Contrabando humano en el Caribe

21 de enero de 2011 Por Odalys Rivera Opinión

SOBRE EL AUTOR

Odalys Rivera

Editora. Posee una Maestría en Periodismo de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Cuenta con 27 años de experiencia y se ha destacado por la cobertura de temas ambientales.

La migración indocumentada está ligada estrechamente al tráfico y la trata de personas. Aunque tales prácticas pueden distinguirse analíticamente, a menudo resultan inseparables. El contrabando humano suele tener un mayor componente voluntario que el tráfico ilícito de personas, donde predomina la coerción. Sin embargo, los contrabandistas frecuentemente engañan y coaccionan a sus clientes. Aunque consientan inicialmente a participar en redes de transporte clandestino, muchos indocumentados terminan en situaciones vulnerables, particularmente las mujeres y los niños. Tráfico, trata y contrabando humano son piezas de un rompecabezas más amplio: la explotación de personas desprovistas de sus más elementales derechos, especialmente cuando carecen de autorización oficial para residir en otro país.

El comercio de mercancías humanas

El trasiego de indocumentados es la industria criminal transnacional de mayor crecimiento en el mundo y la tercera más lucrativa, después del trasiego de drogas y armas ilegales. El contrabando humano requiere de poca inversión inicial de capital, pero genera grandes ganancias para los organizadores de los viajes. Este negocio mueve millones de dólares al año en el Caribe, desde China y Colombia, pasando por Haití y República Dominicana, hasta Estados Unidos y Canadá. Docenas de redes de traficantes de indocumentados operan en la región, con ramificaciones en otros lugares. La localización geográfica del Caribe entre Norte y Sur América, y entre el hemisferio americano y el continente europeo, facilita el tránsito de personas, drogas y armas ilegales. Además, la fragmentación del archipiélago antillano y los escasos recursos económicos de los gobiernos regionales dificultan el patrullaje de múltiples fronteras marítimas.

Desde mediados de la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos y otros países receptores ha definido cada vez más a la migración indocumentada como una “amenaza transnacional” a la seguridad nacional y regional, junto al narcotráfico, el lavado de dinero y los desastres naturales. El contrabando humano en el Caribe incluye a un gran número de personas que intentan llegar por vía marítima al continente norteamericano. La Unión Europea es otro destino importante para el trasiego de indocumentados. En el Caribe, los haitianos, seguidos por los cubanos y dominicanos, predominan en los viajes no autorizados en yolas, balsas, botes y otras embarcaciones pequeñas.

Entre 1982 y 2009, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 114,716 haitianos, 66,656 cubanos y 35,718 dominicanos indocumentados en alta mar. Muchos más han logrado evadir la vigilancia oficial y llegar a territorio estadounidense. Además, cientos de miles de haitianos se han trasladado subrepticiamente a República Dominicana, las Bahamas, las Antillas Francesas y las Islas Turcos y Caicos. En el caso de los cubanos, su objetivo primario es cruzar el estrecho de la Florida, aunque algunos han recurrido a rutas alternas como llegar a Puerto Rico a través de República Dominicana o a Estados Unidos a través de México. A su vez, decenas de miles de dominicanos se han desperdigado por otros países del Caribe, incluyendo a Puerto Rico, las Antillas Holandesas y las Islas Vírgenes Americanas.

Mulatas “eróticas”, cuerpos explotados

Históricamente, el tráfico ilícito de seres humanos se ha vinculado a la prostitución o trabajo sexual. El rápido incremento de trabajadoras sexuales de América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico (específicamente Colombia, República Dominicana, Tailandia y Filipinas) ha llamado la atención pública en Europa Occidental, Oriente Medio y Japón desde mediados de la década de 1980. Actualmente, muchas trabajadoras sexuales participan en la industria turística del Caribe, incluyendo a Cuba, República Dominicana, las Antillas Holandesas y Francesas. La explotación de cuerpos femeninos extranjeros y exóticos, notablemente los de las mulatas, forma parte integrante del tráfico sexual interregional, que a su vez desempeña un papel clave en la economía subterránea.

