Continúa disputa entre el Parlamento catalán y el gobierno central español

Manifestantes a favor de la independencia catalana en las afueras del Parlamento en 2014, cuando todavía el plan secesionista se encontraba en pañales. (Suministrada)

12 de noviembre de 2015 Por José Karlo Pagán Negrón Internacional

Desde hace más de 300 años la discusión sobre la independencia de Cataluña viene en boga, en ocasiones más fuertes que otras. La comunidad autónoma quiere ser independiente. O al menos, así lo plantea su liderato político actualmente.

El Parlamento de Cataluña aprobó el martes, con 72 votos frente a 63, la resolución para sentar las bases del plan secesionista que desembocaría en una consulta al electorado catalán sobre su independencia de España en el 2017. En el manifiesto se promovió desobedecer a las instituciones españolas —incluido el Tribunal Constitucional— e incitaron a la Generalitat a cumplir solo las leyes emitidas por la Cámara autonómica.

Ante este desafío, el gobierno del presidente español Mariano Rajoy ha activado las herramientas jurídicas que dispone el gobierno central para frenar cuanto antes el plan secesionista y restablecer el orden institucional.

En esa línea, el Consejo de Estado ha concluido que existen fundamentos jurídicos para invalidar los efectos de la declaración separatista. Con esta afirmación, buscan enviar una contundente advertencia a los precursores del plan de independencia de Cataluña, Junts pel sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) —quienes obtuvieron en las elecciones de septiembre la mayoría en el Parlamento, pero solo el 48% de los votos— de las consecuencias de sus reclamos, que pueden ir desde multas hasta la inhabilitación política.

Según Rajoy y el Consejo de Estado, la resolución para sentar las bases de la secesión va en contra de la soberanía nacional que “reside en el pueblo español” como indica la Constitución monárquica española.

Además, el pasado 5 de noviembre el Tribunal Constitucional rechazó la petición del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos de frenar el trámite de ayer.

“Este tribunal ha destacado, como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario es, en cuestión, que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”, se lee en la providencia dictada.

Sin embargo, es de esperarse que la resolución sea suspendida de forma provisional por el Tribunal Constitucional en un acto automático luego que el Estado español tramite el recurso. Aun así, es de esperarse que ni el gobierno catalán de Artur Mas, ni el Parlamento de Cataluña, acaten dicha suspensión, pues el texto aprobado en la Cámara catalana sostiene que ya no se sienten subordinados al Tribunal Constitucional. De esta manera, las instituciones catalanas entrarán en una escenario de desobediencia que el propio gobierno español y el Tribunal Constitucional tendrán que gestionar.

Además de desobedecer y declararse desligados al máximo foro judicial español, la resolución parlamentaria dictaminó que dentro de un mes los diputados independentistas comenzarán a desarrollar las leyes del proceso constituyente, la de hacienda catalana y la de seguridad social.

Remontándonos a la historia del pueblo catalán, el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys proclamó el Estado de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume. El intento duró unas diez horas, con 74 muertos y 252 heridos en el breve enfrentamiento con las tropas del Gobierno de la República Española.

Fueron detenidos millares de personas —incluyendo al presidente de aquél nuevo estado, el alcalde de Barcelona— y un sinnúmero de funcionarios, diputados, agentes públicos y dirigentes políticos. En aquella época la idea era la misma: la independencia de Cataluña. Ahora, la batalla no es con armas bélicas, sino con manifiestos y recursos jurídicos.

Hasta el momento la región no cuenta con ningún apoyo público de otro país. Si llegara alcanzar la independencia, quedarían automáticamente fuera de la Unión Europea, por lo que tendría que considerar pedir la adhesión al organismo. Los requisitos para entrar incluyen que el Estado tenga un gobierno democrático, reconozca derechos y libertades a sus ciudadanos, y posea un libre mercado.

Rajoy se reuniría esta misma semana con el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Palacio de La Moncloa para intercambiar puntos de vista sobre la actuación que debe llevar a cabo el gobierno.

El último recurso que desea usar el gobierno español es el artículo 155 de la Constitución de España, donde se declara que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

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