Convocatoria de UNESCO para cultura y paz
Algunos integrantes de las 16 familias campesinas que se niegan a abandonar sus parcelas en el caserío de Taquiruta, hasta que la empresa de la mina Las Bambas no les indemnice en forma justa por la pérdida de sus corrales, animales y viviendas. Al fondo las operaciones del mayor proyecto minero actual de Perú. Crédito: Milagros Salazar/IPS
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales, según datos de la Defensoría del Pueblo, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de $10,000 millones.
Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400,000 toneladas anuales de concentrado cuprífero.
El conflicto tuvo su momento más crítico en septiembre de 2015 cuando un enfrentamiento entre pobladores y fuerzas policiales se saldó con tres personas muertas y 29 heridas. El anterior gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) estableció entonces una mesa de trabajo para atender las demandas de los pobladores.
El 22 de agosto se realizó la primera reunión de esa mesa desde que el conservador Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia el 28 de julio.
“No queremos conflictos. Pero si te doy la mina, también te doy condiciones”, dijo a IPS el campesino Daniel Olivera, de la comunidad de Ccayao, sobre las desatendidas demandas de las localidades del área de influencia del yacimiento, con reservas de 7.2 millones de toneladas métricas de cobre, además de molibdeno y otros minerales.
La mesa de trabajo se instaló solo en febrero de este año, para avanzar en cuatro temas: derechos humanos, ambiente, desarrollo sostenible con inversiones a cargo del Estado y responsabilidad social empresarial.
El único resultado hasta ahora, según los representantes de las comunidades del entorno de la mina, de pobladores quechua, fue el establecimiento de una indemnización para las familias de las tres personas muertas en el enfrentamiento.
La nueva sesión de la mesa, está prevista para el 7 de septiembre, cuando el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotatambas, Rodolfo Abarca, espera que se toquen “los temas de fondo”, según dijo a IPS.
Los tres tajos de la mina y las instalaciones para su tratamiento se ubican a 4,000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Los Andes, entre las provincias de Cotatambas y Grau.
El Frente exige un estudio independiente para esclarecer el origen del conflicto: las modificaciones que aprobó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, realizadas sin consultar a la población, pese a su potencial efecto sobre las fuentes de agua, los suelos y el aire.
El cambio más polémico es el que se hizo en 2013 mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en el que las autoridades admitieron el traslado de la planta de filtración, que separa el molibdeno y el cobre, de Tintaya, en el vecino departamento de Cusco, a Fuerabamba, en Cotabambas.
Ese cambio implicaba la elaboración de nuevos estudios para medir el potencial impacto ambiental en el nuevo emplazamiento pero en el ITS se obviaron, advirtieron los ingenieros ambientales que revisaron el expediente del proyecto de más de 1,500 folios con el equipo del portal peruano de periodismo de investigación Convoca.
Mientras que para el Minem y la empresa minera Las Bambas esas modificaciones eran menores y de impactos “no significativos”, para los especialistas representaban cambios significativos que exigían un mejor análisis.
El ITS forma parte de los procesos de simplificación de requerimientos que aprobó en 2013 el gobierno de Humala mediante el decreto 054-2013-PCM, destinados a acelerar las inversiones privadas en el país.
Entre esas simplificaciones está la de no exigir la participación ciudadana para admitir cambios en los estudios ambientales, por suponer que ellos modifican componentes auxiliares del proyecto o ampliaciones para mejoras tecnológicas.
Los ingenieros ambientales informaron a Convoca, según detallaron sus periodistas a IPS, que en el caso de Las Bambas, el ITS se usó para justificar modificaciones con rapidez, sin la elaboración de estudios específicos que prevengan potenciales impactos ambientales y para evitar la consulta a la población.
El ITS también abrió el camino para que los minerales ya no tengan que transportarse por un mineroducto, una gran tubería que protegía el traslado de los metales, sino mediante camiones, que desde enero levantan una gran polvareda que agita el reclamo de la población.
La compañía argumentó por correo electrónico a Convoca que utilizan “contenedores sellados” y riegan el camino antes de que los camiones transiten.
Con la eliminación del mineroducto también se sepultaron las expectativas de los pobladores de las 20 comunidades campesinas y otras cuatro pequeñas localidades de cuatro distritos (municipios), que esperaban alquilar o vender las tierras que recorrería la tubería que figuraba en el EIA original.
La decisión “nos ha caído como un balde de agua… Es muy triste”, agregó Olivera, cuya comunidad está en el área que iba a atravesar el mineroducto.
Para los ingenieros ambientales debió hacerse un estudio del impacto ambiental que generaría el transporte de los minerales en camiones y no por una tubería protegida.
También aseguraron que era necesario un estudio de impacto a la salud por el traslado de la planta de filtración “dado que se procesará y producirá además de cobre, el molibdeno que es dañino a la salud humana”, porque genera disfunciones en el hígado y tipos severos de artritis.
El Minem afirmó, también por correo electrónico, que esta reubicación “de la planta de molibdeno, así como el área de filtro y el almacén de concentrados”, calificaban para un ITS porque mantiene el plan de manejo aprobado para la planta.
Además, aseguró, se redujo el área de influencia del proyecto y se aprobó recircular el agua del proceso minero, “convirtiéndose esto último en una mejora”.
La empresa señaló que antes de presentar su informe, “procedió a identificar y evaluar los impactos que se generarían en cada caso” y que “no serían significativos”.
En su discurso de juramentación, el presidente Kuczynski indicó que exigiría el cumplimiento de toda norma ambiental y respetaría la opinión de todos los ciudadanos respecto al impacto de un proyecto.
Pero el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, recordó a IPS que “no hay mecanismos de participación ciudadana”, pese a que la población no está en contra del proyecto.
Según la Defensoría del Pueblo, existen 211 conflictos sociales abiertos en Perú, de los cuales 150, equivalentes a 71%, tiene como epicentro el territorio donde se desarrollan proyectos extractivos e incluyen un componente ambiental.
De Echave señaló que el gobierno deberá identificar estrategias para monitorear los conflictos sociales y manejarlos a través del diálogo con las instituciones del Estado.
El acceso a la tierra también está detrás del conflicto social en Las Bambas.
Hay 16 familias del caserío Taquiruta, dentro del pueblo de Fuerabamba, que viven a pocos metros del centro de operaciones de Las Bambas y que se resisten a abandonar sus casas y sus parcelas hasta que la empresa les remunere con lo que ellos consideran “justo”. Los minerales están en bajo el terreno de sus viviendas.
Ellos son los únicos que hasta ahora no se fueron. Desde hace algo más de dos años, más de 400 familias fueron reubicadas en un nuevo asentamiento, a media hora de la comunidad, bautizado como Nueva Fuerabamba.
De Echave consideró que el gobierno debe implementar una ley de reordenamiento territorial sostenible para prever potenciales conflictos por el acceso a los recursos naturales.
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