A fin de tratar de mitigar el impacto que tendrá la Universidad de Puerto Rico luego de atravesar por un recorte millonario en su presupuesto, La Fortaleza presentó hoy una serie de medidas con la que busca allegar fondos a la institución.
Así lo anunció el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario Cortés, durante una conferencia de prensa en la que se explicó que los proyectos serían presentados hoy ante la Asamblea Legislativa.
Entre los proyectos se encuentra la Ley de Apoyo Financiero a la Universidad de Puerto Rico (UPR), que reúne una serie de propuestas presentadas al Ejecutivo por parte de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN).
“A petición del liderato estudiantil, el primer ejecutivo presentó la Ley de Apoyo Financiero a la UPR que persigue dos propósitos: establecer una tablilla especial conmemorativa de la UPR para que la Universidad reciba al menos $20 por cada tablilla y crea un programa para que la UPR pueda entrar en acuerdos con establecimientos comerciales para que los clientes puedan donar su cambio a la institución educativa”, explicó Rosario Cortés.
La búsqueda de estos fondos busca compensar la propuesta de la Junta de Control Fiscal (JCF) de recortar $450 millones al presupuesto que recibe la UPR del Fondo General. El recorte fue avalado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, e incluido en el plan fiscal que certificara la JCF el pasado 13 de marzo. Aunque la Junta de Gobierno de la UPR no ha aprobado un plan fiscal que se alinee con esa propuesta, la administración universitaria ya trabaja en un presupuesto para el próximo año fiscal que tendrá $149 millones menos.
Por esa razón, la ley propuesta por el Ejecutivo también propone otras iniciativas, como crear marbetes alusivos a los recintos de la UPR y el destinar a la Universidad el 50% de los recaudos por conceptos de multas producto del estatuto que regula el cannabis medicinal.
De acuerdo con el secretario de Asuntos Públicos, estas medidas, junto con otras piezas legislativas podrían sumar “hasta $209 millones para el 2021”.
Junto con ese proyecto, Rosario Cortés informó que también se presentaron medidas para adoptar un modelo de arbitraje para casos de impericia médico-hospitalaria; enmiendas a la Ley de la Comisión de Servicio Público; y otro para transferir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) algunas de las funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).
Según Rosario Cortés, estas cuatro medidas se unen al proyecto de “Ley para Exigir que los Licitadores que interesen contratar con el Gobierno, certifiquen tener una política pública laboral de equidad salarial por razón de sexo”, presentado ayer domingo.
