Comunidad universitaria reacciona a la aprobación del Plan Fiscal

El Consejo General de Estudiantes(CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) se expresaron hoy en contra del plan fiscal aprobado ayer por la Junta de Gobierno del centro docente.

De cara a los recortes presupuestarios que enfrentará la institución académica, el máximo ente rector aprobó un plan fiscal que contempla un alza en la matrícula y la consolidación entre recintos y unidades del sistema UPR. El plan deberá ser entregado hoy ante la Junta de Control Fiscal.

Mediante un parte de prensa, el CGE se expresó en contra de la aprobación del plan fiscal debido a que este “trastocará la oferta académica y la economía del estudiantado y todos los sectores de la comunidad universitaria”.

“El impacto inmediato lo reciben las familias puertorriqueñas. El costo del crédito fue duplicado tanto para maestrías como para bachilleratos, en claro detrimento de las condiciones de vida de cada una de las familias que componen la UPR. Aunque intenten negarlo, esto obstaculiza el acceso a la educación de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Esto continuará abonando a la migración, la crisis económica y la alta tasa de desempleo que vivimos en la actualidad”, señaló Wilmarí de Jesús, presidenta del organismo estudiantil.

Sobre la consolidación de servicios entre las unidades de la UPR, el CGE opinó que “el siguiente paso es reconsiderar la oferta académica actual del sistema UPR y entre las acciones a tomar, se encuentra el cierre de programas académicos que se repitan por recintos”.

“Esto [la consolidación] cerrará el espacio a una gran cantidad de alumnos y dejará en la calle a empleados del sector docente”, reza el comunicado del ente estudiantil.

Por su parte, la APPU también rechazó el plan debido a que la propuesta contempla un “aumento de más de un 100% del costo de matrícula, la reducción de la nómina, la eliminación de programas académicos y el posible cierre de recintos”. De acuerdo con comunicado de prensa del colectivo de profesores, el plan aprobado ayer por la Junta de Gobierno “no toma en cuenta el análisis y las propuestas de la APPU y de la comunidad universitaria que se han presentado durante los pasados meses”.

Asimismo, sostuvieron que el plan fiscal acepta “de manera acrítica” la reducción presupuestaria que la universidad enfrentará debido a la disminución de la aportación gubernamental al centro docente. Según el comunicado, los recortes contemplados en el presupuesto de la UPR responden a una “visión errónea en la que se percibe a la universidad pública como un ‘gasto’, a pesar de la evidencia contundente que demuestra la importancia de la inversión en la educación pública universitaria sobre todo en este momento de crisis económica”.

La organización también advirtió que los recortes a la UPR podrían tener un efecto negativo “en la ya maltrecha economía del País”.

Por otra parte, la organización claustral aseguró que le han solicitado una reunión al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, desde junio para presentarle sus propuestas. Sin embargo, estos intentos han sido infructuosos.

“El futuro del sistema UPR está en peligro por la imposición de unos recortes presupuestarios de carácter ideológico que no toman en cuenta los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, indica el comunicado de la APPU.

A su vez, el ente señaló que estos recortes podrían suponer “el desmantelamiento y la privatización de la UPR”. Insistieron, además, en que el gobernador reconozca a la UPR como un servicio esencial. “El desmantelamiento de la UPR significará un duro golpe al acceso a la salud y a la educación en nuestro país”, precisó el presidente de la APPU, José Rivera Caballero.

El líder del organismo también hizo un llamado a la comunidad universitaria y al país a que exijan al gobierno a que se utilice el dinero de las contribuciones para garantizarle al pueblo la salud y la educación. El plan aprobado ayer por la Junta de Gobierno contó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Los miembros que votaron a favor fueron el presidente interino de la junta, Walter Alomar; la vicepresidenta interina, Zoraida Buxó; Antonio Monroig, Luis Berríos y Alejandro Camporreale, representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal  (Aafaf). Los votos en contra se dieron por parte de los representantes estudiantiles, Gilberto Domínguez y Efraín Rodríguez, y los representantes claustrales, Gloria Butrón y Alan Rodríguez.

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