Con dinero la UPR para saldar sus compromisos fiscales

Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

18 de noviembre de 2015 Por Emmanuel Estrada López UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene el dinero para cumplir con los pagos que adeuda al mercado de bonos al menos hasta junio de 2016.

Así lo confirmaron hoy Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, y Norberto González, director de la Oficina de Finanzas de la institución.

La aclaración se da luego que el pasado viernes la agencia de noticias Reuters informara que Standard & Poor’s (S&P) tenía una “certeza virtual” de que la UPR incumpliría con el pago de deuda de $11.3 millones que expira el 1 de diciembre.

“Tengo entendido que eso no es cierto. Según me informó (Uroyoán) Walker y me informó Juan Acosta Reboyras, el presidente del Comité de Finanzas de la Junta, el dinero ya está, son $50 millones para distintos pagos. La Universidad tiene el dinero”, aseguró Sánchez a Diálogo.

Además del pago del próximo mes, la UPR tiene en agenda un pago de $19.97 millones de principal para el 1 de junio de 2016, junto a otro de $11.3 millones de interés en la misma fecha. Sumando los tres, la institución pagaría al mercado de bonos $42.57 millones en total al cierre de este año fiscal.

Tras afirmar que la UPR cumplirá con los pagos que tiene en agenda hasta junio, González explicó que la institución recibe mensualmente, tanto del Departamento de Hacienda como por otros conceptos —matrícula del estudiantado, por ejemplo—, un flujo de efectivo. Luego de hacer los pagos de nómina y de los suplidores, entre otros, se separa una porción de ese efectivo para el pago de la deuda, que es depositado en el US Bank, el fiduciario de la UPR y responsable a su vez de hacer el pago a los bonistas.

Hasta hoy, la UPR debe $451 millones al mercado de bonos, indicó el funcionario.

“Aparte de la deuda de los bonos, la Universidad tiene unas deudas con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), unas líneas que cogió en un momento dado, y es posible que el número del BGF sea más grande porque ellos están contabilizando ese otro préstamo que tiene la Universidad”, detalló González.

“¿Y por qué S&P se lanzó a decir esa información?”, inquirimos.

“Yo lo que puedo concluir es que ellos tienen un rating de los bonos de la Universidad, que en este caso ese rating es de CC, que lo han ido bajando de acuerdo a cómo ha ido bajando el rating de los bonos del Estado Libre Asociado. Para S&P, la clasificación de CC significa una entidad que no puede pagar o que estaría defaulting”, expuso González, quien se comunicó con la agencia acreditadora para aclarar la situación de los pagos.

La posibilidad de que la UPR incumpla o no con sus compromisos fiscales es una complejidad más que se añade al cuadro económico de la institución, que desde junio de 2014 tiene congelada su asignación presupuestaria — el 9.6% de las rentas anuales ingresadas al Fondo General del tesoro estatal— por concepto de la Ley 66, la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.

Desde entonces la UPR recibe, de manera fija, $834 millones.

Ante este panorama y las eventualidades económicas que pueda enfrentar la UPR, el economista y profesor del Recinto de Río Piedras de la UPR, Argeo Quiñones, enfatizó que la institución debe ser modelo de sana administración y del uso eficiente de los recursos para los propósitos universitarios.

“La UPR está llamada, como universidad del Estado, a hacer planteamientos sustantivos en cuanto al origen y posibles soluciones de esta situación que enfrentamos. Si vamos al análisis de las causas de la crisis que divide al País y afecta a la Universidad, encontramos el problema del mal uso de fondos públicos, y todos sabemos que la Universidad es parte de ese problema, porque a través del tiempo se han identificado numerosas instancias donde se ha utilizado grandes cantidades de recursos para proyectos de baja prioridad en cuanto al quehacer académico se refiere”, expuso Quiñones.

Entre los ejemplos que mencionó el economista se encuentran la remodelación del Teatro de la UPR, que si bien era necesario arreglarlo y devolverlo a la comunidad universitaria para el uso histórico que se le ha dado, “no era necesario convertirlo en un teatro reflejo de la opulencia de los grupos que dominan la Universidad”.

Otras instancias, agregó, fueron la suspensión en abril de 2012 de los fondos de investigación de la National Science Foundation, el gasto infructuoso de $81 millones en la plataforma Oracle para ofrecer servicios en línea que se develó en agosto pasado, así como la partida de cuentas que el mismo gobierno le adeuda a la UPR, lo que refleja que la institución no tiene los controles necesarios para hacer buen uso de los fondos estatales que recibe o reclamar los que le adeudan.

Para Quiñones, la situación de la UPR es un reflejo de la situación general del País.

“Los recursos valiosos con los que cuenta el pueblo puertorriqueño se han mal utilizado a través del tiempo. De hecho, se generaron deudas para cubrir la deficiencia producto de la mala administración, y entonces ahora viene la austeridad para todos y no la austeridad para quienes causaron el problema”, planteó el profesor.

Añadió que “ahora viene una austeridad mayor para la UPR. Todas las agencias que utilizan fondos del Fondo General, la clasificación de sus bonos es chatarra, lo que quiere decir que si la Universidad tratara de buscar financiamiento lo conseguiría a unos intereses exorbitantes, y habría que eliminar más recursos para cumplir con los pagos”.

A eso se suma que la UPR no escapa del juego político, pues su Junta de Gobierno es nombrada por el partido de turno.

“Como la Universidad no escapa de la politización, vamos por la misma senda que va el País, que es la política de austeridad. Y esa política de austeridad significa que así como le están subiendo las contribuciones al pueblo, de manera regresiva, así como le están racionando los servicios, en la Universidad podemos esperar un escenario similar en no poco tiempo”, subrayó.

Quiñones entiende que es necesario atender el asunto de la excesiva burocratización como vía para ahorrar presupuesto sin sacrificar la calidad de la enseñanza.

“Es un problema que tenemos ahora mismo que va desde las facultades hasta los decanatos, donde ha proliferado el número de decanos y decanas con secretarios y ayudantes y recursos, mientras a los docentes se les niega las herramientas básicas para ejercer sus tareas y a los estudiantes se les niega la diversidad de ofrecimientos y los cursos necesarios para, en el tiempo requerido, terminar sus requisitos de concentración y de grado”, puntualizó el profesor.

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