Desde la década de 1980, República Dominicana ha exportado a miles de trabajadoras sexuales a Curazao, Panamá, Aruba, San Martín, Surinam, Puerto Rico, Holanda, Suiza, España, Italia y Alemania. Otras redes internacionales de prostitución femenina incluyen a Haití, Guyana, Trinidad, Belice, Colombia y Brasil. Según la estudiosa Kamala Kempadoo, el prostíbulo más grande del Caribe, Campo Alegre, se estableció en Curazao en 1949. Hoy en día, la mayoría de las empleadas por el prostíbulo proviene de República Dominicana y Colombia. De hecho, los curazoleños han acuñado el término despectivo “SanDom”, para referirse a las prostitutas oriundas de Santo Domingo.
La dependencia política y económica de territorios caribeños como Puerto Rico, Curazao y Guadalupe facilita el movimiento clandestino de migrantes desde islas vecinas hacia Estados Unidos, Holanda y Francia, y de ahí a otros países europeos como Alemania e Italia. Las dominicanas constituyen uno de los mayores grupos de prostitutas en Ámsterdam, aunque no necesariamente sean víctimas de la trata. El trabajo sexual no es siempre producto de la coacción, el engaño o la violencia, sino una estrategia de sobrevivencia asumida por muchas mujeres de los países más pobres, tanto dentro como fuera de la región.

No obstante, las migrantes reclutadas como “bailarinas exóticas”, “masajistas”, “damas de compañía”, “novias por correspondencia” y otros eufemismos para el trabajo sexual comúnmente sufren una especie de “servidumbre por contrato”. Esta situación se caracteriza por la obligación de pagar enormes deudas para sufragar los costos de viajar a otro país. Algunos críticos incluso han denunciado las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales como típicas de la “esclavitud moderna”.

Infancias en vilo

Lamentablemente, el trasiego ilícito de personas menores de 18 años ha proliferado en varias regiones del mundo, incluyendo el Caribe. La mayor parte de estos niños y adolescentes se destina al trabajo forzado y la explotación sexual en otros países. Muchos son obligados a laborar en condiciones precarias en la agricultura, la manufactura, la construcción, el servicio doméstico y el comercio sexual. Algunos son adoptados ilegalmente en Estados Unidos y varios países europeos. En otros casos se utilizan para remover y vender sus órganos en el mercado internacional.
Por décadas, República Dominicana ha sido un centro importante para el tráfico infantil, especialmente desde Haití. El trasiego de menores entre Haití y República Dominicana sigue siendo muy rentable para los contrabandistas. En el 2005, alrededor de 30,000 niños haitianos trabajaban como mendigos, criados, vendedores ambulantes o limpiabotas en República Dominicana. Este número probablemente creció después del terremoto en Haití en enero pasado. Aunque existen pocos datos estadísticos sobre el tema, el comercio de menores de edad también se ha documentado en otros países caribeños, como las Bahamas, Jamaica, Guyana, Surinam, Curazao y Santa Lucía.

Contrabandeo de esperanzas

En su trabajo pionero sobre La trata de personas en Puerto Rico: Un reto a la invisibilidad (2010), César Rey Hernández y Luisa Hernández Angueira identifican a Puerto Rico como lugar de destino y tránsito del turismo sexual para inmigrantes de otras islas caribeñas, especialmente República Dominicana. Rey Hernández y Hernández Angueira subrayan que la prostitución en Puerto Rico y otros países caribeños se nutre del tráfico ilícito de mujeres extranjeras, incluyendo las menores de edad. Asimismo, los dos sociólogos apuntan que el negocio del contrabando humano en Puerto Rico, al igual que en otros países de la región, comprende la falsificación de documentos tales como certificados de nacimiento, pasaportes, visas, tarjetas de seguro social y licencias de conducir. Otro mecanismo de legalización de los inmigrantes indocumentados son los “matrimonio arreglados” con ciudadanos estadounidenses.

Puerto Rico se ha convertido en el segundo punto de entrada al territorio estadounidense para los contrabandistas humanos, después de la frontera suroeste con México. La Isla se encuentra en la encrucijada de varias rutas importantes de la migración indocumentada entre el Caribe, Centro, Sur y Norteamérica. Decenas de organizaciones clandestinas se dedican a transportar indocumentados entre República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos. Entre los pasajeros de las yolas a Puerto Rico se han detenido ciudadanos de otros países latinoamericanos y caribeños como Colombia, Ecuador, Brasil y Haití. También se han deportado indocumentados de lugares tan lejanos como la China, Paquistán, Corea, India, Tailandia, Vietnam, Rusia y la antigua Yugoslavia. Aunque más del 90 por ciento de los pasajeros de las yolas son dominicanos, el contrabando humano en Puerto Rico es cada vez más transnacional. Por su parte, República Dominicana sirve como punto de transbordo ilegal desde el Caribe hacia Norteamérica y Europa Occidental.

