinadores estatales, las juntas de gobierno del sistema universitario y las juntas institucionales individuales. También se citan, con mucho menos frecuencia, el gobernador y la legislatura.
Recomendaciones
Para terminar, el informe de Sheeo recomienda que sus miembros –el Consejo de Educación en el caso de Puerto Rico–, legisladores estatales, los consejos de gobierno universitario y presidentes de las instituciones trabajen juntos para desarrollar estrategias alineadas con los objetivos de los estados para guiar cómo se establecen los precios de matrícula y las cuotas cada año y sugiere que este tipo de enfoque podría:
- Incorporar la política de matrícula en estrategias más amplias de asequibilidad y logro; de modo que se asegure que la manera en que se establecen los costos de matrícula no socave esas estrategias.
- Coordinar las fuentes de ingresos institucionales clave –fondos estatales, ayudas financieras e ingresos por matrícula– para alcanzar las metas estatales de logro educativo más amplias.
- Considerar el impacto de la política de costos de matrícula en los programas estatales de ayuda financiera. Se debe tener el cuidado de entender cómo interactúan la política de costos de matrícula y los programas de ayudas financieras y asegurarse que las necesidades estatales se atienden junto con las necesidades de ingresos institucionales.
- Considerar las necesidades de ingresos institucionales cuando se implementa la congelación de matrículas. No se debe implantar el congelamiento de los costos de matrícula sin recursos estatales adicionales que cubran lo que se deja de cubrir con los ingresos de matrícula. Esto podría afectar los servicios de apoyo institucionales necesarios para estudiantes desatendidos y de bajos ingresos.
- Establecer más transparencia en torno a los gastos institucionales.
- Adoptar un enfoque transparente y multianual para la política de matrícula.
En síntesis, el proceso de establecer el precio de matrícula y cuotas en la universidad pública no es sencillo. Además de considerar el contexto socioeconómico de las familias en el que se inserta la institución, hay que considerar la misión de la universidad, las políticas de asequibilidad y de logro educativo que persiga el estado y las necesidades financieras de la institución.
Tampoco es una decisión que toma un ente aislado e independiente de la institución, sino que corresponde a varios actores; en particular, a las autoridades y representantes del sistema universitario.
Es hora de que el Gobierno de Puerto Rico, como delegado por el pueblo, establezca políticas explícitas de asequibilidad a la universidad pública, metas de logro educativo de la educación superior y estrategias transparentes para el establecimiento de matrícula y cuotas.
La universidad pública es un instrumento para el desarrollo científico, cultural y económico del país y su misión no puede darse por terminada nunca, ya que cada año debe atender y formar una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas.
Debido a esta misión histórica, la visión de la universidad pública tiene el reto de mirar a un horizonte situado mucho más allá de cualquier crisis u obstáculo actual.
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