Ante el nuevo proyecto formulado por el gobernador, Alejandro García Padilla, sobre la eliminación de la Junta de Síndicos y su sustitución por una Junta de Gobierno, el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras (UPRRP) y recinto de Cayey (UPRC), rechazaron varias medidas estipuladas en el proyecto y ven la movida como una “imposición”.
El proyecto de la Cámara 927, presentado el pasado 12 de marzo, dispone que los miembros que compongan la Junta Universitaria regresen a ser 13, como era antes de la Ley 65 firmada en 2010 que amplió la cantidad de integrantes a 17. Según la ley, el aumento de la cantidad de miembros se hizo para ampliar la participación de los sectores de la comunidad extramural y los sectores intramurales en el manejo de la universidad. El proyecto presentado por el Gobernador explica que esto nunca se logró.
Del mismo modo, el proyecto de Fortaleza pretende incorporar la participación del Secretario de Educación en carácter ex officio. Los miembros de la Junta de Gobierno presentada por García Padilla serán elegidos por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Asimismo, presenta que se incorporará la participación de la comunidad universitaria al reducir el tamaño de la Junta e incluir dos alumnos y dos profesores.
Por su parte, José E. Martínez, secretario de prensa del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR-RP, se mostró apático a la resolución del Gobernador.
“El problema del proyecto 927 es que vino desde Fortaleza. No hubo participación estudiantil y no se hizo un verdadero cambio. Incluir dos profesores y dos estudiantes no es proporcional. Añadir a cuatro estudiantes no es totalmente representativo pero sería un avance”, enunció.
El pasado 15 de enero, la senadora Maritere González presentó, bajo petición del CGE, el proyecto del Senado 237 que proponía principalmente la eliminación de la Ley 65 para anular los nombramientos de los cuatro miembros adicionales a la Junta de Síndicos y que a diferencia del proyecto 927, dispone de una reforma universitaria.
“Eliminar la Junta de Síndicos por una Junta de Gobierno le da el poder al gobierno entrante, ya sienta un precedente. Además, el proyecto 927 no contempla una reforma universitaria. ¿De qué vale cambiar la junta si no se hará un cambio en la universidad? Lo que necesita la universidad es una reforma, no cambios cosméticos y superficiales”, expresó Martínez.
Para Ana Matanzo, abogada y profesora de la Escuela de Derecho de la UPR, el proyecto 237 es más democrático. “En medida que nuestra Junta tenga amplios poderes, debe haber mayor representación estudiantil”, comentó.
Necesaria una reforma universitaria
El proyecto presentado por el CGE discute, a diferencia del proyecto 927, el tema de la autonomía universitaria y explica que es un “requisito indispensable para la más prospera generación de conocimiento y de la formulación de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad”.
“Cuando en 1993 Rosselló dispuso que se revisara la Ley Universitaria, se discutió que se formularía y nunca se cumplió una reforma universitaria. Creo que es hora que se revisite la Ley Universitaria y los cuerpos de gobierno. Es necesario hacerlo”, indicó Matanzo.
La abogada explicó que estaba de acuerdo en aumentar la representación de la comunidad universitaria y comentó que “es un paso a la dirección correcta”. Matanzo mostró su apoyo a la disposición del proyecto 237 aunque comentó que el proyecto del gobernador tiene una descripción más detallada e incluye al Secretario de Educación como parte de la nueva Junta.
Al igual que Matanzo, Martínez explicó que el proyecto del gobernador no presenta una reforma universitaria. El proyecto que presentó el CGE dispone una reforma universitaria dentro de un término no mayor de 18 meses a partir de la elección de los nuevos miembros de la Junta de Síndicos.
“Nosotros vamos a defender el 237. Sin embargo, sí tenemos que adaptarnos a ciertos cambios en caso de que no prevalezca después de los cabildeos. Haríamos enmiendas al proyecto de la Fortaleza porque hay que adaptarnos a las realidades, pero vamos a hacer todo lo posible para que continúe”, señaló el estudiante.
Ante la posibilidad de que prevalezca el proyecto 927, el CGE presentó unas enmiendas, entre ellas que sean tres estudiantes y tres profesores electos por la representación estudiantil, que el estudiante pueda ser reelecto en dos ocasiones adicionales por el término de un año e incluir un comité constituido por siete miembros para elaborar y remitir a la Asamblea Legislativa una reforma universitaria.
“Existe una imposición de parte del gobierno y exigimos una apertura real al diálogo”, concluyó Martínez.
Del mismo modo, otros sectores de la comunidad universitaria, como el CGE en Cayey, repudiaron el proyecto de Fortaleza.