Viajar en yola

Desde principios de la década de 1970, los viajes en yola desde República Dominicana han sido la vía principal para entrar ilegalmente a Puerto Rico. El pasaje cuesta actualmente entre 400 y 2,000 dólares por persona, dependiendo de la ruta y las condiciones del clima. Con buen tiempo, el viaje toma entre 26 y 28 horas, pero podría demorarse hasta tres días en épocas de tormenta. Las yolas, unas frágiles embarcaciones de 15 a 30 pies de eslora, usualmente salen de la costa nordeste y sudeste de República Dominicana, particularmente de puertos como Nagua, Miches, Higüey, Samaná, Boca de Yuma y La Romana. Generalmente llegan a la costa oeste de Puerto Rico, sobre todo a Rincón, Añasco, Aguadilla, Aguada, Mayagüez y Cabo Rojo.

Una yola de 15 pies de eslora permite transportar de 40 a 50 personas. Cuando la yola está cerca de la costa, los pasajeros deben lanzarse al mar, nadar a la playa e internarse en los montes y manglares puertorriqueños. La mayoría de los indocumentados se traslada eventualmente al área metropolitana de San Juan, donde sus parientes y amigos los albergan y les ayudan a buscar trabajo. Otros continúan su viaje hacia Estados Unidos, fundamentalmente la ciudad de Nueva York.

Dada la naturaleza clandestina de los viajes en yola, nadie sabe exactamente cuántas personas mueren en la travesía, se quedan en Puerto Rico o siguen camino hacia el continente norteamericano. Desgraciadamente, la prensa puertorriqueña y dominicana informa rutinariamente de naufragios de indocumentados en el Canal de la Mona. Aunque imposible de precisar, la cantidad de residentes indocumentados en Puerto Rico es sustancial, creciente y no controlada por las autoridades gubernamentales. En 1996, funcionarios estadounidenses de inmigración calcularon que 34,000 inmigrantes indocumentados —mayormente de República Dominicana— vivían en Puerto Rico. Esa cifra probablemente se ha elevado en la última década y media. Al menos eso sugiere el aumento en el número de inmigrantes capturados y deportados por las autoridades federales en la Isla.

La incesante llegada de dominicanos indocumentados a costas puertorriqueñas, pese a los esfuerzos del gobierno estadounidense por frenar el contrabando humano, indica que este movimiento poblacional sigue fuerzas mayores, tales como la pobreza en República Dominicana, la demanda de mano de obra barata en Puerto Rico y las redes familiares transnacionales entre ambos países. A juzgar por las tendencias recientes, la migración indocumentada desde República Dominicana hacia Puerto Rico continuará sin tregua en el futuro inmediato, no sólo por la ruta más dramática de los viajes en yola, sino por la más callada del abuso de visas temporales. Por lo visto, las medidas tomadas por el gobierno estadounidense para redoblar el patrullaje entre República Dominicana y Puerto Rico tendrán un efecto disuasivo limitado.

Sin visa no hay sueño

El contrabando humano —especialmente el tráfico ilícito de mujeres y niños— es uno de los rasgos más sórdidos de los movimientos poblacionales en el Caribe contemporáneo. En las últimas décadas, la migración indocumentada ha aumentado significativamente en la región, particularmente desde Haití, Cuba y República Dominicana. Alimentado por carencias materiales, organizado por extensas redes de traficantes y capaz de eludir la vigilancia de diversos gobiernos, el contrabando humano constituye una de las formas básicas de movilidad de los ciudadanos caribeños. Prácticamente ningún país de la región es inmune a este fenómeno. Incluso, muchos territorios caribeños sirven simultáneamente como lugares de origen, destino y tránsito hacia Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Canadá.

El auge del contrabando humano, junto al tráfico y la trata de personas, responde primordialmente a la expansión de los mercados laborales más allá de fronteras geopolíticas. La globalización de los flujos de capital y mercancías también ha acelerado el desplazamiento de la mano de obra, aunque muchos países receptores intenten restringir el ingreso de extranjeros. Irónicamente, el trasiego ilegal de personas florece donde los estados más poderosos, sobre todo en Norteamérica y Europa Occidental, buscan limitar quiénes pueden residir y trabajar en sus territorios. La escasez de visas para emigrar legalmente a Estados Unidos y otros países de destino se convierte así en uno de los mayores incentivos para el contrabando humano, del cual se lucra el crimen organizado transnacional.
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El autor es Catedrático de Antropología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Su último libro se titula La nación en vaivén: Identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico (Callejón, 2010).